La participación ciudadana como elemento crucial en los procesos de desarrollo territorial asociados al sector minero – energético, presenta una singularidad dada la coyuntura política y social que se ha desprendido de la aprobación comunitaria de proyectos de esta índole: las consultas populares se han posicionado como el mecanismo exclusivo para determinar, al interior de una comunidad local, la validez, pertinencia y oportunidad de los proyectos minero – energéticos en el marco de procesos de crecimiento económico endógeno y progreso social territorial.

No obstante, la participación ciudadana y comunitaria encuentra mayor asidero en procesos de planeación territorial en términos de ordenamiento espacial y de desarrollo local. En este sentido, reconocer y recobrar los mecanismos que se disponen en los instrumentos de planificación en materia de vinculación comunitaria a los procesos de desarrollo, son transversales a la consecución de acuerdos, a la inscripción ciudadana en el diseño, formulación e implementación de proyectos extractivos y a la generación y fortalecimiento del valor de corresponsabilidad en el éxito y apropiación de estos proyectos en el marco de gobernanza reflejado en el relacionamiento comunidad, empresa y Estado.

Por tanto, reconocer y entender el carácter multisectorial que rodea la participación comunitaria, más allá del ejercicio válido de la consulta popular, es generar valor estratégico en la inscripción de procesos de afianzamiento comunitario e institucional desde instrumentos de planeación local, regional y nacional, en un marco de generación de capacidades locales y de definición de vehículos de comunicación y tramitación de cara a elementos de interés público y nacional.

De esta forma, de cara a los procesos minero – energéticos es esencial determinar las diferencias que suscita la promoción de la participación en cada una de las actividades sectoriales. Si bien existe un paraguas normativo común que da cuenta de los instrumentos de planeación y ordenación territorial local, de desarrollo local y de participación ciudadana; las instancias de seguimiento y control, así como, las estrategias ancladas a particularidades sectoriales, encuentran rutas críticas diferenciales en el relacionamiento con comunidad, no solo por la naturaleza organizacional, sino también por los impactos sociales, económicos y ambientales que despierta cada sector. Esto último, también es necesario analizarlo en términos de oferta y demanda institucional (inputs – outputs) que determina el campo de compensación empresarial en los ámbitos ya señalados y en los mecanismos de relacionamiento más oportunos y pertinentes, determinados por los alcances, beneficios, tiempos, territorios e impactos de los proyectos.

La necesidad de articulación entre el gobierno local, regional y nacional, es nodal no solo en términos de relacionamiento y deliberación causada por la estructura de descentralización, sino también en la coordinación temática y de acciones consignadas en los planes de desarrollo de cada una de las instancias territoriales. Es decir, en aras de reconocer y promover los bienes y servicios de utilidad pública nacional, es esencial que los instrumentos de planeación del desarrollo se encuentren en la misma línea práctica y discursiva. Lo anterior, genera un efecto radial en los siguientes sentidos:

o   Genera seguridad institucional y jurídica de cara a la inversión del sector empresarial en territorios con potencial extractivo, previo análisis técnico de la UPME y de las autoridades ambientales competentes a propósito de la escala y alcance del proyecto.

o   Permite que la estructuración de los planes empresariales de exploración y explotación se coordinen con directrices de desarrollo determinadas en un marco de gobernanza multinivel entre las diferentes instancias de gobierno territorial. Esto es, la senda del desarrollo se surca de manera planificada y concertada, reduciendo el espacio de la especulación y la dispersión.

o   Los canales de participación ciudadana y comunitaria encuentran un mismo renglón de desarrollo y despliegue. Asimismo, se robustece este mecanismo a través de la capacidad de gestión pública ampliada a los diferentes niveles de gobierno, priorizando situaciones socialmente problemáticas y determinando acciones conjuntas de solución y trabajo en red.

o   Fortalece las capacidades instaladas institucionales en términos locales, consolidando el proceso de descentralización, sin que este sea un pulso entre los niveles de gobierno y, por el contrario, promoviendo los principios de cooperación, coordinación y subsidiariedad en pro de la participación ciudadana como factor virtuoso de desarrollo local.

Ahora bien, frente a procesos de toma de decisiones basados en información objetiva, es necesario que la caracterización de los activos ecosistémicos que tienen lugar en el marco de proyectos extractivos, se analicen a la luz de fases previas a la explotación, con el fin de contar con datos e información que posibiliten la discusión constructiva entre comunidad, empresa y Estado enmarcada en la economía de los recursos naturales. Esto, a su vez, permite generar rutas de trabajo inscritas en iniciativas de encadenamientos productivos tales como el pago por servicios ambientales, como mecanismo de activación económica de las comunidades y de preservación de estos soportes ambientales, con brazos de gestión propios o de terceros.

Asimismo, si bien se reconoce que los procesos de gestión social en actividades extractivas no surgen de una fórmula unificada, es necesario que se genere una Mesa de Diálogo Minero – Energético en la que se puedan concertar, en un ambiente multisectorial, arreglos institucionales de temas críticos de política pública. Asimismo, sirve de escenario de transferencia de experiencias exitosas y buenas prácticas de comportamientos empresariales en entornos de conflicto social, así como, de metodologías de relacionamiento comunitario a partir de diagnósticos participativos y acción colectiva.

Estas recomendaciones, expresadas en clave de política pública evidencian su pertinencia no solo por el contexto coyuntural de consultas populares, sino también por cuestiones estructurales que deben ser consideradas en el marco de reglas de juego claras en materia de participación comunitaria, como instancia de construcción colectiva de visiones de desarrollo territorial. En definitiva, la coordinación y coherencia de la planeación territorial y del desarrollo con los diferentes instrumentos y mecanismos de participación que se disponen en los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo municipal y regional, resultan ser escenarios de diálogo e incidencia en política pública a mediano y largo plazo; con inscripción ciudadana y comunitaria en etapas determinantes de los proyectos extractivos, aun cuando estos se encuentran en fase de exploración. Acuerdos tempranos entre sociedad civil, empresa y Estado generan relacionamiento, corresponsabilidad y tejido social: activos clave para proyectos de desarrollo territorial.