Diversificación productiva, cambio climático y gobernanza del sector extractivo: 75 propuestas para una agenda de transición en Colombia es el título de la publicación de Foro Región Central y Foro Nacional por Colombia, que contó con el apoyo de Brot für die Welt y Ford Foundation que presenta el resultado de más de diez años de análisis sistemático sobre el comportamiento de la minería y los hidricarburos en el país.  La Agenda plantea varios asuntos importantes para el debate actual sobre la construcción de un modelo de desarrollo en Colombia más justo, sostenible y equitativo, con participación de las comunidades en las decisiones que se toman sobre el territorio, la economía y la protección del medio ambiente.

La Agenda presenta un diagnóstico sobre los resultados de las políticas públicas impulsadas por los últimos gobiernos que han privilegiado la explotación y exportación de minerales e hidrocarburos. Además, muestra la inconveniencia del énfasis extractivista de nuestro modelo de desarrollo, puesto que ha generado una reprimarización de la economía – es decir, se ha basado la economía en actividades del sector primario o extractivo – sin generar el impacto positivo en el empleo formal que se espera y ha puesto al país en una situación muy vulnerable frete a las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas.

Así mismo, llama la atención sobre el sector, ya que a pesar de los impactos que generan las grandes explotaciones en los territorios y  su población – así como en los ecosistemas y la sostenibilidad de la fauna y la flora, los ríos y las fuentes de agua –  se excluye a gran parte de las comunidades y autoridades locales de las decisiones sobre la minería y los hidrocarburos. Este hecho se ha convertido en una de las principales fuentes de conflictos sociales en Colombia y está relacionado con las amenazas y muertes de líderes sociales que buscan defender su territorio de proyectos extractivos.

La Agenda señala una ruta para avanzar en la discusión de una modelo de desarrollo menos dependiente de los minerales e hidrocarburos. Son 75 propuestas en materia de diversificación productiva, transición energética y gobernanza. En cada una de ellas se identifican las medidas que puede adoptar el gobierno, los cambios institucionales que se requieren, los recursos fiscales que se deben disponer y el papel de los actores públicos, privados y sociales en este proceso.

En materia de diversificación productiva, el país debe disminuir considerablemente su alta dependencia de los ingresos que genera la exportación de minerales e hidrocarburos, porque la mayoría de los bloques económicos han propuesto medidas para disminuir el uso de estos combustibles y si el país no se alinea a estas medidas y no incentiva el crecimiento de otros sectores productivos, podría vivir una profunda crisis económica en el mediano plazo.

Un asunto de gran relevancia es la transición energética, sobre el cual Colombia debe dar una discusión seria para cambiar su matriz de consumo, incluyendo fuentes de energía renovable y, además, con el deber de reducir su aporte al inventario internacional de emisiones contaminantes por su exportación de petróleo y carbón. Esto en armonía con la agenda de cambio climático que exige medidas urgentes de todos los estados para frenar una catástrofe ambiental en las próximas décadas, la necesidad de proteger las fuentes de agua y la naturaleza y la importancia de conservar los medios de vida de las comunidades.

También, la Agenda en materia de gobernanza expone medidas para fomentar el diálogo entre la nación y los territorios, para llegar a acuerdos sobre un modelo de desarrollo más justo, y propone estrategias para incluir la participación ciudadana en las decisiones de política pública,  con acciones para garantizar reglas de juego transparentes para todos los actores interesados en aportar al desarrollo del país.

Finalmente, esta Agenda propone un enfoque de transición con un horizonte de tiempo de diez a quince años, entendiendo que no es posible cambiar de la noche a la mañana el enfoque económico extractivista. Por lo cual, se deben incluir medidas progresivas para que no se genere un impacto negativo en los ingresos del Estado y en los territorios que dependen de la minería y los hidrocarburos. Así mismo, hace un llamado a implementar cambios institucionales, normativos y de política que deben ser concretados, realizados y garantizar su continuidad.

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Este documento será presentado en un evento denominado Transición post extractivista justa y sostenible en Colombia: retos y propuestas, que es organizado por Foro Región Central, Foro Nacional por Colombia y la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

El evento se realizará el próximo jueves 29 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia: calle 12 # 1 – 17 Este de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. La inscripción está habilitada en el siguiente enlace: https://bit.ly/3U8LBlu (aforo limitado).

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Bogotá, 17 de mayo de 2022

La importancia de este acuerdo para Colombia radica en la cantidad considerable de conflictos ambientales y en la difícil situación de los lideres y lideresas ambientales, pues es el país más riesgoso para asumir este rol en América Latina y el Caribe. Su implementación puede mejorar sustancialmente el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones medioambientales, así como el acceso a la justicia en asuntos que involucran el uso de los recursos naturales.

Desde la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas hacemos un llamado a los senadores de la República para que ratifiquen el Acuerdo de Escazú, en pro de mitigar las problemáticas socioambientales que aquejan a gran parte del territorio nacional y en miras a la Agenda 2030 y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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La reunión inició con una presentación por parte de Noel Murray (directora ejecutiva de Directorio Legislativo) del proyecto “Joining The Dots”, que busca explorar información patrimonial de funcionarios; contrataciones públicas; y licitaciones del sector extractivo, con el fin de identificar posibles conflictos de interés, corrupción o uso indebido de cargos públicos. Murray estuvo acompañada por Mark Robinson, director ejecutivo de EITI; y de Francisco París, director EITI en América Latina y el Caribe.

Esta exposición, además de la participación de las organizaciones sociales de la Mesa, contó con las intervenciones  de Claudia Báez, periodista de Cuestión Pública, y la organización experta en datos Datasketch, quienes valoraron positivamente el esfuerzo del cruce de datos para encontrar posibles conflictos de interés de funcionarios públicos en el sector extractivo. Se puede encontrar la transmisión de esta presentación en la página de Facebook de la Mesa.

Posteriormente, se realizó un panel sobre los avances del EITI Subnacional, en el que la Secretaría Técnica de EITI Colombia dio a conocer el estado actual de la implementación del estándar EITI en los territorios priorizados: Boyacá, Casanare, Cesar y Santander. Por parte de la sociedad civil, participaron ABC Colombia y el CSIR Cesar, quienes comentaron las visiones desde sus territorios sobre los procesos que se adelantan en la conformación de los comités locales.

Francisco París, por su parte, resaltó el rol de la sociedad civil en el proceso de validación del estándar EITI que iniciará Colombia en el segundo semestre del año. “Ustedes van a ser consultados, eso hace parte del espíritu del estándar. Va a haber muchas oportunidades de oír su voz en la validación. Y la mejor de las suertes para que en Colombia se le haga justicia a su esfuerzo”, expresó.

También se realizaron exposiciones sobre el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) y la iniciativa sobre denuncia y protección a denunciantes en el marco de las operaciones del sector extractivo, a cargo de la corporación Transparencia por Colombia.

La reunión culminó con una intervención de las organizaciones en representación de la sociedad civil ante el Comité Tripartito Nacional, instancia en la que, junto a gobierno y sector privado, se coordinan las acciones para la continuación del trabajo en el marco de la iniciativa EITI. Estas son Crudo Transparente, la Fundación Atabaque y Transparencia por Colombia.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas surgió en el 2013 y actualmente agrupa a más de veinte organizaciones sociales e instituciones académicas de distintos lugares del país. Su objetivo es buscar mayores niveles de transparencia y acceso a la información pública en el sector extractivo colombiano.

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Ante la alarmante situación de quienes defienden el ambiente en Colombia y la falta de garantías en la protección de los ecosistemas, así como la barreras que impiden la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas* le solicita al Congreso de la República ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), hacerlo significará un paso importante y positivo para asegurar el desarrollo sostenible del país, basado en el respeto al planeta o la Casa Común, con un enfoque de derechos humanos, justicia social y de participación ciudadana, así como la garantía del derecho a la vida de líderes y lideresas ambientales.

En ese sentido y como organizaciones que buscamos la transparencia en las regiones extractivas, insistimos en la ratificación de Escazú. Este tratado es una herramienta vital para regular los derechos ambientales en tres grandes aspectos: el Acceso a la Información, la Participación Ciudadana y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. No ratificarlo daría muestra de un Congreso que no tiene voluntad e impide que el país cumpla con este compromiso en el marco del cumplimiento de la protección de los D.D.H.H. y el respeto por la vida de quienes protegen el medio ambiente.

Desde el 2019, en el marco de la Gran Conversación Nacional, el gobierno colombiano suscribió el Acuerdo ante las Naciones Unidas.  En el 2020 fue radicado con mensaje de urgencia por el presidente Iván Duque, y en el 2021 fue de nuevo radicado en el Congreso por la presión de los grupos sociales y ambientales.

Sin embargo, desde su radicación, el proyecto de ley para ratificar el tratado regional tuvo precarios avances dentro del actual Congreso; solo se desarrollaron dos audiencias públicas en el 2021. Además, a pesar de su mensaje de urgencia en el 2020, no llegó ni al primer debate, aunque estuviera en el orden del día de la Comisión Segunda.

Ante estos hechos dilatorios -que dan cuenta de la falta de compromiso ante la comunidad internacional- y pese a que quedan pocas semanas del último período legislativo del Gobierno de Iván Duque, la oposición del Gobierno logró fijar en el orden del día la discusión del Acuerdo de Escazú en la Comisión Segunda del Senado para el próximo 26 de abril de 2022.

Insistimos en la urgencia de radicar este tratado en nuestra legislación, una herramienta que esperamos permita trabajar por dejar de ser el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales y con ello a reducir la extrema vulnerabilidad de ecologistas, indígenas y defensores ambientales en Colombia. Como lo indica el reporte internacional de Global Witness, para 2020, se registraron 65 asesinatos de defensores ambientales y en el 2021 ya se han contabilizado 56 homicidios, ubicándonos por segundo año consecutivo como el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales.

Vale la pena mencionar que, en enero de 2022 el primer asesinato de un defensor ambiental fue un menor de edad; integrante del resguardo indígena Las Delicias (Cauca), cuya voz fue apagada. Asimismo, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP alertó en las últimas semanas que el departamento de Santander es donde más se registran amenazas contra líderes ambientales.

Sea esta la oportunidad para solicitar como Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, que se dé cumplimiento al compromiso de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los sectores extractivos a través de la implementación del Estándar EITI. El cual fue firmado por Colombia en el 2018 y se espera validar en el 2022.

Por último, recordamos que, ratificar el Acuerdo de Escazú nos acerca a unos códigos éticos y de consensos para la construcción del bien común, y da muestra de que el Congreso está del lado de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que esperan mayores garantías para el acceso a una vida digna en Colombia.

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La minería en territorios étnicos es un asunto en el que convergen prácticas ancestrales, derechos territoriales, intereses económicos, protección ambiental, ordenamiento territorial, derechos humanos, entre otros asuntos, y, por ende, no está libre de controversias y debates. Ejemplo de ello son las tensiones alrededor de la implementación plena y transparente de la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado a la hora de autorizar proyectos mineros (nacionales e internacionales) en territorios étnicos y la actual carencia de un marco jurídico e institucional adecuado, producto de un auténtico diálogo intercultural, para el uso y aprovechamiento de minerales por parte de los grupos étnicos.

Ciclo III: Conservación y diversificación en territorios mineros del Pacífico

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Bogotá, 26 de febrero del 2022

Este 25 de febrero se llevó a cabo la XXV Reunión de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, espacio en el que se trataron temas clave para para la promoción de la transparencia y el acceso a la información en el sector extractivo y la participación ciudadana en la implementación de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) en Colombia.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas es una instancia que surgió en noviembre del 2013 y que hoy agrupa a más de veinte organizaciones sociales e instituciones académicas, localizadas en distintos lugares del país.

Nuevos miembros

En su XXV encuentro, celebrado de manera virtual, se presentaron formalmente las nuevas organizaciones que se vinculan a la Mesa: NRGI y la Corporación Cívica de Caldas, así como la reactivación del Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías de Córdoba (CISR).

El Natural Resource Governance Institute (NRGI) es una organización internacional independiente sin fines de lucro. NRGI ayuda a las personas a obtener los beneficios de la riqueza de los recursos naturales, petróleo, gas y minerales de sus países a través de la investigación aplicada y enfoques para el desarrollo de capacidades y asesoramiento técnico.

La Corporación Cívica de Caldas es una organización de la sociedad civil con 40 años de trayectoria, que tiene como misión la defensa del interés colectivo en el departamento de Caldas. Entre sus labores se encuentra el control social a través de la veeduría ciudadana, el seguimiento a proyectos extractivos y el acompañamiento a las comunidades.

Guía Diagnóstico de la corrupción en el sector extractivo

Durante la Reunión, NRGI presentó a la Mesa la “Guía Diagnóstico de la corrupción en el sector extractivo, una herramienta para la investigación y la acción”. Se trata de una metodología participativa que busca diagnosticar la corrupción en las industrias extractivas para respaldar las acciones basadas en pruebas con el propósito de enfrentar esta problemática.

Además, l organización Crudo Transparente presentó sus avances en la implementación de la guía, enfocados en construir estrategias participativas que permitan reducir los riesgos de corrupción en el sector petrolero colombiano.

Balance

Durante la Reunión, también se reflexionó sobre los retos y avances de los planes de acción de los Subcomités de la Mesa, a saber: Sistema General de Regalías, EITI y Asuntos Ambientales, así como del Comité de Comunicaciones.

Finalmente, los representantes ante el Comité Tripartito Nacional presentaron el estado actual del proceso de validación del estándar EITI en Colombia, que está programado para adelantarse durante los próximos meses.

“La sesión de La Mesa finalizó con muy buenos resultados. Contamos con un plan de acción para promover la participación de la sociedad civil en la validación del EITI en el país”, explicó Pilar Acosta, coordinadora de proyecto de Transparencia por Colombia e integrante de la Secretaría Técnica de la Mesa. “Por eso, este año tenemos previsto reunirnos en territorios priorizados, como lo son Casanare y Cesar”, agregó.

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105 proyectos entre 2013 y 2019 se encuentran comprometidos en aquellos que no han sido entregados o cerrados en el departamento del Cesar y que pertenecen al Sistema General de Regalías, SGR, según datos publicados por el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías en el Cesar, CSIR.

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Miércoles 17 de noviembre, 2.5 horas. El primer día del evento iniciará con una presentación introductoria y posteriormente, el debate se dividirá en dos paneles: (1) transparencia y acceso a la información ambiental, y (2) transición energética.

Jueves 18 de noviembre, 2 horas. El segundo día del evento iniciará con una presentación introductoria y posteriormente el debate se enfocará en el panel: defensores de derechos ambientales, en el marco del Acuerdo de Escazú. ​

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La empresa explicó que su salida se dio porque no dan las cuentas desde el punto de vista financiero para desarrollar la operación, debido a la baja cotización del mineral en el mundo.

“La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante. Durante los últimos 30 años de actividad minera en el país, el grupo ha invertido más de 3 billones de dólares y pagado alrededor una cifra similar en regalías e impuestos”, explicó la empresa en un comunicado.

“Teníamos el hotel hace treinta años –se lamenta Marcos–. Alquilábamos habitaciones a los trabajadores de Prodeco. Al mes el negocio generaba un promedio de ingresos de 6 millones de pesos, ahora escasamente tenemos un huésped que nos representa 300.000 pesos. Estamos a punto de cierre”.

El cese de la actividad minera se evidencia significativamente en La Jagua de Ibiríco, ya que el 80 por ciento de su dinámica económica se deriva directa e indirectamente de las explotaciones de carbón.

“Al final, en la empresa no quedará nadie. Serán 5.000 empleos que se van a perder, entre directos e indirectos, en las dos minas de La Jagua y Calenturitas”, aseguró Alfredo Coronado, asesor de minas de la Gobernación del Cesar.

Coronado agrega que el impacto es alto, pues el salario promedio era de 3 millones de pesos, así que “estaríamos hablando de 15.000 millones mensuales, lo que al año serían 180.000 millones, el dinero que circulaba en la zona”.

Y también se afectarán los ingresos del municipio. “Dejaremos de percibir alrededor de 20.000 millones de pesos en regalías, así también de la cantidad de recursos que dejan de circular porque la mayoría dependen de estos recursos”, recalcó el Ovelio Jiménez, alcalde de La Jagua.

Ya el pueblo es otro. Los establecimientos comerciales disminuyeron notablemente sus ingresos, algunos no aguantaron el embate y se vieron obligados a cerrar, mientras que otros funcionan a la mitad. Las personas dedicadas al servicio de lavandería y de alimentación han dejado estos oficios y aumentó la informalidad en la zona, como el mototaxismo y ventas callejeras.

Jaime Luis Ochoa, uno de los empresarios de la zona minera, afirma que el cierre de Prodeco afectó su campo de acción por el no pago a los créditos bancarios, a los cuales accedió para la consolidación de los procesos de su negocio, la compra de maquinaria e insumos con los que venía brindando servicios a la compañía.

“La empresa minera nos dejó a la deriva. Prestaba servicios de entrenamiento de operación, de equipos pesados y seguridad industrial. La creamos en el 2008 y desde el 2017 prestaba servicios a esa compañía y tuvimos que cerrar el 24 de marzo del año pasado. Tengo los establecimientos y cuentas personales embargadas y hoy estamos en la quiebra. El Fondo Nacional de Garantías nos está cobrando el respaldo que ofreció para estos créditos. El Gobierno Nacional no ha dicho nada hasta ahora”, recalcó Ochoa.

Consecuencias en todo Cesar

La explotación carbonífera es una de las actividades preponderantes del Cesar, que impacta no solo a La Jagua de Ibirico sino también la dinámica comercial de los otros municipios del llamado corredor minero: Agustín Codazzi, Becerril, El Paso y Chiriguaná.

Al año se explotan en la región 46 millones de toneladas, a través de las cuales se perciben recursos cercanos a los 225.000 millones de pesos, producto de las regalías directas.

Y con la salida de Prodeco, el Cesar dejaría de percibir cerca del 30 por ciento de las regalías anuales que ha venido generando la actividad minera, la cual está fluctuando entre 40.000 y 60.000 millones de pesos.

“La compañía contribuía en el gran total que tiene el departamento en promedio de 15 y 18 millones de toneladas que estaba produciendo últimamente”, indicó Manuel Mejía Pallares, secretario de minas del Cesar.

Un coletazo para los habitantes del corredor minero, dirigentes políticos y gremios del departamento que, al parecer, no los tomó por sorpresa, ya que la compañía venía haciendo despidos desde el 2020.

“Desde la pandemia se suspendieron todas esas operaciones en estas zonas”, precisó Jesús Chacón, miembro del sindicato de trabajadores.

“La empresa tenía cerca de 2.600 trabajadores, de los cuales 300 fueron despedidos y 1.200 se acogieron a los planes de retiro voluntario que viene ofreciendo la compañía. En estos momentos tiene 950 trabajadores”, explicó Robertson Salazar, secretario general de Sintramienergética, de La Jagua.

Frente a este panorama, la Agencia Nacional de Minería (ANM) tiene plazo hasta mañana para pronunciarse frente a la renuncia de los títulos por parte del Grupo Prodeco, valorando las obligaciones ambientales, económicas y sociales que tiene la empresa en el territorio.

“Es decir, se deben revisar todas estas obligaciones contraídas por la compañía, acorde a la licencia del contrato, sanear la responsabilidad minera, la compensación con el departamento y los municipios”, dijo Mejía Pallares.

¿Ha llegado a su fin la industria del carbón?

Expertos tienen versiones encontradas sobre el futuro de la industria del carbón en Colombia.

La caída del precio, la pandemia y la descarbonización en el 2020 agudizaron la crisis de este sector.

A la noticia de Prodeco se sumó que el año pasado El Cerrejón cerró sus exportaciones con 13,6 millones de toneladas (el más bajo en los últimos 18 años, lo que representa una caída del 50 por ciento respecto a las exportaciones de 2019). La que no tuvo tan malos resultados fue la Drummond, que registró un decrecimiento del 10,3 por ciento en la extracción y del 4,4 en sus ventas al exterior.

Pese a esto, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), sostiene que la industria no ha llegado a su fin en nuestro país.

“Colombia tiene una gran oportunidad para llegar a nuevos mercados. La demanda del mineral ha cambiado su destino y lo seguirá haciendo, concentrándose en Asia”, señala Nariño, quien agrega que el país tiene 70 años de reservas que aún están pendientes para extraer y seguir generando empleo, impuestos y regalías.

Sin embargo, Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, asegura que el carbón vive su cuarto de hora final, lo cual -señala- debería darle al Gobierno Nacional y a los que se dedican a este campo un aliciente para devolver a las regiones carboníferas lo que históricamente se les ha negado.

“Hay una tendencia en el mundo de avanzar a energías mucho más limpias, por lo que el carbón no está en esos planes. Es necesario que esa malversación histórica de los recursos de regalías se les regrese con proyectos sociales e inversiones reales para esas zonas que viven de estos recursos, porque en el momento de salir van a quedar a la deriva”, expresa Vera.

Sobre el panorama del carbón en el país, Vera sostiene que en la medida en que Estados Unidos avance en su implementación de explotar yacimientos no convencionales, Colombia podrá avanzar en el uso del carbón de forma responsable para aprovechar la recta final de este material.

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