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Este documento recoge la discusión de la Mesa en torno al proceso de Transición Energética. Uno de los procesos que debe incluir para que sea justa es partir de procesos transparentes relacionados con la participación ciudadana efectiva, acceso y difusión de información y, espacios de diálogo multiactor en los que se reconozca la distribución de cargas y beneficios del proceso, especialmente a nivel territorial y sectorial, de forma que se puedan valorar y gestionar los efectos sobre los grupos que se vean afectados por este proceso, garantizando que los derechos humanos  sean respectados.

Para conocer más acerca de esta lectura, les invitamos a consultar y descargar el texto completo.

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En este sentido, y con la intención de aportar en la construcción del PAN, la Mesa tuvo en cuenta los requisitos EITI que son los requisitos mínimos que deben cumplir los países que implementan EITI así como las empresas que operan en estos países. Como resultado, consolidó 34 recomendaciones las cuales corresponden a los requisitos 1, 3, 4 y 7 de EITI. Cada recomendación se agrupa en una de las seis temáticas identificadas : Gobernanza CTN; acceso a la información; Impacto EITI, falta de compromisos institucionales, espacio cívico; y, contexto e impacto socioambiental.

Finalmente y como resultado de las reuniones XXX (2 de noviembre de 2023) y XXXI (16 de febrero de 2024), la Mesa prioriza el Requisito 1: Supervisión por parte del grupo multipartícipe. Especialmente, los Requisitos 1.3; 1.4; y 1.5. La Mesa hizo énfasis en que las propuestas relacionadas con estos requisitos incluyeran temas de género, asuntos ambientales y sociales, transición energética y anticorrupción.

Para conocer en detalle las recomendaciones de la Mesa al PAN 2024- 2027, les invitamos a consultar y descargar el texto completo.

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• Código 1608 de 1978. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente.
• Ley 685 de 2001. Código de Minas
• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente
• El Decreto 2014, del 15 de octubre de 2014. Por el cual se reglamentan las licencias ambientales

Si bien, los cierres extractivos se consideran en la legislación colombiana no existe reglamentación particular que se encargue de orientar las acciones para recuperar los aspectos físicos, socioeconómicos, biológicos y ambientales que se deban atender una vez finalizadas las labores de explotación. Por lo tanto, el documento impulsa la necesidad de este lineamiento. Sin embargo, y mientras eso sucede, es importante verificar el cumplimiento de los cierres progresivos y graduales como aspecto disponible para implementar medidas de recuperación de áreas intervenidas por la minería e hidrocarburos, evitar los riesgos de pasivos ambientales y proteger los derechos relacionados a las funciones sociales de los territorios.

De esta forma, el documento: ”Cierre extractivo en Colombia: una aproximación normativa, técnica, política y económica” hace una revisión desde diferentes variables que evidencian la necesidad de un análisis e implementación diferenciada del cierre. Lo anterior, teniendo en cuenta el tipo de extracción y tamaño del proyecto. Por ejemplo, proyectos de gran escala y las áreas múltiples de minas y pozos, con una dependencia socioeconómica territorial mucho más estructural, requieren indicadores y cronogramas específicos, con una planeación paralela a los planes de desarrollo territoriales, conformando una política pública de cierre y reconversión territorial explícita con metas verificables que sea un referente de divulgaciones y transparencia. Sin embargo, este último aspecto es deficiente y conduce a incertidumbres sociales y laborales como las que han empezado a presentarse en las zonas de carbón térmico de gran minería en Cesar y La Guajira.

En ese sentido, se considera relevante insistir en el acceso a la información sobre la implementación de medidas de readecuación y reforestación, cuyas metas de cumplimiento obligatorias deben ser objeto de divulgación en el marco del desarrollo progresivo del estándar EITI. Así como el cumplimiento de las medidas de compensación, y las reservas y manejo de suelos.

Sin embargo, para lograr la transparencia en las divulgaciones sobre información de las obligaciones ambientales, en lo que respecta a cierres extractivos, se debe superar un par de desafíos:

• Mejorar la comprensión social de los alcances del cierre extractivo
• Identificar los mecanismos y herramientas tecnológicas de acceso a la información ambiental que deben facilitar las consultas sobre aspectos de los cierres mineros y de hidrocarburos.

Como conclusión, el documento menciona que Colombia cuenta con unos lineamientos normativos que le permiten identificar mínimos a tener en cuenta para realizar los cierres de proyectos extractivos. Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo este marco para mejorar la planificación e implementación del cierre. Lo anterior, para evitar la aparición de nuevos pasivos ambientales. Con la intención de evitar esta situación, los planes de cierre ambiental deben ser objeto de divulgación y seguimiento desde una participación de la sociedad civil bajo el principio de transparencia.

Para conocer más acerca de esta revisión, les invitamos a consultar y descargar el texto completo.

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Carried out by the Corporación Cívica De Caldas.
Carrera 23 No. 25-6, office 601.
Don Pedro Building.
Manizales, Caldas, Colombia.
Phone: (6) 893 4269.
Management: Maria Úrsula Botero Escobar.
Research coordinator: Antony Grisales Orozco.
Elaboration: Antony Grisales Orozco, Maria Úrsula Botero Escobar, Luis Felipe Garnica
Gonzalez, Anggie Daniela Ramirez Castrillon, Katherine Valencia Buitrago, Juan Miguel
Aristizábal González and Ximena López Ríos.
Acknowledgments to:
Civil Society Roundtable for Transparency in the Extractive Industries.
Corporación Transparencia Por Colombia.

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One of the issues prioritized by this Subcommittee are the risks caused by environmental liabilities The environmental impacts and externalities that arise from the closure or inadequate abandonment of extractive projects, which produce negative environmental impacts and externalities in the territories where they are traditionally developed, for example: abandoned tailings deposits, contaminated soils and watercourses, abandoned or clogged areas. It is important to draw attention to this issue, since there is no legal definition of the concept of environmental liabilities in the country, nor have criteria, procedures or competencies been defined for their declaration.

The study presents a review of the regulatory frameworks in Colombia and countries in the region to learn about the experiences and management of environmental liabilities. For Colombia, the analysis also included the different development plans that have addressed this issue, as well as the analysis of initiatives in previous and current legislatures: P.L. 117-2021C.

In order to understand the reality of the country and to have updated and real information on environmental liabilities, their location and responsible party, the analysis of the request for information made to the 33 Regional Autonomous Corporations, the Ministry of Mines and Energy, the Ministry of Environment and Sectorial Development, the National Mining Agency -ANM- and the National Hydrocarbons Agency -ANH- is presented. These requests asked for quantification or registration information on the areas considered environmental liabilities in their jurisdictions related to liabilities associated with extractive industries: mining and hydrocarbons.

From the study it can be concluded that there is interest on the part of the Government and the Ministries of Mines and Environment to advance in the conceptualization and management of environmental liabilities, although it is necessary to continue progressing in the legislative framework to achieve advances in the recognition of these areas. The country also has diagnostic information that includes the identification, location and prioritization of environmental liabilities. From the Mesa, we consider of great importance that in this process of recognition of environmental liabilities, the right of access to information is strengthened, channels of accountability are promoted, and citizens are involved in the consultation and agreement on this matter.The communities in the areas of influence are affected by the existence of these liabilities generated within the framework of the operations of the extractive industries. In particular, we hope that these issues can be reviewed and incorporated into the public agenda in light of Bill 117-2021C, where key issues in terms of transparency have not yet been identified.

About the Table

The Civil Society Roundtable for Transparency in the Extractive Industries promotes citizen participation and access to information on environmental issues, with a platform of more than twenty social organizations and academic institutions from different regions of the country, which jointly carry out research, advocacy and citizen control activities on transparency in the extractive sector.

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