La Agencia Nacional de Minería (ANM) en alianza con la Fundación Universitaria del Área Andina sede Valledupar, realizaron el pasado 26 de Julio de 2017 el foro “Minería Bien hecha”, dándole espacio al debate en temas como “Minería bien hecha y diálogo social”. En este espacio de discusión participaron representantes de las diferentes instituciones involucradas en la actividad  minera, entre ellos: el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, el Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Alberto Botero, la Presidenta de la ANM, Silvana Habib Daza, la Directora Ejecutiva del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), María Isabel Ulloa, la Rectora del Área Andina y Presidenta del Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías –CSIR Cesar- Gelca Gutiérrez Barranco, la Secretaria de Minas y el Secretario de Ambiente del departamento del Cesar, Carmen Galvis y Arturo Fernández, respectivamente. También participaron alcaldes de municipios mineros del departamento del Cesar y la Guajira y representantes de las empresas mineras Drummond, Prodeco y Cerrejón.

En este espacio se consideró  que en Colombia y a nivel subnacional, las regiones están estancándose en debates que no conducen al aprovechamiento de las condiciones actuales en las que se encuentran los territorios; como a su vez, se alejan de la búsqueda de  soluciones de fondo a los problemas de ordenamiento territorial, planeación y ejecución de proyectos. Se destacó que el sector productivo, especialmente en el Departamento del Cesar, aporta a toda la nació, significativas cifras por concepto de la actividad minera operada en el departamento.

La empleabilidad, los encadenamientos productivos, el desarrollo territorial, el aprovechamiento de los espacios comunitarios para escuchar y apoyar procesos de formación y el empoderamiento de la actividad minera, son retos del sector, que evidencian avances significativos. Sin embargo, aún requieren de estrategias de intervención y sostenibilidad en el tiempo, para que se puedan obtener resultados diferentes, especialmente, que se logre entender el modelo económico, la sostenibilidad del mismo y el marco legal que soporta el ejercicio de cada uno de los eslabones de la economía en nuestro país. No se trata de generar caos y de hablar solo de impactos negativos, es necesario también analizar las acciones positivas y definir si se puede de manera responsable, legal y sostenible realizar actividad minera, aportando y generando desarrollo en las regiones.

Para hablar de minería bien hecha y diálogo social, se debe partir de conocer y es aquí en donde la Fundación Universitaria del Área Andina, a través del CSIR, ha creído que se deben generar cambio. El seguimiento a la inversión no es posible, si los veedores, líderes comunitarios, funcionarios de la administración departamental y municipal, no conocen el sector, no dominan los temas de encadenamiento productivo, legislación minera y ambiental, antecedentes; y lo más importante planeación, planes de desarrollos coherentes con las necesidades del territorio, formulaciones de proyectos que generen cambios. Es este el enfoque del comité, más que aportar cifras y generar informes cuantitativos del sector, queremos impactar y transformar a través de la trasmisión de conocimientos.

María Isabel Ulloa, Directora Ejecutiva del GDIAM, precisó que un diálogo distinto en un sector que representa el 2.5 por ciento del PIB, genera 350 mil empleos, tiene que ser permanente, las mesas de trabajo tienen que tener una metodología de largo plazo, se deben comprender las dinámicas de los territorios, visiones locales y visiones de país, sobre cómo saber aprovechar los recursos naturales.

Las discusiones propias del sector minero tienen que replantearse, no se puede seguir discutiendo por las vocaciones del suelo. En la actualidad nos encontramos debatiendo entre sectores productivos, el sector agrícola enfrentado con el minero, en una discusión que si bien es cierto es propicia para el debate, no es solución para los problemas medio ambientales, Desarrollo sostenible, e índice de satisfacción de necesidades básicas.