Estos $31,1 billones, que ingresan al país como prestación económica a la explotación de los recursos naturales no renovables, se distribuirán según lo designado en el SGR, y de este valor, 10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, 3 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación; $3,4 billones financiarán proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. (ver distribución presupuesto).

Según Mapa Inversiones, en lo que va del 2023, se han aprobado 3.827 proyectos del SGR, con una inversión por $5 billones, de los cuales ya se han ejecutado $284 mil millones, en diferentes sectores como: agricultura, cultura, transporte, ciencia, tecnología e innovación, entre otros.

Para realizar un mejor seguimiento a estos proyectos, organizaciones como Transparencia por Colombia, han mapeado, promocionado y dispuesto diferentes herramientas donde se promueven mayores niveles de transparencia y acceso a la información en el sector extractivo. Entre estas herramientas está INFOBPIN, una plataforma tecnológica donde se puede rastrear el número de identificación de los proyectos de inversión de regalías (BPIN). (Aquí puede consultar más herramientas)

Además, el país ha podido avanzar en diferentes temas como inversión social o hasta la construcción de vías terciarias, con el uso de dineros de las regalías. Colombia ha conocido iniciativas que se destacan por el buen uso y gestión de estos recursos, como por ejemplo la interconexión de caminos ancestrales por parte de la Comunidad U’wa en Boyacá o en  la Universidad de Caldas, con un proyecto sobre biotecnológica para aprovechamiento de residuos.

En ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad del Rosario, tienen una iniciativa que mide los mejores proyectos en el país y las mejores entidades, respectivamente, dentro de estos destacan seis categorías como: Cierre de brechas, Innovación y economía Naranja, Generación de ingresos Sostenibles, Sostenibilidad ambiental, Integración regional y Mitigación de la Emergencia Sanitaria. Todas con impacto positivo en las regiones.

Otra cara

A pesar del impacto positivo que tiene el Sistema General de Regalías en las regiones, la corrupción también ha permeado estos dineros que le pertenecen a los colombianos.

Por ejemplo,  la Contraloría General de la República encontró pérdidas en los recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento del Magdalena por $26.520 millones derivadas de la falta de planeación, así como del incumplimiento en las actividades de interventoría y por obras sin entregar, en una auditoría realizada en el 2021, según información publicada en la página de la entidad.

A esto se suma también que esta misma entidad encontró que entre el 2012 y el 2017, se reportaron cerca de $840.000 millones de incidencia fiscal en recursos de regalías, es decir, “obras en riesgo de generar pérdidas por esta cifra”.

Y estos escándalos también han llegado a los medios nacionales, como uno que se dio a conocer en junio del año pasado relacionado con los OCAD Paz. Donde Blu Radio, denunció graves irregularidades que habrían tenido relación con la asignación de estos recursos y donde se estima, según ese medio de comunicación, que se perdieron $500 mil millones en pago de coimas. Entre los involucrados estarían, paradójicamente, funcionarios de la Contraloría, además de funcionarios del DNP y diferentes contratistas y congresistas.

Camilo Vallejo, coordinador del Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales, asegura que es grave la pérdida de este dinero público, y mucho peor aún, que entidades como la Contraloría a veces se quedan cortas en su función. También, asegura que mientras no se ejecute una sanción sobre los corruptos, no se tendrá un avance significativo.

Además, alerta sobre cómo entidades que administran estos recursos, no cumplen con divulgar la información de calidad, o subirla completa a las diferentes plataformas para hacer control ciudadano. “Hemos encontrado proyectos de regalías que aparecían en blanco. El Gobierno tiene muchas estrategias, pero no las cumple, creen que la transparencia no es relevante”, comenta.

Aunque, como menciona Camilo, existen estrategias de divulgación de información sobre las inversiones con los recursos de regalías, para él, estas se quedan cortas y asegura que más allá de las estrategias, tiene que existir un compromiso de las entidades con la transparencia, y explica que la información pública debe ir más allá de contar a quién se le asignó el contrato, y contar a los ciudadanos la información pública de estos proyectos.

La deficiencia en la información, las limitaciones para el control ciudadano de los recursos destinados a algunos proyectos, dice Camilo, limita el papel de la ciudadanía, que, aunque está pendiente de estos recursos, se encuentran con barreras al querer acceder a la información y consultarla de forma transparente.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas trabaja en el seguimiento y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en el Sistema General de Regalías – SGR, buscando incidir para que se mantengan en el más alto nivel los objetivos de transparencia, fiscalización y acceso a la información pública, así como la participación efectiva de la ciudadanía en el proceso de aprobación y seguimiento de los proyectos financiados con recursos de regalías.

Para más información escriba al correo: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

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Diversificación productiva, cambio climático y gobernanza del sector extractivo: 75 propuestas para una agenda de transición en Colombia es el título de la publicación de Foro Región Central y Foro Nacional por Colombia, que contó con el apoyo de Brot für die Welt y Ford Foundation que presenta el resultado de más de diez años de análisis sistemático sobre el comportamiento de la minería y los hidricarburos en el país.  La Agenda plantea varios asuntos importantes para el debate actual sobre la construcción de un modelo de desarrollo en Colombia más justo, sostenible y equitativo, con participación de las comunidades en las decisiones que se toman sobre el territorio, la economía y la protección del medio ambiente.

La Agenda presenta un diagnóstico sobre los resultados de las políticas públicas impulsadas por los últimos gobiernos que han privilegiado la explotación y exportación de minerales e hidrocarburos. Además, muestra la inconveniencia del énfasis extractivista de nuestro modelo de desarrollo, puesto que ha generado una reprimarización de la economía – es decir, se ha basado la economía en actividades del sector primario o extractivo – sin generar el impacto positivo en el empleo formal que se espera y ha puesto al país en una situación muy vulnerable frete a las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas.

Así mismo, llama la atención sobre el sector, ya que a pesar de los impactos que generan las grandes explotaciones en los territorios y  su población – así como en los ecosistemas y la sostenibilidad de la fauna y la flora, los ríos y las fuentes de agua –  se excluye a gran parte de las comunidades y autoridades locales de las decisiones sobre la minería y los hidrocarburos. Este hecho se ha convertido en una de las principales fuentes de conflictos sociales en Colombia y está relacionado con las amenazas y muertes de líderes sociales que buscan defender su territorio de proyectos extractivos.

La Agenda señala una ruta para avanzar en la discusión de una modelo de desarrollo menos dependiente de los minerales e hidrocarburos. Son 75 propuestas en materia de diversificación productiva, transición energética y gobernanza. En cada una de ellas se identifican las medidas que puede adoptar el gobierno, los cambios institucionales que se requieren, los recursos fiscales que se deben disponer y el papel de los actores públicos, privados y sociales en este proceso.

En materia de diversificación productiva, el país debe disminuir considerablemente su alta dependencia de los ingresos que genera la exportación de minerales e hidrocarburos, porque la mayoría de los bloques económicos han propuesto medidas para disminuir el uso de estos combustibles y si el país no se alinea a estas medidas y no incentiva el crecimiento de otros sectores productivos, podría vivir una profunda crisis económica en el mediano plazo.

Un asunto de gran relevancia es la transición energética, sobre el cual Colombia debe dar una discusión seria para cambiar su matriz de consumo, incluyendo fuentes de energía renovable y, además, con el deber de reducir su aporte al inventario internacional de emisiones contaminantes por su exportación de petróleo y carbón. Esto en armonía con la agenda de cambio climático que exige medidas urgentes de todos los estados para frenar una catástrofe ambiental en las próximas décadas, la necesidad de proteger las fuentes de agua y la naturaleza y la importancia de conservar los medios de vida de las comunidades.

También, la Agenda en materia de gobernanza expone medidas para fomentar el diálogo entre la nación y los territorios, para llegar a acuerdos sobre un modelo de desarrollo más justo, y propone estrategias para incluir la participación ciudadana en las decisiones de política pública,  con acciones para garantizar reglas de juego transparentes para todos los actores interesados en aportar al desarrollo del país.

Finalmente, esta Agenda propone un enfoque de transición con un horizonte de tiempo de diez a quince años, entendiendo que no es posible cambiar de la noche a la mañana el enfoque económico extractivista. Por lo cual, se deben incluir medidas progresivas para que no se genere un impacto negativo en los ingresos del Estado y en los territorios que dependen de la minería y los hidrocarburos. Así mismo, hace un llamado a implementar cambios institucionales, normativos y de política que deben ser concretados, realizados y garantizar su continuidad.

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Este documento será presentado en un evento denominado Transición post extractivista justa y sostenible en Colombia: retos y propuestas, que es organizado por Foro Región Central, Foro Nacional por Colombia y la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

El evento se realizará el próximo jueves 29 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia: calle 12 # 1 – 17 Este de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. La inscripción está habilitada en el siguiente enlace: https://bit.ly/3U8LBlu (aforo limitado).

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