La minería ilícita en Colombia atraviesa y viola todo tipo de fronteras, desde las geográficas, la de los derechos humanos de las comunidades que habitan en los territorios donde se explotan estos recursos naturales, hasta las ambientales, sociales y económicas.

En el mapa de la minería en Colombia convergen diferentes tipos de minería, se puede hablar de aquella que se rige por un marco legal, como el caso de la minería formal o legal que cumple los diferentes requisitos exigidos por la ley colombiana para la explotación de recursos naturales y generalmente se da a gran escala; y la artesanal o ancestral, es decir, aquella actividad llevada a cabo tradicionalmente y utilizando poca tecnología y maquinaria, a pequeña escala.

Por otro lado, encontramos la minería que no es legal, también conocida como  informal o ilegal, la cual se lleva a cabo sin un título minero debidamente registrado, pero sin la incidencia de actores al margen de la ley de por medio; además, de aquella minería que tiene tras de sí actores armados al margen de la ley y que se relacionan con otros delitos como el narcotráfico o lavado de activos.  Aunque generalmente el Estado, las organizaciones y otros actores, no hacen diferenciación entre la minería informal y la aquella que es promovida por grupos criminales.

Según un informe de la Contraloría General de la República del 2022, la minería ilegal está acabando con los ríos en Colombia, y cerca del 85 por ciento del oro que exporta el país es producto de esa actividad.

Transparencia por Colombia explica en su sitio web: “La minería ilegal es una de las principales causas de deforestación y contaminación ambiental en Colombia. Para iniciar las operaciones mineras ilícitas es necesario arrasar amplias áreas de bosque, lo que deja sin hábitat a gran parte de la biodiversidad”.

Otras formas de minería afectadas por la criminalidad

El medioambiente no es el único afectado con esta actividad, que se concentra principalmente en la explotación de oro, aunque también se hace con otros metales como platino y plata.

Esteban Martínez, del Grupo de Diálogo de Minería en Colombia (GDIAM), asegura que, en medio de la lucha por acabar con este tipo de actividades, han quedado los mineros artesanales, los formales e informales, que son estigmatizados por la sociedad, la fuerza pública y medios de comunicación; además de ser extorsionados y violentados por los grupos y estructuras criminales que están detrás de la minería ilícita.

Legislación clara

Martínez resalta que para acabar la minería promovida por grupos criminales, primero se debe tener claridad legal: “El gran problema inicia porque en Colombia no se tiene una regulación diferenciada, hay que distinguir los actores y los diferentes tipos de minería, para no confundir los mineros legales, artesanales, informales, con los criminales”, menciona, y agrega que el primer paso para empezar a ganar esa lucha a la minería promovida por grupos ilegales, más allá de detonar maquinaria amarilla, es tener reglas claras y proteger a los otros tipos de mineros; además de una fuerte presencia de todos los actores del Estado, no solo ejército o policía, también oferta educativa, alternativas productivas, entre otras.

Además de esta propuesta, Isabel Blandón Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación Atabaque, cree que otro desafío para disminuir o contrarrestar este tipo de minería, es la correcta implementación de los Acuerdos de Paz, lo que también incluiría una alta presencia institucional del Estado, y donde se involucre la reincorporación económica en regiones donde las actividades mineras son la base económica, teniendo en cuenta que en la mayoría de estas zonas hay alta presencia de cultivos de uso ilícito, como la coca.

Departamentos como Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Amazonas, son los principales afectados por la minería financiada por grupos delictivos, específicamente con la explotación de oro, según el informe ‘Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2020’ presentando por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y que contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía. Este informe también menciona que el 69 % de la actividad minera detectada es ilícita.

Garantías y transparencia

*Humberto Salazar ha trabajado en la minería informal por más de 30 años, en departamentos como Antioquia y Risaralda, comenta que aprendió a convivir con grupos ilegales para trabajar, pero menciona las afectaciones que ha traído para su trabajo:

“Uno a veces tiene que arriesgar la vida al convivir con esos grupos, porque a ellos no les importa nada, llegan a un río o a una tierra y acaban con todo, sin importarles nada. De por medio hay  violaciones, extorsiones y asesinatos”, asegura.

Reclama garantías del Gobierno. Humberto aclara que él y otros mineros no se animan a denunciar porque “el Gobierno promete, pero no cumple” y hacer una denuncia en un territorio donde dominan grupos ilegales que se infiltran en la sociedad es “tener la muerte asegurada”, explica.

Presencia del Estado y trabajo conjunto

Organizaciones no gubernamentales como la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés), creen que una mayor y mejor presencia del Estado, que incluya oferta institucional de calidad en las zonas donde avanza la minería impulsada por grupos al margen de la ley, ayudaría a combatirla. Debe haber incentivos por parte del Estado para que los mineros se formalicen: “En algunos casos los mismos grupos armados son quienes limitan la participación de ciudadanos, mineros y mineras en los escenarios de diálogo donde pueden surgir iniciativas para combatir el fenómeno y en general, para buscar soluciones a los desafíos de su territorio”, explica Jose Luis Gil, responsable de gobernanza de la ARM.

También habla del papel que deben jugar las industrias extractivas en aportar en estas luchas. “En muchos territorios las industrias extractivas conviven con mineros artesanales e informales, en este caso, la voluntad de las compañías y el Estado es esencial, debido a que podrían ayudar a capacitarlos, apoyarlos en su proceso de formalización, esta es una manera de acercar a estas personas a la legalidad y controlar para que no caigan en la minería criminal”.

Isabel Blandón resalta la importancia de un trabajo articulado en los diferentes niveles, desde lo local, hasta lo nacional; además de un planeamiento minero que sea equitativo entre los diversos sectores sociales, económicos, políticos y ambientales. “El ordenamiento minero debe pensarse no solo desde el ciclo de los proyectos extractivos para dar línea a lo jurídico y normativo, sino desde las dinámicas sociales, culturales y ambientales de los territorios y regiones donde se dan las actividades extractivas en sus diversas escalas, de este modo, la presencia estatal debería pensarse desde un ordenamiento minero que apueste por una gobernanza minera enfocada en perspectiva de derechos humanos, biológicos, culturales y evidentemente un abordaje basado en los conflictos”, comenta.

Se pierde el rastro

Para los expertos, uno de los factores que favorece que actores armados patrocinen la extracción de oro, es que este metal precioso se puede comercializar y transportar fácilmente en todo el mundo y no hay trazabilidad, es decir, el rastro se pierde cuando se vende. De esta forma los grupos ilegales aprovechan para hacer lavado de dinero y financiar actividades criminales.

Uno de los problemas para seguirle el rastro al oro, explica Isabel Blandón, es que en Colombia este tema se ha dado principalmente en una trazabilidad documental, y no a una más amplia que implique procesos de análisis, monitoreo de riesgos de terreno, entre otros, para así reducir el margen de maniobra de actores que están detrás de la minería fomentada por bandas delincuenciales.

A pesar de los esfuerzos que hace el Estado, la minería ilícita avanza y a su vez devora el medioambiente, la Contraloría llama a este fenómeno: “masacre ambiental”.

Propuestas

Desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de  los mineros artesanales e informales, surgen iniciativas de participación para apoyar esa lucha y propuestas como dotar y capacitar a la población de métodos de monitoreo que brinden insumos técnicos para exigir la acción del Estado, cuantificar y tener un sistema de información seguro donde se haga monitoreo de la minería informal y la actividad extractiva financiada por la criminalidad, capacitar a la fuerza pública para que en sus intervenciones sepan diferenciar los diferentes tipos de mineros, tener una gran empresa minera en Colombia, como se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo, que sirva para formalizar al sector artesanal, tener rastro del oro que sale de Colombia hacia al mundo, entre otros beneficios.

La transparencia y la participación ciudadana, por los que trabaja la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas,  son factores clave para enfrentar desafíos sociales y ambientales como la minería auspiciada por la criminalidad y la minería ilegal. Cuando los diferentes actores involucrados – mineros, organizaciones de la sociedad civil y Gobierno – trabajan juntos pueden establecer una base sólida para la toma de decisiones responsables y sostenibles.

Para más información puede escribir a: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

*El nombre fue cambiado por solicitud de la fuente para proteger su identidad.