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Este documento recoge la discusión de la Mesa en torno al proceso de Transición Energética. Uno de los procesos que debe incluir para que sea justa es partir de procesos transparentes relacionados con la participación ciudadana efectiva, acceso y difusión de información y, espacios de diálogo multiactor en los que se reconozca la distribución de cargas y beneficios del proceso, especialmente a nivel territorial y sectorial, de forma que se puedan valorar y gestionar los efectos sobre los grupos que se vean afectados por este proceso, garantizando que los derechos humanos  sean respectados.

Para conocer más acerca de esta lectura, les invitamos a consultar y descargar el texto completo.

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En este sentido, y con la intención de aportar en la construcción del PAN, la Mesa tuvo en cuenta los requisitos EITI que son los requisitos mínimos que deben cumplir los países que implementan EITI así como las empresas que operan en estos países. Como resultado, consolidó 34 recomendaciones las cuales corresponden a los requisitos 1, 3, 4 y 7 de EITI. Cada recomendación se agrupa en una de las seis temáticas identificadas : Gobernanza CTN; acceso a la información; Impacto EITI, falta de compromisos institucionales, espacio cívico; y, contexto e impacto socioambiental.

Finalmente y como resultado de las reuniones XXX (2 de noviembre de 2023) y XXXI (16 de febrero de 2024), la Mesa prioriza el Requisito 1: Supervisión por parte del grupo multipartícipe. Especialmente, los Requisitos 1.3; 1.4; y 1.5. La Mesa hizo énfasis en que las propuestas relacionadas con estos requisitos incluyeran temas de género, asuntos ambientales y sociales, transición energética y anticorrupción.

Para conocer en detalle las recomendaciones de la Mesa al PAN 2024- 2027, les invitamos a consultar y descargar el texto completo.

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• Código 1608 de 1978. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente.
• Ley 685 de 2001. Código de Minas
• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente
• El Decreto 2014, del 15 de octubre de 2014. Por el cual se reglamentan las licencias ambientales

Si bien, los cierres extractivos se consideran en la legislación colombiana no existe reglamentación particular que se encargue de orientar las acciones para recuperar los aspectos físicos, socioeconómicos, biológicos y ambientales que se deban atender una vez finalizadas las labores de explotación. Por lo tanto, el documento impulsa la necesidad de este lineamiento. Sin embargo, y mientras eso sucede, es importante verificar el cumplimiento de los cierres progresivos y graduales como aspecto disponible para implementar medidas de recuperación de áreas intervenidas por la minería e hidrocarburos, evitar los riesgos de pasivos ambientales y proteger los derechos relacionados a las funciones sociales de los territorios.

De esta forma, el documento: ”Cierre extractivo en Colombia: una aproximación normativa, técnica, política y económica” hace una revisión desde diferentes variables que evidencian la necesidad de un análisis e implementación diferenciada del cierre. Lo anterior, teniendo en cuenta el tipo de extracción y tamaño del proyecto. Por ejemplo, proyectos de gran escala y las áreas múltiples de minas y pozos, con una dependencia socioeconómica territorial mucho más estructural, requieren indicadores y cronogramas específicos, con una planeación paralela a los planes de desarrollo territoriales, conformando una política pública de cierre y reconversión territorial explícita con metas verificables que sea un referente de divulgaciones y transparencia. Sin embargo, este último aspecto es deficiente y conduce a incertidumbres sociales y laborales como las que han empezado a presentarse en las zonas de carbón térmico de gran minería en Cesar y La Guajira.

En ese sentido, se considera relevante insistir en el acceso a la información sobre la implementación de medidas de readecuación y reforestación, cuyas metas de cumplimiento obligatorias deben ser objeto de divulgación en el marco del desarrollo progresivo del estándar EITI. Así como el cumplimiento de las medidas de compensación, y las reservas y manejo de suelos.

Sin embargo, para lograr la transparencia en las divulgaciones sobre información de las obligaciones ambientales, en lo que respecta a cierres extractivos, se debe superar un par de desafíos:

• Mejorar la comprensión social de los alcances del cierre extractivo
• Identificar los mecanismos y herramientas tecnológicas de acceso a la información ambiental que deben facilitar las consultas sobre aspectos de los cierres mineros y de hidrocarburos.

Como conclusión, el documento menciona que Colombia cuenta con unos lineamientos normativos que le permiten identificar mínimos a tener en cuenta para realizar los cierres de proyectos extractivos. Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo este marco para mejorar la planificación e implementación del cierre. Lo anterior, para evitar la aparición de nuevos pasivos ambientales. Con la intención de evitar esta situación, los planes de cierre ambiental deben ser objeto de divulgación y seguimiento desde una participación de la sociedad civil bajo el principio de transparencia.

Para conocer más acerca de esta revisión, les invitamos a consultar y descargar el texto completo.

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Realizada por la Corporación Cívica De Caldas.
Carrera 23 No. 25-6, oficina 601.
Edificio Don Pedro.
Manizales, Caldas, Colombia.
Teléfono: (6) 893 4269.
Gerencia: Maria Úrsula Botero Escobar.
Coordinador de la investigación: Antony Grisales Orozco.
Elaboración: Antony Grisales Orozco, Maria Úrsula Botero Escobar, Luis Felipe Garnica
González, Anggie Daniela Ramírez Castrillón, Katherine Valencia Buitrago, Juan Miguel
Aristizábal González y Ximena López Ríos.
Agradecimientos a:
Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas.
Corporación Transparencia Por Colombia.

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Uno de los temas priorizados por este Subcomité son los riesgos causados por pasivos ambientales que se presentan a partir del cierre o abandono inadecuado de proyectos extractivos, lo cual produce impactos y externalidades ambientales negativas en los territorios donde tradicionalmente se desarrollan, por ejemplo: depósitos de relaves abandonados, suelos y cursos de aguas contaminados, áreas abandonadas o taponadas. Es importante llamar la atención sobre este tema, ya que en el país no existe una definición legal del concepto de pasivo ambiental, como tampoco se han definido criterios, procedimientos o competencias para la declaración de estos.

El estudio presenta la revisión de los marcos normativos en Colombia y países de la región para conocer las experiencias y manejo de los pasivos ambientales. Para Colombia, se incluyó también en el análisis, los diferentes planes de desarrollo que han abordado este tema, así como el análisis de las iniciativas en las legislaturas anteriores y la actual: P.L. 117-2021C.

Con el ánimo de entender la realidad del país y disponer de información actualizada y real de pasivos ambientales, su ubicación y responsable, se presenta el análisis del requerimiento de información realizado a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sectorial, la Agencia Nacional Minera -ANM- y la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH. Estas solicitudes preguntaban por la cuantificación o información de registro sobre las áreas consideradas pasivos ambientales en sus jurisdicciones relacionadas con los pasivos asociados a las industrias extractivas: minería e hidrocarburos.

Del estudio se puede concluir que existe interés por parte del Gobierno y los Ministerios de Minas y de Ambiente, para avanzar en la conceptualización y gestión de los pasivos ambientales, aunque es necesario seguir progresando en el marco legislativo para lograr adelantos en el reconocimiento de estas áreas. Igualmente, se identifica que el país cuenta con información para el diagnóstico, que incluye la identificación, ubicación, y priorización de pasivos ambientales. Desde la Mesa, consideramos de gran importancia que en este proceso de reconocimiento de pasivos ambientales se fortalezca el derecho de acceso a la información, se propicien canales de rendición de cuentas y se vincule la ciudadanía en la consulta y concertación sobre este asunto, dada la afectación a las comunidades de las áreas de influencia a raíz de la existencia de estos pasivos generados en el marco de las operaciones de las industrias extractivas. Particularmente, esperamos que estos temas puedan ser revisados e incorporados a la agenda pública a la luz del proyecto de Ley 117-2021C, en donde aún no se identifican temas claves en términos de transparencia-.

Sobre la Mesa

En la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en la Industrias Extractivas promovemos la participación ciudadana y el acceso a la información en temas ambientales, con una plataforma de más de veinte organizaciones sociales e instituciones académicas de diferentes regiones del país, que conjuntamente realizan actividades de investigación, incidencia y control ciudadano en torno a la transparencia del sector extractivo.

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