jun. 5, 2018

Hidroituango: crónica de una crisis socioambiental

Por: Sergio Córdoba Rojas, Crudo Transparente

Hidroituango: crónica de una crisis socioambiental
Colombia es uno de los países más poblados de latinoamérica con 50 millones de habitantes para octubre de este año, según las proyecciones del DANE. Con el fin de abastecer energía a todos los habitantes del territorio nacional, ha sido necesario emprender proyectos energéticos que ha permitido tener una cobertura del 97%, de la cual, el 70% del total proviene de hidroeléctricas, mientras el 30% restante proviene de termoeléctricas. Sin embargo, los impactos a nivel ambiental, social y económico generados por la construcción de hidroeléctricas se han evidenciado en la destrucción y alteración de ecosistemas, así como del tejido social de las comunidades aledañas a dichas hidroeléctricas.

Para el caso específico de Hidroituango, éste es el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, capaz de producir el 17% del total de la energía producida en el país. Ubicado a 171 km de Medellín, Hidroituango busca represar el río Cauca a la altura de los municipios de Briceño, Ituango y Toledo, en el cañón del río Cauca. Sin embargo, desde 1997, año en que se identificó el lugar para construir la hidroeléctrica, las organizaciones sociales ubicadas en el área de influencia de la misma se han manifestado en contra de dicho proyecto por las afectaciones socioambientales que este traería a los territorios.
Ante este panorama, la violencia paramilitar se intensificó en la región, donde se han registrado 44 masacres, con un total de 372 víctimas de acuerdo con la organización Human Rights Everywhere. De igual forma, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la desaparición forzada también se ha convertido en una estrategia de intimidación que ha prevalecido principalmente en Ituango y Valdivia, con 182 y 138 desapariciones respectivamente según la misma organización.

La compleja situación que ha vivido el territorio en los últimos años se tradujo en el asesinato de dos campesinos que han venido visibilizando la problemática que ha generado Hidroituango; Hugo Albeiro George Pérez, miembro de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos y Luis Alberto Torres de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia, ambas organizaciones pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos.

Sin embargo, pese al panorama de violencia que ha vivido la región, se decidió continuar con la construcción de la hidroeléctrica en el territorio sin la concertación con las comunidades, generando dificultades en la economía tradicional de la región, basada principalmente en la minería de oro, así como la pesca.

Adicionalmente, los cambios en el diseño del proyecto que se dieron a última hora, no estaban contemplados y han sido uno de los factores principales para la crisis social y ambiental que viven las comunidades ribereñas del río Cauca por cuenta del represamiento y posterior desagüe del Cauca, dejando más de 600 damnificados hasta el momento, así como el riesgo de colapso de la presa latente.

Esto pone de manifiesto que, si bien la demanda energética en Colombia requiere de una elevada producción energética para satisfacer las necesidades de la sociedad, esta no puede obtenerse a partir de intimidaciones y violencia a las comunidades que se oponen al modelo. Los megaproyectos hidroeléctricos han generado impactos sociales y ambientales que han configurado conflictos ambientales que están aún sin resolver. Por lo tanto, se hace necesario buscar alternativas que respondan a las necesidades de los habitantes de los territorios que propendan por la sustentabilidad ambiental y social de las comunidades. El desarrollo en las regiones debe ser participativo, sustentable e incluyente, de manera que se preserven la identidad campesina en los territorios, el equilibrio ecosistémico y se propenda por un diálogo de saberes con el fin de incorporar las diferentes percepciones sobre el desarrollo.
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