Durante este encuentro, el Consejo del EITI resolvió prorrogar el mandato de la presidenta Helen Clark para el mismo período, por lo que seguirá al frente de la iniciativa, del estándar mundial, el cual promueve la buena gobernanza, mejorando la transparencia, fortaleciendo la rendición de cuentas y facilitando el debate público sobre la gestión de los recursos naturales.

Luego de la prórroga de su mandado, Helen Clark señaló que el Consejo del EITI en cabeza suya ejercerá un papel clave en la definición de las prioridades estratégicas de la organización. “Estoy deseosa de trabajar con el Consejo para contribuir a implementar la versión renovada del Estándar EITI”, señaló.

Helen Clark fue Primera Ministra de Nueva Zelanda entre 1999 y 2008 y miembro del Parlamento de Nueva Zelanda de 1981 a 2009. Fue docente en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Desde abril de 2009 hasta abril de 2017 fue Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente trabaja en temas de desarrollo sostenible, desde la igualdad de género y el liderazgo de las mujeres hasta la acción climática, las políticas de salud y drogas, el gobierno abierto, la paz y la justicia.

Elecciones  latinoamericanas

Yessica Prieto Ramos es colombiana, politóloga especializada en resolución de conflictos y candidata a Maestría en gobernanza del riesgo y recursos naturales en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Tiene experiencia en análisis de conflictos medioambientales y desde 2015 está vinculada a la ONG colombiana Crudo Transparente como investigadora y actual directora nacional de Proyectos. Desde 2017 hasta junio de 2023 representó a esta organización en el Comité Tripartito Nacional de EITI Colombia, una de las tres organizaciones que promueven los intereses de la sociedad civil dentro de este grupo.

Dentro de las propuestas para su elección como parte del Consejo EITI, Yessica planteó promover la divulgación obligatoria de información ambiental y social que responda a los requerimientos de las comunidades, la desagregación de información sobre género tanto en la industria como en los territorios, así como la publicación de información sobre transición energética y los efectos climáticos de la producción de minerales e hidrocarburos, los compromisos de consulta previa y la provisión de información sobre garantías de derechos laborales de los trabajadores de la industria.

Vanessa Cueto es abogada y cuenta con amplia experiencia promoviendo la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y participación ciudadana en la política pública. En representación de la organización DAR, en Perú, ha participado en diversos espacios y redes de la sociedad civil peruana y latinoamericana, entre estos se destaca el Grupo de Trabajo Energía y Desarrollo Sustentable de la Clacso y el Grupo de trabajo de acceso a la información de certificaciones mineras y Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos (MinSus).

Aporte de las nuevas representantes

El Consejo del EITI es un grupo multipartícipe conformado por 20 representantes de países implementadores, países que apoyan al EITI, organizaciones de la sociedad civil, inversionistas institucionales y de la industria. Además, es el órgano principal de toma de decisiones, establece las prioridades para la organización y evalúa el avance de los países en el cumplimiento del Estándar.

Las y los representantes de los diversos países ante el Consejo del EITI aportan una especialización técnica muy variada que abarca la cadena de suministros, la investigación, la incidencia en políticas, la participación de partes interesadas y las habilidades para la negociación, además de importantes redes a nivel local, nacional, regional y mundial.

En ese sentido, los representantes constituyen un grupo bien preparado para abordar prioridades constantes y pioneras de la agenda EITI, como la protección de la sociedad civil y asuntos clave de las revisiones propuestas al Estándar como la transición energética, el género y la lucha contra la corrupción.

La toma de decisiones del Consejo EITI está basada en el consenso. Las decisiones se toman en las reuniones del Consejo, que se celebran de dos a cuatro veces por año, y vía circulares del Consejo.

Aunque existe una propuesta clara de acciones para trabajar durante este periodo 2023-2026 por parte de las representantes del Perú y Colombia, se invita a la sociedad civil a vigilar su labor y a brindarles su apoyo para sacar adelante esta labor de manera conjunta.

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Diversificación productiva, cambio climático y gobernanza del sector extractivo: 75 propuestas para una agenda de transición en Colombia es el título de la publicación de Foro Región Central y Foro Nacional por Colombia, que contó con el apoyo de Brot für die Welt y Ford Foundation que presenta el resultado de más de diez años de análisis sistemático sobre el comportamiento de la minería y los hidricarburos en el país.  La Agenda plantea varios asuntos importantes para el debate actual sobre la construcción de un modelo de desarrollo en Colombia más justo, sostenible y equitativo, con participación de las comunidades en las decisiones que se toman sobre el territorio, la economía y la protección del medio ambiente.

La Agenda presenta un diagnóstico sobre los resultados de las políticas públicas impulsadas por los últimos gobiernos que han privilegiado la explotación y exportación de minerales e hidrocarburos. Además, muestra la inconveniencia del énfasis extractivista de nuestro modelo de desarrollo, puesto que ha generado una reprimarización de la economía – es decir, se ha basado la economía en actividades del sector primario o extractivo – sin generar el impacto positivo en el empleo formal que se espera y ha puesto al país en una situación muy vulnerable frete a las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas.

Así mismo, llama la atención sobre el sector, ya que a pesar de los impactos que generan las grandes explotaciones en los territorios y  su población – así como en los ecosistemas y la sostenibilidad de la fauna y la flora, los ríos y las fuentes de agua –  se excluye a gran parte de las comunidades y autoridades locales de las decisiones sobre la minería y los hidrocarburos. Este hecho se ha convertido en una de las principales fuentes de conflictos sociales en Colombia y está relacionado con las amenazas y muertes de líderes sociales que buscan defender su territorio de proyectos extractivos.

La Agenda señala una ruta para avanzar en la discusión de una modelo de desarrollo menos dependiente de los minerales e hidrocarburos. Son 75 propuestas en materia de diversificación productiva, transición energética y gobernanza. En cada una de ellas se identifican las medidas que puede adoptar el gobierno, los cambios institucionales que se requieren, los recursos fiscales que se deben disponer y el papel de los actores públicos, privados y sociales en este proceso.

En materia de diversificación productiva, el país debe disminuir considerablemente su alta dependencia de los ingresos que genera la exportación de minerales e hidrocarburos, porque la mayoría de los bloques económicos han propuesto medidas para disminuir el uso de estos combustibles y si el país no se alinea a estas medidas y no incentiva el crecimiento de otros sectores productivos, podría vivir una profunda crisis económica en el mediano plazo.

Un asunto de gran relevancia es la transición energética, sobre el cual Colombia debe dar una discusión seria para cambiar su matriz de consumo, incluyendo fuentes de energía renovable y, además, con el deber de reducir su aporte al inventario internacional de emisiones contaminantes por su exportación de petróleo y carbón. Esto en armonía con la agenda de cambio climático que exige medidas urgentes de todos los estados para frenar una catástrofe ambiental en las próximas décadas, la necesidad de proteger las fuentes de agua y la naturaleza y la importancia de conservar los medios de vida de las comunidades.

También, la Agenda en materia de gobernanza expone medidas para fomentar el diálogo entre la nación y los territorios, para llegar a acuerdos sobre un modelo de desarrollo más justo, y propone estrategias para incluir la participación ciudadana en las decisiones de política pública,  con acciones para garantizar reglas de juego transparentes para todos los actores interesados en aportar al desarrollo del país.

Finalmente, esta Agenda propone un enfoque de transición con un horizonte de tiempo de diez a quince años, entendiendo que no es posible cambiar de la noche a la mañana el enfoque económico extractivista. Por lo cual, se deben incluir medidas progresivas para que no se genere un impacto negativo en los ingresos del Estado y en los territorios que dependen de la minería y los hidrocarburos. Así mismo, hace un llamado a implementar cambios institucionales, normativos y de política que deben ser concretados, realizados y garantizar su continuidad.

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Este documento será presentado en un evento denominado Transición post extractivista justa y sostenible en Colombia: retos y propuestas, que es organizado por Foro Región Central, Foro Nacional por Colombia y la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

El evento se realizará el próximo jueves 29 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia: calle 12 # 1 – 17 Este de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. La inscripción está habilitada en el siguiente enlace: https://bit.ly/3U8LBlu (aforo limitado).

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Empresas de países desarrollados, como China, son las que otorgan estos “préstamos respaldados por recursos naturales”, con el fin de acceder a la explotación de estos recursos fundamentales para sus negocios, por lo general en países emergentes que necesitan el dinero para proyectos de desarrollo de infraestructura.

Jyhjong Hwang, uno de los autores del informe, doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Ohio, declaró que más allá de los beneficios potenciales que puedan brindar, lo que estos acuerdos establecen desde un principio es un desequilibrio de poder.

“Los acuerdos respaldados por recursos naturales son apuestas de alto riesgo ante jugadores que llevan las de ganar”, explica Hwang. “Las empresas estatales chinas tienen intereses estratégicos en asegurar recursos naturales y despliegan toda su experiencia y capacidad de negociación para conseguir un buen acuerdo”, dijo.

La fórmula parece ser siempre la misma: en la negociación, un país emergente usa como aval un volumen específico de producción futura de un recurso nacional —como el petróleo, un producto básico que sirve comúnmente de respaldo para este tipo de acuerdos—. A cambio, obtiene fondos anticipados con los que puede invertir en vías, redes eléctricas e instalaciones de tratamiento del agua.

Los investigadores observan que estos préstamos a veces sí producen beneficios tangibles para el país que los toma. Pero al analizar 52 préstamos de este tipo realizados entre 2004 y 2018 —que combinados totalizan 164 mil millones de dólares—, descubrieron que, por lo común, los acuerdos son poco claros y riesgosos para los países prestatarios. Solo en un caso los detalles del préstamo eran de público conocimiento.

David Mihalyi, otro de los autores del informe y economista de NRGI, los comparó con un préstamo rápido o inmediato. “Tienen plazos cortos de vencimiento, altas tasas de interés y no exigen especificaciones de cómo se utilizará el dinero. Los gobiernos deberían proceder con cautela con esos préstamos”.

A veces, sucede que los países no pueden incrementar la producción de sus recursos con la suficiente rapidez para comenzar a pagar los intereses y el saldo del préstamo. El informe indica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que este podría ser el caso de Ghana, cuyo gobierno tomó un préstamo de 2.000 millones de dólares de Sinohydro, una empresa estatal china de ingeniería. El respaldo del préstamo es la bauxita, una roca sedimentaria con un contenido de aluminio bastante alto. Existen informes de Mongabay y otros portales de noticias que demuestran que el país está haciendo lo posible por aumentar la producción de bauxita, incluso en la Reserva Forestal de Atewa, hábitat de muchísimas especies de fauna y flora.

En 2017 el gobierno de Guinea tomó un préstamo de 20.000 millones de dólares, lo que equivale al PBI de casi dos años de ese país, según el informe de NRGI. El PBI es una medida de todos los productos y servicios que genera un país por año. Además, el año pasado Mongabay informó que la minería de bauxita estaba causando la destrucción del hábitat del chimpancé del oeste africano (Pan troglodytes verus) en la región de Boké, y que ha puesto en riesgo inclusive un parque nacional establecido para proteger las especies en peligro crítico de extinción.

Además de todos los problemas ambientales potenciales, los autores del informe señalan que las comunidades raramente son consultadas sobre los términos de los préstamos a pesar de que, muchas veces, son las más perjudicadas por el impacto de la minería en los bosques, la calidad del agua y los conflictos sociales.

Los países que toman este tipo de préstamos corren el riesgo de perder control de sus recursos naturales, que a largo plazo, probablemente, resulten ser más valiosos que el préstamo en sí. Y a cambio, lo que tienen son deudas abrumadoras.

La cartera de préstamos de Venezuela, por ejemplo, que alcanza una cifra de 59.000 millones de dólares, está respaldada por sus reservas de petróleo. El informe sostiene que tales préstamos amenazan la estabilidad económica del país, así como la de varios países africanos, como Angola, Chad, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Para tratar esta problemática es imperioso que haya transparencia. Los investigadores ni siquiera pudieron averiguar la tasa de interés de casi dos tercios de los préstamos analizados.

Hay esfuerzos para impulsar procesos más abiertos, como la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva. Hwang y Mihalyi recomiendan involucrar a expertos legales en la negociación de los contratos, a fin de lograr términos convenientes para ambas partes. También proponen adoptar un cronograma de pagos flexible.

Según Mihalyi, ambas partes se benefician de un préstamo justo. “Debemos aprender de los errores cometidos en el pasado”, sostiene.

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