Estos $31,1 billones, que ingresan al país como prestación económica a la explotación de los recursos naturales no renovables, se distribuirán según lo designado en el SGR, y de este valor, 10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, 3 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación; $3,4 billones financiarán proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. (ver distribución presupuesto).

Según Mapa Inversiones, en lo que va del 2023, se han aprobado 3.827 proyectos del SGR, con una inversión por $5 billones, de los cuales ya se han ejecutado $284 mil millones, en diferentes sectores como: agricultura, cultura, transporte, ciencia, tecnología e innovación, entre otros.

Para realizar un mejor seguimiento a estos proyectos, organizaciones como Transparencia por Colombia, han mapeado, promocionado y dispuesto diferentes herramientas donde se promueven mayores niveles de transparencia y acceso a la información en el sector extractivo. Entre estas herramientas está INFOBPIN, una plataforma tecnológica donde se puede rastrear el número de identificación de los proyectos de inversión de regalías (BPIN). (Aquí puede consultar más herramientas)

Además, el país ha podido avanzar en diferentes temas como inversión social o hasta la construcción de vías terciarias, con el uso de dineros de las regalías. Colombia ha conocido iniciativas que se destacan por el buen uso y gestión de estos recursos, como por ejemplo la interconexión de caminos ancestrales por parte de la Comunidad U’wa en Boyacá o en  la Universidad de Caldas, con un proyecto sobre biotecnológica para aprovechamiento de residuos.

En ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad del Rosario, tienen una iniciativa que mide los mejores proyectos en el país y las mejores entidades, respectivamente, dentro de estos destacan seis categorías como: Cierre de brechas, Innovación y economía Naranja, Generación de ingresos Sostenibles, Sostenibilidad ambiental, Integración regional y Mitigación de la Emergencia Sanitaria. Todas con impacto positivo en las regiones.

Otra cara

A pesar del impacto positivo que tiene el Sistema General de Regalías en las regiones, la corrupción también ha permeado estos dineros que le pertenecen a los colombianos.

Por ejemplo,  la Contraloría General de la República encontró pérdidas en los recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento del Magdalena por $26.520 millones derivadas de la falta de planeación, así como del incumplimiento en las actividades de interventoría y por obras sin entregar, en una auditoría realizada en el 2021, según información publicada en la página de la entidad.

A esto se suma también que esta misma entidad encontró que entre el 2012 y el 2017, se reportaron cerca de $840.000 millones de incidencia fiscal en recursos de regalías, es decir, “obras en riesgo de generar pérdidas por esta cifra”.

Y estos escándalos también han llegado a los medios nacionales, como uno que se dio a conocer en junio del año pasado relacionado con los OCAD Paz. Donde Blu Radio, denunció graves irregularidades que habrían tenido relación con la asignación de estos recursos y donde se estima, según ese medio de comunicación, que se perdieron $500 mil millones en pago de coimas. Entre los involucrados estarían, paradójicamente, funcionarios de la Contraloría, además de funcionarios del DNP y diferentes contratistas y congresistas.

Camilo Vallejo, coordinador del Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales, asegura que es grave la pérdida de este dinero público, y mucho peor aún, que entidades como la Contraloría a veces se quedan cortas en su función. También, asegura que mientras no se ejecute una sanción sobre los corruptos, no se tendrá un avance significativo.

Además, alerta sobre cómo entidades que administran estos recursos, no cumplen con divulgar la información de calidad, o subirla completa a las diferentes plataformas para hacer control ciudadano. “Hemos encontrado proyectos de regalías que aparecían en blanco. El Gobierno tiene muchas estrategias, pero no las cumple, creen que la transparencia no es relevante”, comenta.

Aunque, como menciona Camilo, existen estrategias de divulgación de información sobre las inversiones con los recursos de regalías, para él, estas se quedan cortas y asegura que más allá de las estrategias, tiene que existir un compromiso de las entidades con la transparencia, y explica que la información pública debe ir más allá de contar a quién se le asignó el contrato, y contar a los ciudadanos la información pública de estos proyectos.

La deficiencia en la información, las limitaciones para el control ciudadano de los recursos destinados a algunos proyectos, dice Camilo, limita el papel de la ciudadanía, que, aunque está pendiente de estos recursos, se encuentran con barreras al querer acceder a la información y consultarla de forma transparente.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas trabaja en el seguimiento y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en el Sistema General de Regalías – SGR, buscando incidir para que se mantengan en el más alto nivel los objetivos de transparencia, fiscalización y acceso a la información pública, así como la participación efectiva de la ciudadanía en el proceso de aprobación y seguimiento de los proyectos financiados con recursos de regalías.

Para más información escriba al correo: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

The post El Sistema General de Regalías de Colombia: mecanismo que aporta al desarrollo regional, opacado por un oscuro historial de corrupción appeared first on Mesa de la Sociedad Civil para la transparencia en las Industrias Extractivas.

En el mapa de la minería en Colombia convergen diferentes tipos de minería, se puede hablar de aquella que se rige por un marco legal, como el caso de la minería formal o legal que cumple los diferentes requisitos exigidos por la ley colombiana para la explotación de recursos naturales y generalmente se da a gran escala; y la artesanal o ancestral, es decir, aquella actividad llevada a cabo tradicionalmente y utilizando poca tecnología y maquinaria, a pequeña escala.

Por otro lado, encontramos la minería que no es legal, también conocida como  informal o ilegal, la cual se lleva a cabo sin un título minero debidamente registrado, pero sin la incidencia de actores al margen de la ley de por medio; además, de aquella minería que tiene tras de sí actores armados al margen de la ley y que se relacionan con otros delitos como el narcotráfico o lavado de activos.  Aunque generalmente el Estado, las organizaciones y otros actores, no hacen diferenciación entre la minería informal y la aquella que es promovida por grupos criminales.

Según un informe de la Contraloría General de la República del 2022, la minería ilegal está acabando con los ríos en Colombia, y cerca del 85 por ciento del oro que exporta el país es producto de esa actividad.

Transparencia por Colombia explica en su sitio web: “La minería ilegal es una de las principales causas de deforestación y contaminación ambiental en Colombia. Para iniciar las operaciones mineras ilícitas es necesario arrasar amplias áreas de bosque, lo que deja sin hábitat a gran parte de la biodiversidad”.

Otras formas de minería afectadas por la criminalidad

El medioambiente no es el único afectado con esta actividad, que se concentra principalmente en la explotación de oro, aunque también se hace con otros metales como platino y plata.

Esteban Martínez, del Grupo de Diálogo de Minería en Colombia (GDIAM), asegura que, en medio de la lucha por acabar con este tipo de actividades, han quedado los mineros artesanales, los formales e informales, que son estigmatizados por la sociedad, la fuerza pública y medios de comunicación; además de ser extorsionados y violentados por los grupos y estructuras criminales que están detrás de la minería ilícita.

Legislación clara

Martínez resalta que para acabar la minería promovida por grupos criminales, primero se debe tener claridad legal: “El gran problema inicia porque en Colombia no se tiene una regulación diferenciada, hay que distinguir los actores y los diferentes tipos de minería, para no confundir los mineros legales, artesanales, informales, con los criminales”, menciona, y agrega que el primer paso para empezar a ganar esa lucha a la minería promovida por grupos ilegales, más allá de detonar maquinaria amarilla, es tener reglas claras y proteger a los otros tipos de mineros; además de una fuerte presencia de todos los actores del Estado, no solo ejército o policía, también oferta educativa, alternativas productivas, entre otras.

Además de esta propuesta, Isabel Blandón Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación Atabaque, cree que otro desafío para disminuir o contrarrestar este tipo de minería, es la correcta implementación de los Acuerdos de Paz, lo que también incluiría una alta presencia institucional del Estado, y donde se involucre la reincorporación económica en regiones donde las actividades mineras son la base económica, teniendo en cuenta que en la mayoría de estas zonas hay alta presencia de cultivos de uso ilícito, como la coca.

Departamentos como Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Amazonas, son los principales afectados por la minería financiada por grupos delictivos, específicamente con la explotación de oro, según el informe ‘Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2020’ presentando por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y que contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía. Este informe también menciona que el 69 % de la actividad minera detectada es ilícita.

Garantías y transparencia

*Humberto Salazar ha trabajado en la minería informal por más de 30 años, en departamentos como Antioquia y Risaralda, comenta que aprendió a convivir con grupos ilegales para trabajar, pero menciona las afectaciones que ha traído para su trabajo:

“Uno a veces tiene que arriesgar la vida al convivir con esos grupos, porque a ellos no les importa nada, llegan a un río o a una tierra y acaban con todo, sin importarles nada. De por medio hay  violaciones, extorsiones y asesinatos”, asegura.

Reclama garantías del Gobierno. Humberto aclara que él y otros mineros no se animan a denunciar porque “el Gobierno promete, pero no cumple” y hacer una denuncia en un territorio donde dominan grupos ilegales que se infiltran en la sociedad es “tener la muerte asegurada”, explica.

Presencia del Estado y trabajo conjunto

Organizaciones no gubernamentales como la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés), creen que una mayor y mejor presencia del Estado, que incluya oferta institucional de calidad en las zonas donde avanza la minería impulsada por grupos al margen de la ley, ayudaría a combatirla. Debe haber incentivos por parte del Estado para que los mineros se formalicen: “En algunos casos los mismos grupos armados son quienes limitan la participación de ciudadanos, mineros y mineras en los escenarios de diálogo donde pueden surgir iniciativas para combatir el fenómeno y en general, para buscar soluciones a los desafíos de su territorio”, explica Jose Luis Gil, responsable de gobernanza de la ARM.

También habla del papel que deben jugar las industrias extractivas en aportar en estas luchas. “En muchos territorios las industrias extractivas conviven con mineros artesanales e informales, en este caso, la voluntad de las compañías y el Estado es esencial, debido a que podrían ayudar a capacitarlos, apoyarlos en su proceso de formalización, esta es una manera de acercar a estas personas a la legalidad y controlar para que no caigan en la minería criminal”.

Isabel Blandón resalta la importancia de un trabajo articulado en los diferentes niveles, desde lo local, hasta lo nacional; además de un planeamiento minero que sea equitativo entre los diversos sectores sociales, económicos, políticos y ambientales. “El ordenamiento minero debe pensarse no solo desde el ciclo de los proyectos extractivos para dar línea a lo jurídico y normativo, sino desde las dinámicas sociales, culturales y ambientales de los territorios y regiones donde se dan las actividades extractivas en sus diversas escalas, de este modo, la presencia estatal debería pensarse desde un ordenamiento minero que apueste por una gobernanza minera enfocada en perspectiva de derechos humanos, biológicos, culturales y evidentemente un abordaje basado en los conflictos”, comenta.

Se pierde el rastro

Para los expertos, uno de los factores que favorece que actores armados patrocinen la extracción de oro, es que este metal precioso se puede comercializar y transportar fácilmente en todo el mundo y no hay trazabilidad, es decir, el rastro se pierde cuando se vende. De esta forma los grupos ilegales aprovechan para hacer lavado de dinero y financiar actividades criminales.

Uno de los problemas para seguirle el rastro al oro, explica Isabel Blandón, es que en Colombia este tema se ha dado principalmente en una trazabilidad documental, y no a una más amplia que implique procesos de análisis, monitoreo de riesgos de terreno, entre otros, para así reducir el margen de maniobra de actores que están detrás de la minería fomentada por bandas delincuenciales.

A pesar de los esfuerzos que hace el Estado, la minería ilícita avanza y a su vez devora el medioambiente, la Contraloría llama a este fenómeno: “masacre ambiental”.

Propuestas

Desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de  los mineros artesanales e informales, surgen iniciativas de participación para apoyar esa lucha y propuestas como dotar y capacitar a la población de métodos de monitoreo que brinden insumos técnicos para exigir la acción del Estado, cuantificar y tener un sistema de información seguro donde se haga monitoreo de la minería informal y la actividad extractiva financiada por la criminalidad, capacitar a la fuerza pública para que en sus intervenciones sepan diferenciar los diferentes tipos de mineros, tener una gran empresa minera en Colombia, como se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo, que sirva para formalizar al sector artesanal, tener rastro del oro que sale de Colombia hacia al mundo, entre otros beneficios.

La transparencia y la participación ciudadana, por los que trabaja la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas,  son factores clave para enfrentar desafíos sociales y ambientales como la minería auspiciada por la criminalidad y la minería ilegal. Cuando los diferentes actores involucrados – mineros, organizaciones de la sociedad civil y Gobierno – trabajan juntos pueden establecer una base sólida para la toma de decisiones responsables y sostenibles.

Para más información puede escribir a: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

*El nombre fue cambiado por solicitud de la fuente para proteger su identidad.

The post Claves para avanzar en la lucha contra la minería ilícita en Colombia appeared first on Mesa de la Sociedad Civil para la transparencia en las Industrias Extractivas.

Para Mariela Cardona, cocinar con leña y gasolina es tan solo un recuerdo en la finca donde vivió su juventud en una vereda de Aguadas, Caldas. La transición entre cocinar con leña a hacerlo con gas fue lenta, pero a finales de los años 90 ya se había logrado. Lo hizo porque escuchó a sus vecinos y a funcionarios de la alcaldía hablar de las ventajas que este cambio traería para la salud humana y el medio ambiente.

Como en el caso de Mariela, la transición energética pretende ir reduciendo el consumo de carbón, petróleo y gas como principal fuente de energía, para avanzar en la implementación de energías limpias y renovables, amigables con el medioambiente, tales como energía hidroeléctrica, eólica, solar, la biomasa, entre otras.  Este tránsito tiene el mismo objetivo que se perseguía en su momento al dejar de cocinar con leña o gasolina: cuidar la salud de las personas y mitigar los efectos adversos del cambio climático.

El mundo le apuesta al cambio

Países como Noruega, Islandia y Dinamarca, son algunos de los que están liderando este cambio en Europa, según el informe del Fostering Effective Energy Transition, edición 2021.

En Latinoamérica también se abre terreno la iniciativa con países como Uruguay, que entre 2017 y 2021 generó el 94% de la energía eléctrica a través de fuentes renovables, según información del Ministerio de Industria, Energía y Minería de ese país. En los últimos años, Colombia ha venido siguiendo estos pasos y trabaja en llevar a cabo acciones para el fortalecimiento de la transición energética a nivel regional. Por ejemplo, el actual gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, dio a conocer el texto del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, el cual tiene 5 grandes metas y una de esas es la Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática, donde se propone fomentar la transición energética a partir de la “diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos”.

Además, el país tiene como meta la reducción del 51% de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en el 2050, según la  Estrategia Colombia Carbono Neutral (ECCN) bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Primero la gente

Según Juliana Peña Niño, del Natural Resource Governance Institute^[1], para que la transición energética tenga éxito debe estar enfocada en los ciudadanos y ciudadanas. “Las transiciones son cambios que se planean y están de la mano con la participación de las comunidades y los principales implicados”, comenta.

Asegura, que estos diálogos deben tener un enfoque diferencial según las regiones, para así poder atender las necesidades económicas, políticas, sociales y ambientales de cada territorio “La legitimidad y el diálogo es diferente en una región como La Guajira, Cesar o la Amazonia colombiana. Es entender que existen cadenas productivas diferenciales”.

Juliana también es enfática en mencionar que los gobiernos y las empresas como parte de la transición energética deben generar mecanismos de intervención regionales, metodologías de participación, y la publicación de la información en diferentes formatos y lenguajes de fácil acceso y comprensión, para que los ciudadanos entiendan las consecuencias y necesidades de la transición: “Hay que ir más allá de solo hacer pública la información, es explicarla, asegurarse que sí se entendió, para así reducir asimetrías con la ciudadanía, para garantizar el éxito de la transición”.

Mayor participación ciudadana

Aunque la Constitución Política de Colombia y diferentes leyes como la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, la Ley 1712 de 2014 de Transparencia, ofrecen garantías jurídicas para la participación ciudadana y mecanismos de cooperación de organizaciones de la sociedad civil, para algunos expertos estas herramientas se quedan cortas y a veces, en la práctica, no hay garantías para su debido cumplimiento.

Óscar Iván Galvis Mora, de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono Adaptada y Resiliente, asegura que la información que existe no está en un lenguaje claro y sencillo para que un ciudadano de a pie la comprenda y pueda tomar acciones.

“Puedes encontrar documentos sobre transición energética, pero algunos siguen siendo muy técnicos, lo que crea una limitante para el acceso a la información”, además, explica la importancia de dialogar con las comunidades y poner la información al alcance de todos, incluyendo plataformas digitales, pero también metodologías para personas que no tienen acceso a estas. Incluso, propone ir más allá del idioma español, recordando que hay diferentes comunidades indígenas que no tienen a su alcance esta información en sus idiomas.

Ambos expertos resaltan la importancia de las articulación de diferentes instancias ciudadanas como ONG´s, fundaciones, comunidades de base y otras organizaciones de la sociedad civil para que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en la formulación de políticas públicas. Ejemplo de ello, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en la Industrias Extractivas que promueve el acceso a la información y la participación ciudadana en temas asociados a la transición energética a partir de los aportes de las más de 20 organizaciones que la conforman.

Ante las preguntas planteadas para este reportaje, Mariela Cardona, quien transitó de la leña al gas natural, abre Google, presiona buscar por voz y pregunta: “Transición energética en Colombia”, el buscador le arroja varios resultados que le dan luz, pero se pregunta ¿por qué la mayoría de información que aparece proviene de los medios de comunicación, el gobierno nacional y muy poco de las Industrias Extractivas? Evidenciando que el trabajo debe continuar en esta línea.

Para más información puede escribir a: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

[1] Organización miembro de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas.

The post El camino hacia las energías renovables appeared first on Mesa de la Sociedad Civil para la transparencia en las Industrias Extractivas.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas presenta al público general el Informe de Espacio Cívico en Colombia (2019-2022) presentado en el marco del proceso de validación EITI 2022, el cual concluye que persisten dificultades, riesgos, restricciones y alarmas en la generación de un entorno habilitante para la efectiva participación de la ciudadanía en la gobernanza de sus recursos naturales, y muestra cómo los conflictos socioambientales y la violencia  existente en el contexto en el que operan las industrias extractivas generan temor y resistencia por parte de la sociedad civil para ejercer control, dialogar y utilizar información de los informes EITI en procesos de toma de decisiones públicas. También presenta el documento de valoraciones y recomendaciones a EITI Colombia sobre 6 temas prioritarios para sociedad civil, con el propósito de atender a las demandas, necesidades y oportunidades de mejora en la implementación del estándar en el país, para que estas se puedan ver reflejadas en el Plan de Acción Nacional (PAN) en la siguiente vigencia del proceso EITI Colombia.

La Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar mundial que promueve la gestión abierta y responsable de los recursos del petróleo, gas y minerales, y busca fortalecer la gobernanza de los recursos naturales en el sector extractivo colombiano. En nuestro país, por medio de una mesa de diálogo tripartito, EITI Colombia busca consolidar relaciones y generar información de calidad por medio de un trabajo articulado entre empresas privadas, gobierno y sociedad civil. Para este fin, se publican anualmente informes y algunos estudios temáticos sobre la gestión de los recursos emergentes en la cadena de valor de esta industria, a partir de 7 requisitos:

En el 2022, inició el segundo proceso de validación de EITI en Colombia. Este proceso se trata de un mecanismo en el que el país es evaluado en cuanto a su capacidad de cumplir con las disposiciones del Estándar EITI y el aseguramiento de la calidad de la información reportada. Siguiendo los lineamientos establecidos a nivel internacional por EITI para ese fin, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias extractivas elaboró  dos insumos clave para sustentar sus posturas y la situación que históricamente hasta hoy ha afrontado la ciudadanía en cuanto al acceso a la información, la participación y la búsqueda de transparencia en la industria extractiva.

El primer documento surgió a partir del trabajo del subcomité EITI de la Mesa, en el cual se seleccionaron 6 temas prioritarios de acuerdo con experiencias de diferentes organizaciones de sociedad civil a nivel nacional. A partir de ellos se inició un trabajo de investigación para el diagnóstico y valoración de aspectos clave, sus avances y sus oportunidades de mejora. Así, en cada uno de estos ítems se formularon una serie de recomendaciones para abordar los vacíos identificados y fortalecer la implementación del EITI en Colombia. Varias de estas recomendaciones estuvieron relacionadas con temas como: desagregación de datos, articulación institucional, mejora de mecanismos de gobernanza del CTN, utilización de lenguaje claro, implementación de un enfoque diferencial, desarrollo de estrategias de formación e incidencia, adecuación a las demandas de información de la ciudadanía, importancia de un contexto socioambiental y, especialmente, la inclusión de temas prioritarios para la sociedad civil en la elaboración del siguiente PAN.

El segundo es un informe detallado de la situación del Espacio Cívico en Colombia, durante el período 2019-2022, el cual fue desarrollado con el apoyo y financiación de Publish What You Pay -red global de sociedad civil de la cual hace parte la Mesa. Este informe cobra gran importancia frente al proceso de validación, dado que evalúa cada componente del Protocolo EITI para la Sociedad Civil (expresión, operación, asociación, participación, acceso a la toma de decisiones públicas, documentación disponible) en Colombia. Este documento recoge intervenciones de organizaciones de la Mesa, organizaciones sociales externas, comunidades de base, academia y expertos. En él se expone la importancia de hacer un mayor énfasis en la comprensión del contexto que viven las comunidades y líderes sociales que habitan en zonas de influencia de operaciones extractivas, pues, en la práctica, se evidencian riesgos, miedos y alertas para su efectiva participación en escenarios de toma de decisiones, a pesar de que haya marcos legales que dispongan que deben existir garantías jurídicas en estos escenarios. Al no haber espacios de debate, no hay uso de la información EITI, por ende, se plantean, entre varias, recomendaciones como: incluir contexto socioambiental, asegurar la implementación del Protocolo para la Sociedad Civil, elaborar una estrategia de protección para líderes sociales, incentivar la participación de comunidades étnicas y organizaciones de sociedad civil que no son miembros de la Mesa.

La Mesa les extiende una invitación a leer y usar la información plasmada en estos documentos y así, reflexionar sobre el rol del EITI frente a la protección y promoción de la participación ciudadana, los retos de estrategias para el acceso y uso de la información, y la generación de espacios de diálogo y debate informado y su impacto en el país.

Sobre la Mesa

En la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en la Industrias Extractivas promovemos la participación ciudadana y el acceso a la información , con una plataforma de más de veinte organizaciones sociales e instituciones académicas de diferentes regiones del país, que conjuntamente realizan actividades de investigación, incidencia y control ciudadano en torno a la transparencia del sector extractivo.

• Análisis del espacio cívico en Colombia en el marco del proceso de Validación EITI 2022.
• Valoración y recomendaciones de los temas prioritarios para sociedad civil Validación EITI 2022.

Para más información puede escribir a: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

The post Insumos aportados por sociedad civil al proceso de validación EITI 2022: Informe de Espacio Cívico y recomendaciones a EITI Colombia appeared first on Mesa de la Sociedad Civil para la transparencia en las Industrias Extractivas.

Bogotá, 17 de mayo de 2022

La importancia de este acuerdo para Colombia radica en la cantidad considerable de conflictos ambientales y en la difícil situación de los lideres y lideresas ambientales, pues es el país más riesgoso para asumir este rol en América Latina y el Caribe. Su implementación puede mejorar sustancialmente el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones medioambientales, así como el acceso a la justicia en asuntos que involucran el uso de los recursos naturales.

Desde la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas hacemos un llamado a los senadores de la República para que ratifiquen el Acuerdo de Escazú, en pro de mitigar las problemáticas socioambientales que aquejan a gran parte del territorio nacional y en miras a la Agenda 2030 y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

The post Escazú tendrá su segundo debate este martes 17 de mayo en el Congreso de Colombia appeared first on Mesa de la Sociedad Civil para la transparencia en las Industrias Extractivas.

La minería en territorios étnicos es un asunto en el que convergen prácticas ancestrales, derechos territoriales, intereses económicos, protección ambiental, ordenamiento territorial, derechos humanos, entre otros asuntos, y, por ende, no está libre de controversias y debates. Ejemplo de ello son las tensiones alrededor de la implementación plena y transparente de la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado a la hora de autorizar proyectos mineros (nacionales e internacionales) en territorios étnicos y la actual carencia de un marco jurídico e institucional adecuado, producto de un auténtico diálogo intercultural, para el uso y aprovechamiento de minerales por parte de los grupos étnicos.

Ciclo III: Conservación y diversificación en territorios mineros del Pacífico

The post Tercer ciclo del diálogo sobre minería en territorios étnicos appeared first on Mesa de la Sociedad Civil para la transparencia en las Industrias Extractivas.

The post El camino hacia una reactivación económica justa y sostenible appeared first on Mesa de la Sociedad Civil para la transparencia en las Industrias Extractivas.

105 proyectos entre 2013 y 2019 se encuentran comprometidos en aquellos que no han sido entregados o cerrados en el departamento del Cesar y que pertenecen al Sistema General de Regalías, SGR, según datos publicados por el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías en el Cesar, CSIR.

The post Más de $775.000 millones comprometidos en proyectos sin culminar en el Cesar appeared first on Mesa de la Sociedad Civil para la transparencia en las Industrias Extractivas.

Miércoles 17 de noviembre, 2.5 horas. El primer día del evento iniciará con una presentación introductoria y posteriormente, el debate se dividirá en dos paneles: (1) transparencia y acceso a la información ambiental, y (2) transición energética.

Jueves 18 de noviembre, 2 horas. El segundo día del evento iniciará con una presentación introductoria y posteriormente el debate se enfocará en el panel: defensores de derechos ambientales, en el marco del Acuerdo de Escazú. ​

The post Debates EITI: ¿Qué falta? Retos y oportunidades de la transparencia socio-ambiental en América Latina y el Caribe appeared first on Mesa de la Sociedad Civil para la transparencia en las Industrias Extractivas.

La empresa explicó que su salida se dio porque no dan las cuentas desde el punto de vista financiero para desarrollar la operación, debido a la baja cotización del mineral en el mundo.

“La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante. Durante los últimos 30 años de actividad minera en el país, el grupo ha invertido más de 3 billones de dólares y pagado alrededor una cifra similar en regalías e impuestos”, explicó la empresa en un comunicado.

“Teníamos el hotel hace treinta años –se lamenta Marcos–. Alquilábamos habitaciones a los trabajadores de Prodeco. Al mes el negocio generaba un promedio de ingresos de 6 millones de pesos, ahora escasamente tenemos un huésped que nos representa 300.000 pesos. Estamos a punto de cierre”.

El cese de la actividad minera se evidencia significativamente en La Jagua de Ibiríco, ya que el 80 por ciento de su dinámica económica se deriva directa e indirectamente de las explotaciones de carbón.

“Al final, en la empresa no quedará nadie. Serán 5.000 empleos que se van a perder, entre directos e indirectos, en las dos minas de La Jagua y Calenturitas”, aseguró Alfredo Coronado, asesor de minas de la Gobernación del Cesar.

Coronado agrega que el impacto es alto, pues el salario promedio era de 3 millones de pesos, así que “estaríamos hablando de 15.000 millones mensuales, lo que al año serían 180.000 millones, el dinero que circulaba en la zona”.

Y también se afectarán los ingresos del municipio. “Dejaremos de percibir alrededor de 20.000 millones de pesos en regalías, así también de la cantidad de recursos que dejan de circular porque la mayoría dependen de estos recursos”, recalcó el Ovelio Jiménez, alcalde de La Jagua.

Ya el pueblo es otro. Los establecimientos comerciales disminuyeron notablemente sus ingresos, algunos no aguantaron el embate y se vieron obligados a cerrar, mientras que otros funcionan a la mitad. Las personas dedicadas al servicio de lavandería y de alimentación han dejado estos oficios y aumentó la informalidad en la zona, como el mototaxismo y ventas callejeras.

Jaime Luis Ochoa, uno de los empresarios de la zona minera, afirma que el cierre de Prodeco afectó su campo de acción por el no pago a los créditos bancarios, a los cuales accedió para la consolidación de los procesos de su negocio, la compra de maquinaria e insumos con los que venía brindando servicios a la compañía.

“La empresa minera nos dejó a la deriva. Prestaba servicios de entrenamiento de operación, de equipos pesados y seguridad industrial. La creamos en el 2008 y desde el 2017 prestaba servicios a esa compañía y tuvimos que cerrar el 24 de marzo del año pasado. Tengo los establecimientos y cuentas personales embargadas y hoy estamos en la quiebra. El Fondo Nacional de Garantías nos está cobrando el respaldo que ofreció para estos créditos. El Gobierno Nacional no ha dicho nada hasta ahora”, recalcó Ochoa.

Consecuencias en todo Cesar

La explotación carbonífera es una de las actividades preponderantes del Cesar, que impacta no solo a La Jagua de Ibirico sino también la dinámica comercial de los otros municipios del llamado corredor minero: Agustín Codazzi, Becerril, El Paso y Chiriguaná.

Al año se explotan en la región 46 millones de toneladas, a través de las cuales se perciben recursos cercanos a los 225.000 millones de pesos, producto de las regalías directas.

Y con la salida de Prodeco, el Cesar dejaría de percibir cerca del 30 por ciento de las regalías anuales que ha venido generando la actividad minera, la cual está fluctuando entre 40.000 y 60.000 millones de pesos.

“La compañía contribuía en el gran total que tiene el departamento en promedio de 15 y 18 millones de toneladas que estaba produciendo últimamente”, indicó Manuel Mejía Pallares, secretario de minas del Cesar.

Un coletazo para los habitantes del corredor minero, dirigentes políticos y gremios del departamento que, al parecer, no los tomó por sorpresa, ya que la compañía venía haciendo despidos desde el 2020.

“Desde la pandemia se suspendieron todas esas operaciones en estas zonas”, precisó Jesús Chacón, miembro del sindicato de trabajadores.

“La empresa tenía cerca de 2.600 trabajadores, de los cuales 300 fueron despedidos y 1.200 se acogieron a los planes de retiro voluntario que viene ofreciendo la compañía. En estos momentos tiene 950 trabajadores”, explicó Robertson Salazar, secretario general de Sintramienergética, de La Jagua.

Frente a este panorama, la Agencia Nacional de Minería (ANM) tiene plazo hasta mañana para pronunciarse frente a la renuncia de los títulos por parte del Grupo Prodeco, valorando las obligaciones ambientales, económicas y sociales que tiene la empresa en el territorio.

“Es decir, se deben revisar todas estas obligaciones contraídas por la compañía, acorde a la licencia del contrato, sanear la responsabilidad minera, la compensación con el departamento y los municipios”, dijo Mejía Pallares.

¿Ha llegado a su fin la industria del carbón?

Expertos tienen versiones encontradas sobre el futuro de la industria del carbón en Colombia.

La caída del precio, la pandemia y la descarbonización en el 2020 agudizaron la crisis de este sector.

A la noticia de Prodeco se sumó que el año pasado El Cerrejón cerró sus exportaciones con 13,6 millones de toneladas (el más bajo en los últimos 18 años, lo que representa una caída del 50 por ciento respecto a las exportaciones de 2019). La que no tuvo tan malos resultados fue la Drummond, que registró un decrecimiento del 10,3 por ciento en la extracción y del 4,4 en sus ventas al exterior.

Pese a esto, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), sostiene que la industria no ha llegado a su fin en nuestro país.

“Colombia tiene una gran oportunidad para llegar a nuevos mercados. La demanda del mineral ha cambiado su destino y lo seguirá haciendo, concentrándose en Asia”, señala Nariño, quien agrega que el país tiene 70 años de reservas que aún están pendientes para extraer y seguir generando empleo, impuestos y regalías.

Sin embargo, Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, asegura que el carbón vive su cuarto de hora final, lo cual -señala- debería darle al Gobierno Nacional y a los que se dedican a este campo un aliciente para devolver a las regiones carboníferas lo que históricamente se les ha negado.

“Hay una tendencia en el mundo de avanzar a energías mucho más limpias, por lo que el carbón no está en esos planes. Es necesario que esa malversación histórica de los recursos de regalías se les regrese con proyectos sociales e inversiones reales para esas zonas que viven de estos recursos, porque en el momento de salir van a quedar a la deriva”, expresa Vera.

Sobre el panorama del carbón en el país, Vera sostiene que en la medida en que Estados Unidos avance en su implementación de explotar yacimientos no convencionales, Colombia podrá avanzar en el uso del carbón de forma responsable para aprovechar la recta final de este material.

The post La crisis del carbón golpea a los pueblos del Cesar appeared first on Mesa de la Sociedad Civil para la transparencia en las Industrias Extractivas.