El Congreso del país centroamericano aprobó una ley que rechaza la extracción de metales. Según los diputados, va a tener un efecto mínimo en la economía pues representan 0.3% del PIB y podría salvar el 90 % de las aguas superficiales, que hoy en día están contaminadas.
El Salvador acaba de hacer historia al convertirse en el primer país del mundo que prohíbe la minería de metales.
El miércoles, el Congreso del país centroamericano se reunió y con 69 votos a favor, de un total de 84, aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. De esa forma, los legisladores declararon a El Salvador como un territorio libre de minería.
Al quedar vetada la explotación en el suelo y el subsuelo salvadoreños, como dice el decreto legislativo que dio vida a la ley, quedan cerrados los procesos que estén abiertos para la obtención de licencias mineras.
Con la ley se les da un plazo de dos años a los mineros artesanales que dependen de esta actividad para su subsistencia familiar para que transformen sus actividades en unas más sostenibles, con el apoyo estatal.
El Congreso también le ordenó al Ministerio de Economía proceder “al cierre de minas metálicas” y coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente el remedio “a los daños causados por las minas”, para “devolver a la población las condiciones de un ambiente sano”.
Los diputados, no obstante, no prohibieron la fabricación artesanal, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos, punto que se contempló en las discusiones.
Para Pedro Cabezas, líder de Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, “esta es una victoria para las comunidades que, durante más de una década, se han organizado implacablemente para mantener a las empresas mineras fuera de sus territorios. La prohibición garantiza la viabilidad ecológica a largo plazo de un país ya considerado uno de los más vulnerables ambientalmente en el mundo”, dijo al The Guardian.
El diputado oficialista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Guillermo Mata, dijo que lamentaba la demora en promulgar una ley que tomó más de 12 años de discusiones y para la cual fueron presentadas al menos seis iniciativas. Además comentó que la ley “está bañada con sangre”, dado que cuatro ambientalistas fueron asesinados por defender la protección de los recursos naturales en el norte del país.
Las encuestas nacionales ya habían informado sobre el deseo de los salvadoreños de hacerle frente a la minería, y durante este mes miles de personas salieron a las calles para apoyar el proyecto de ley, que fue respaldado por la Iglesia católica, académicos y grupos de la sociedad civil. Mientras se llevaba a cabo el debate legislativo, varios activistas llegaron a la capital del país, San Salvador, con pancartas que decían “No a la minería, sí a la vida”.