Durante este encuentro, el Consejo del EITI resolvió prorrogar el mandato de la presidenta Helen Clark para el mismo período, por lo que seguirá al frente de la iniciativa, del estándar mundial, el cual promueve la buena gobernanza, mejorando la transparencia, fortaleciendo la rendición de cuentas y facilitando el debate público sobre la gestión de los recursos naturales.

Luego de la prórroga de su mandado, Helen Clark señaló que el Consejo del EITI en cabeza suya ejercerá un papel clave en la definición de las prioridades estratégicas de la organización. “Estoy deseosa de trabajar con el Consejo para contribuir a implementar la versión renovada del Estándar EITI”, señaló.

Helen Clark fue Primera Ministra de Nueva Zelanda entre 1999 y 2008 y miembro del Parlamento de Nueva Zelanda de 1981 a 2009. Fue docente en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Desde abril de 2009 hasta abril de 2017 fue Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente trabaja en temas de desarrollo sostenible, desde la igualdad de género y el liderazgo de las mujeres hasta la acción climática, las políticas de salud y drogas, el gobierno abierto, la paz y la justicia.

Elecciones  latinoamericanas

Yessica Prieto Ramos es colombiana, politóloga especializada en resolución de conflictos y candidata a Maestría en gobernanza del riesgo y recursos naturales en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Tiene experiencia en análisis de conflictos medioambientales y desde 2015 está vinculada a la ONG colombiana Crudo Transparente como investigadora y actual directora nacional de Proyectos. Desde 2017 hasta junio de 2023 representó a esta organización en el Comité Tripartito Nacional de EITI Colombia, una de las tres organizaciones que promueven los intereses de la sociedad civil dentro de este grupo.

Dentro de las propuestas para su elección como parte del Consejo EITI, Yessica planteó promover la divulgación obligatoria de información ambiental y social que responda a los requerimientos de las comunidades, la desagregación de información sobre género tanto en la industria como en los territorios, así como la publicación de información sobre transición energética y los efectos climáticos de la producción de minerales e hidrocarburos, los compromisos de consulta previa y la provisión de información sobre garantías de derechos laborales de los trabajadores de la industria.

Vanessa Cueto es abogada y cuenta con amplia experiencia promoviendo la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y participación ciudadana en la política pública. En representación de la organización DAR, en Perú, ha participado en diversos espacios y redes de la sociedad civil peruana y latinoamericana, entre estos se destaca el Grupo de Trabajo Energía y Desarrollo Sustentable de la Clacso y el Grupo de trabajo de acceso a la información de certificaciones mineras y Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos (MinSus).

Aporte de las nuevas representantes

El Consejo del EITI es un grupo multipartícipe conformado por 20 representantes de países implementadores, países que apoyan al EITI, organizaciones de la sociedad civil, inversionistas institucionales y de la industria. Además, es el órgano principal de toma de decisiones, establece las prioridades para la organización y evalúa el avance de los países en el cumplimiento del Estándar.

Las y los representantes de los diversos países ante el Consejo del EITI aportan una especialización técnica muy variada que abarca la cadena de suministros, la investigación, la incidencia en políticas, la participación de partes interesadas y las habilidades para la negociación, además de importantes redes a nivel local, nacional, regional y mundial.

En ese sentido, los representantes constituyen un grupo bien preparado para abordar prioridades constantes y pioneras de la agenda EITI, como la protección de la sociedad civil y asuntos clave de las revisiones propuestas al Estándar como la transición energética, el género y la lucha contra la corrupción.

La toma de decisiones del Consejo EITI está basada en el consenso. Las decisiones se toman en las reuniones del Consejo, que se celebran de dos a cuatro veces por año, y vía circulares del Consejo.

Aunque existe una propuesta clara de acciones para trabajar durante este periodo 2023-2026 por parte de las representantes del Perú y Colombia, se invita a la sociedad civil a vigilar su labor y a brindarles su apoyo para sacar adelante esta labor de manera conjunta.

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Estos $31,1 billones, que ingresan al país como prestación económica a la explotación de los recursos naturales no renovables, se distribuirán según lo designado en el SGR, y de este valor, 10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, 3 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación; $3,4 billones financiarán proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. (ver distribución presupuesto).

Según Mapa Inversiones, en lo que va del 2023, se han aprobado 3.827 proyectos del SGR, con una inversión por $5 billones, de los cuales ya se han ejecutado $284 mil millones, en diferentes sectores como: agricultura, cultura, transporte, ciencia, tecnología e innovación, entre otros.

Para realizar un mejor seguimiento a estos proyectos, organizaciones como Transparencia por Colombia, han mapeado, promocionado y dispuesto diferentes herramientas donde se promueven mayores niveles de transparencia y acceso a la información en el sector extractivo. Entre estas herramientas está INFOBPIN, una plataforma tecnológica donde se puede rastrear el número de identificación de los proyectos de inversión de regalías (BPIN). (Aquí puede consultar más herramientas)

Además, el país ha podido avanzar en diferentes temas como inversión social o hasta la construcción de vías terciarias, con el uso de dineros de las regalías. Colombia ha conocido iniciativas que se destacan por el buen uso y gestión de estos recursos, como por ejemplo la interconexión de caminos ancestrales por parte de la Comunidad U’wa en Boyacá o en  la Universidad de Caldas, con un proyecto sobre biotecnológica para aprovechamiento de residuos.

En ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad del Rosario, tienen una iniciativa que mide los mejores proyectos en el país y las mejores entidades, respectivamente, dentro de estos destacan seis categorías como: Cierre de brechas, Innovación y economía Naranja, Generación de ingresos Sostenibles, Sostenibilidad ambiental, Integración regional y Mitigación de la Emergencia Sanitaria. Todas con impacto positivo en las regiones.

Otra cara

A pesar del impacto positivo que tiene el Sistema General de Regalías en las regiones, la corrupción también ha permeado estos dineros que le pertenecen a los colombianos.

Por ejemplo,  la Contraloría General de la República encontró pérdidas en los recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento del Magdalena por $26.520 millones derivadas de la falta de planeación, así como del incumplimiento en las actividades de interventoría y por obras sin entregar, en una auditoría realizada en el 2021, según información publicada en la página de la entidad.

A esto se suma también que esta misma entidad encontró que entre el 2012 y el 2017, se reportaron cerca de $840.000 millones de incidencia fiscal en recursos de regalías, es decir, “obras en riesgo de generar pérdidas por esta cifra”.

Y estos escándalos también han llegado a los medios nacionales, como uno que se dio a conocer en junio del año pasado relacionado con los OCAD Paz. Donde Blu Radio, denunció graves irregularidades que habrían tenido relación con la asignación de estos recursos y donde se estima, según ese medio de comunicación, que se perdieron $500 mil millones en pago de coimas. Entre los involucrados estarían, paradójicamente, funcionarios de la Contraloría, además de funcionarios del DNP y diferentes contratistas y congresistas.

Camilo Vallejo, coordinador del Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales, asegura que es grave la pérdida de este dinero público, y mucho peor aún, que entidades como la Contraloría a veces se quedan cortas en su función. También, asegura que mientras no se ejecute una sanción sobre los corruptos, no se tendrá un avance significativo.

Además, alerta sobre cómo entidades que administran estos recursos, no cumplen con divulgar la información de calidad, o subirla completa a las diferentes plataformas para hacer control ciudadano. “Hemos encontrado proyectos de regalías que aparecían en blanco. El Gobierno tiene muchas estrategias, pero no las cumple, creen que la transparencia no es relevante”, comenta.

Aunque, como menciona Camilo, existen estrategias de divulgación de información sobre las inversiones con los recursos de regalías, para él, estas se quedan cortas y asegura que más allá de las estrategias, tiene que existir un compromiso de las entidades con la transparencia, y explica que la información pública debe ir más allá de contar a quién se le asignó el contrato, y contar a los ciudadanos la información pública de estos proyectos.

La deficiencia en la información, las limitaciones para el control ciudadano de los recursos destinados a algunos proyectos, dice Camilo, limita el papel de la ciudadanía, que, aunque está pendiente de estos recursos, se encuentran con barreras al querer acceder a la información y consultarla de forma transparente.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas trabaja en el seguimiento y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en el Sistema General de Regalías – SGR, buscando incidir para que se mantengan en el más alto nivel los objetivos de transparencia, fiscalización y acceso a la información pública, así como la participación efectiva de la ciudadanía en el proceso de aprobación y seguimiento de los proyectos financiados con recursos de regalías.

Para más información escriba al correo: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

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La Mesa recibió con beneplácito su selección por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como organización que contribuye al desarrollo de la región.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas agrupa a más de 26 organizaciones a nivel nacional, teniendo como visión generar un movimiento de sociedad civil consolidado, fuerte y con alto grado de incidencia en el sector público y privado relacionado con las Industrias Extractivas en Colombia. Con esto, buscas cumplir su misión de lograr mayores niveles de transparencia, participación ciudadana, procesos de rendición de cuentas y acceso a la información pública en el sector extractivo colombiano.

Por su trabajo, la Mesa ha sido incluida en la plataforma WiConnect, del BID, que busca dar acceso a información de becas, llamado a propuestas, información de frontera sobre el sector, así como apoyar visibilizando la organización para donantes, otros especialistas y organizaciones que trabajan en América Latina y el Caribe. Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando en pro de la transparencia y en fortalecer la participación de sociedad civil desde nuestras líneas estratégicas en temas asociados a EITI, regalías y acceso a información en temas ambientales.

Enlace en WiCoonect: https://bit.ly/3KDtdyU

Para más información puede escribir a: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

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La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas presenta al público general el Informe de Espacio Cívico en Colombia (2019-2022) presentado en el marco del proceso de validación EITI 2022, el cual concluye que persisten dificultades, riesgos, restricciones y alarmas en la generación de un entorno habilitante para la efectiva participación de la ciudadanía en la gobernanza de sus recursos naturales, y muestra cómo los conflictos socioambientales y la violencia  existente en el contexto en el que operan las industrias extractivas generan temor y resistencia por parte de la sociedad civil para ejercer control, dialogar y utilizar información de los informes EITI en procesos de toma de decisiones públicas. También presenta el documento de valoraciones y recomendaciones a EITI Colombia sobre 6 temas prioritarios para sociedad civil, con el propósito de atender a las demandas, necesidades y oportunidades de mejora en la implementación del estándar en el país, para que estas se puedan ver reflejadas en el Plan de Acción Nacional (PAN) en la siguiente vigencia del proceso EITI Colombia.

La Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar mundial que promueve la gestión abierta y responsable de los recursos del petróleo, gas y minerales, y busca fortalecer la gobernanza de los recursos naturales en el sector extractivo colombiano. En nuestro país, por medio de una mesa de diálogo tripartito, EITI Colombia busca consolidar relaciones y generar información de calidad por medio de un trabajo articulado entre empresas privadas, gobierno y sociedad civil. Para este fin, se publican anualmente informes y algunos estudios temáticos sobre la gestión de los recursos emergentes en la cadena de valor de esta industria, a partir de 7 requisitos:

En el 2022, inició el segundo proceso de validación de EITI en Colombia. Este proceso se trata de un mecanismo en el que el país es evaluado en cuanto a su capacidad de cumplir con las disposiciones del Estándar EITI y el aseguramiento de la calidad de la información reportada. Siguiendo los lineamientos establecidos a nivel internacional por EITI para ese fin, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias extractivas elaboró  dos insumos clave para sustentar sus posturas y la situación que históricamente hasta hoy ha afrontado la ciudadanía en cuanto al acceso a la información, la participación y la búsqueda de transparencia en la industria extractiva.

El primer documento surgió a partir del trabajo del subcomité EITI de la Mesa, en el cual se seleccionaron 6 temas prioritarios de acuerdo con experiencias de diferentes organizaciones de sociedad civil a nivel nacional. A partir de ellos se inició un trabajo de investigación para el diagnóstico y valoración de aspectos clave, sus avances y sus oportunidades de mejora. Así, en cada uno de estos ítems se formularon una serie de recomendaciones para abordar los vacíos identificados y fortalecer la implementación del EITI en Colombia. Varias de estas recomendaciones estuvieron relacionadas con temas como: desagregación de datos, articulación institucional, mejora de mecanismos de gobernanza del CTN, utilización de lenguaje claro, implementación de un enfoque diferencial, desarrollo de estrategias de formación e incidencia, adecuación a las demandas de información de la ciudadanía, importancia de un contexto socioambiental y, especialmente, la inclusión de temas prioritarios para la sociedad civil en la elaboración del siguiente PAN.

El segundo es un informe detallado de la situación del Espacio Cívico en Colombia, durante el período 2019-2022, el cual fue desarrollado con el apoyo y financiación de Publish What You Pay -red global de sociedad civil de la cual hace parte la Mesa. Este informe cobra gran importancia frente al proceso de validación, dado que evalúa cada componente del Protocolo EITI para la Sociedad Civil (expresión, operación, asociación, participación, acceso a la toma de decisiones públicas, documentación disponible) en Colombia. Este documento recoge intervenciones de organizaciones de la Mesa, organizaciones sociales externas, comunidades de base, academia y expertos. En él se expone la importancia de hacer un mayor énfasis en la comprensión del contexto que viven las comunidades y líderes sociales que habitan en zonas de influencia de operaciones extractivas, pues, en la práctica, se evidencian riesgos, miedos y alertas para su efectiva participación en escenarios de toma de decisiones, a pesar de que haya marcos legales que dispongan que deben existir garantías jurídicas en estos escenarios. Al no haber espacios de debate, no hay uso de la información EITI, por ende, se plantean, entre varias, recomendaciones como: incluir contexto socioambiental, asegurar la implementación del Protocolo para la Sociedad Civil, elaborar una estrategia de protección para líderes sociales, incentivar la participación de comunidades étnicas y organizaciones de sociedad civil que no son miembros de la Mesa.

La Mesa les extiende una invitación a leer y usar la información plasmada en estos documentos y así, reflexionar sobre el rol del EITI frente a la protección y promoción de la participación ciudadana, los retos de estrategias para el acceso y uso de la información, y la generación de espacios de diálogo y debate informado y su impacto en el país.

Sobre la Mesa

En la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en la Industrias Extractivas promovemos la participación ciudadana y el acceso a la información , con una plataforma de más de veinte organizaciones sociales e instituciones académicas de diferentes regiones del país, que conjuntamente realizan actividades de investigación, incidencia y control ciudadano en torno a la transparencia del sector extractivo.

• Análisis del espacio cívico en Colombia en el marco del proceso de Validación EITI 2022.
• Valoración y recomendaciones de los temas prioritarios para sociedad civil Validación EITI 2022.

Para más información puede escribir a: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

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La reunión inició con una presentación por parte de Noel Murray (directora ejecutiva de Directorio Legislativo) del proyecto “Joining The Dots”, que busca explorar información patrimonial de funcionarios; contrataciones públicas; y licitaciones del sector extractivo, con el fin de identificar posibles conflictos de interés, corrupción o uso indebido de cargos públicos. Murray estuvo acompañada por Mark Robinson, director ejecutivo de EITI; y de Francisco París, director EITI en América Latina y el Caribe.

Esta exposición, además de la participación de las organizaciones sociales de la Mesa, contó con las intervenciones  de Claudia Báez, periodista de Cuestión Pública, y la organización experta en datos Datasketch, quienes valoraron positivamente el esfuerzo del cruce de datos para encontrar posibles conflictos de interés de funcionarios públicos en el sector extractivo. Se puede encontrar la transmisión de esta presentación en la página de Facebook de la Mesa.

Posteriormente, se realizó un panel sobre los avances del EITI Subnacional, en el que la Secretaría Técnica de EITI Colombia dio a conocer el estado actual de la implementación del estándar EITI en los territorios priorizados: Boyacá, Casanare, Cesar y Santander. Por parte de la sociedad civil, participaron ABC Colombia y el CSIR Cesar, quienes comentaron las visiones desde sus territorios sobre los procesos que se adelantan en la conformación de los comités locales.

Francisco París, por su parte, resaltó el rol de la sociedad civil en el proceso de validación del estándar EITI que iniciará Colombia en el segundo semestre del año. “Ustedes van a ser consultados, eso hace parte del espíritu del estándar. Va a haber muchas oportunidades de oír su voz en la validación. Y la mejor de las suertes para que en Colombia se le haga justicia a su esfuerzo”, expresó.

También se realizaron exposiciones sobre el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) y la iniciativa sobre denuncia y protección a denunciantes en el marco de las operaciones del sector extractivo, a cargo de la corporación Transparencia por Colombia.

La reunión culminó con una intervención de las organizaciones en representación de la sociedad civil ante el Comité Tripartito Nacional, instancia en la que, junto a gobierno y sector privado, se coordinan las acciones para la continuación del trabajo en el marco de la iniciativa EITI. Estas son Crudo Transparente, la Fundación Atabaque y Transparencia por Colombia.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas surgió en el 2013 y actualmente agrupa a más de veinte organizaciones sociales e instituciones académicas de distintos lugares del país. Su objetivo es buscar mayores niveles de transparencia y acceso a la información pública en el sector extractivo colombiano.

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Ante la alarmante situación de quienes defienden el ambiente en Colombia y la falta de garantías en la protección de los ecosistemas, así como la barreras que impiden la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas* le solicita al Congreso de la República ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), hacerlo significará un paso importante y positivo para asegurar el desarrollo sostenible del país, basado en el respeto al planeta o la Casa Común, con un enfoque de derechos humanos, justicia social y de participación ciudadana, así como la garantía del derecho a la vida de líderes y lideresas ambientales.

En ese sentido y como organizaciones que buscamos la transparencia en las regiones extractivas, insistimos en la ratificación de Escazú. Este tratado es una herramienta vital para regular los derechos ambientales en tres grandes aspectos: el Acceso a la Información, la Participación Ciudadana y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. No ratificarlo daría muestra de un Congreso que no tiene voluntad e impide que el país cumpla con este compromiso en el marco del cumplimiento de la protección de los D.D.H.H. y el respeto por la vida de quienes protegen el medio ambiente.

Desde el 2019, en el marco de la Gran Conversación Nacional, el gobierno colombiano suscribió el Acuerdo ante las Naciones Unidas.  En el 2020 fue radicado con mensaje de urgencia por el presidente Iván Duque, y en el 2021 fue de nuevo radicado en el Congreso por la presión de los grupos sociales y ambientales.

Sin embargo, desde su radicación, el proyecto de ley para ratificar el tratado regional tuvo precarios avances dentro del actual Congreso; solo se desarrollaron dos audiencias públicas en el 2021. Además, a pesar de su mensaje de urgencia en el 2020, no llegó ni al primer debate, aunque estuviera en el orden del día de la Comisión Segunda.

Ante estos hechos dilatorios -que dan cuenta de la falta de compromiso ante la comunidad internacional- y pese a que quedan pocas semanas del último período legislativo del Gobierno de Iván Duque, la oposición del Gobierno logró fijar en el orden del día la discusión del Acuerdo de Escazú en la Comisión Segunda del Senado para el próximo 26 de abril de 2022.

Insistimos en la urgencia de radicar este tratado en nuestra legislación, una herramienta que esperamos permita trabajar por dejar de ser el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales y con ello a reducir la extrema vulnerabilidad de ecologistas, indígenas y defensores ambientales en Colombia. Como lo indica el reporte internacional de Global Witness, para 2020, se registraron 65 asesinatos de defensores ambientales y en el 2021 ya se han contabilizado 56 homicidios, ubicándonos por segundo año consecutivo como el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales.

Vale la pena mencionar que, en enero de 2022 el primer asesinato de un defensor ambiental fue un menor de edad; integrante del resguardo indígena Las Delicias (Cauca), cuya voz fue apagada. Asimismo, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP alertó en las últimas semanas que el departamento de Santander es donde más se registran amenazas contra líderes ambientales.

Sea esta la oportunidad para solicitar como Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, que se dé cumplimiento al compromiso de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los sectores extractivos a través de la implementación del Estándar EITI. El cual fue firmado por Colombia en el 2018 y se espera validar en el 2022.

Por último, recordamos que, ratificar el Acuerdo de Escazú nos acerca a unos códigos éticos y de consensos para la construcción del bien común, y da muestra de que el Congreso está del lado de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que esperan mayores garantías para el acceso a una vida digna en Colombia.

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Bogotá, 26 de febrero del 2022

Este 25 de febrero se llevó a cabo la XXV Reunión de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, espacio en el que se trataron temas clave para para la promoción de la transparencia y el acceso a la información en el sector extractivo y la participación ciudadana en la implementación de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) en Colombia.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas es una instancia que surgió en noviembre del 2013 y que hoy agrupa a más de veinte organizaciones sociales e instituciones académicas, localizadas en distintos lugares del país.

Nuevos miembros

En su XXV encuentro, celebrado de manera virtual, se presentaron formalmente las nuevas organizaciones que se vinculan a la Mesa: NRGI y la Corporación Cívica de Caldas, así como la reactivación del Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías de Córdoba (CISR).

El Natural Resource Governance Institute (NRGI) es una organización internacional independiente sin fines de lucro. NRGI ayuda a las personas a obtener los beneficios de la riqueza de los recursos naturales, petróleo, gas y minerales de sus países a través de la investigación aplicada y enfoques para el desarrollo de capacidades y asesoramiento técnico.

La Corporación Cívica de Caldas es una organización de la sociedad civil con 40 años de trayectoria, que tiene como misión la defensa del interés colectivo en el departamento de Caldas. Entre sus labores se encuentra el control social a través de la veeduría ciudadana, el seguimiento a proyectos extractivos y el acompañamiento a las comunidades.

Guía Diagnóstico de la corrupción en el sector extractivo

Durante la Reunión, NRGI presentó a la Mesa la “Guía Diagnóstico de la corrupción en el sector extractivo, una herramienta para la investigación y la acción”. Se trata de una metodología participativa que busca diagnosticar la corrupción en las industrias extractivas para respaldar las acciones basadas en pruebas con el propósito de enfrentar esta problemática.

Además, l organización Crudo Transparente presentó sus avances en la implementación de la guía, enfocados en construir estrategias participativas que permitan reducir los riesgos de corrupción en el sector petrolero colombiano.

Balance

Durante la Reunión, también se reflexionó sobre los retos y avances de los planes de acción de los Subcomités de la Mesa, a saber: Sistema General de Regalías, EITI y Asuntos Ambientales, así como del Comité de Comunicaciones.

Finalmente, los representantes ante el Comité Tripartito Nacional presentaron el estado actual del proceso de validación del estándar EITI en Colombia, que está programado para adelantarse durante los próximos meses.

“La sesión de La Mesa finalizó con muy buenos resultados. Contamos con un plan de acción para promover la participación de la sociedad civil en la validación del EITI en el país”, explicó Pilar Acosta, coordinadora de proyecto de Transparencia por Colombia e integrante de la Secretaría Técnica de la Mesa. “Por eso, este año tenemos previsto reunirnos en territorios priorizados, como lo son Casanare y Cesar”, agregó.

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Transparencia por Colombia, con el apoyo de Open Society Foundations, Ford Foundation y la Mesa de la
Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas, propiciaron un diálogo público sobre los
desafíos de la Reforma al Sistema General de Regalías ─SGR─ alrededor de temas de participación,
transparencia y rendición de cuentas. Este diálogo es moderado por Claire Launay, Directora
Programática de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia por Colombia.
Este espacio contó con la presencia de seis panelistas invitados de la sociedad civil (la mayoría de
ellos son miembros de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias
Extractivas). Las organizaciones que representan los invitados trabajan o se interesan por el Sistema
General de Regalías. Tres de ellos son representantes de organizaciones regionales, así:
1. Marcela Vega Saavedra. Directora de educación para la Gobernanza. Asociación de Becarios
de Casanare ─ABC Casanare. Representante de ABC Casanare en la Mesa de la Sociedad Civil
para la Transparencia en las Industrias Extractivas.
2. Astrid Navarro. Coordinadora Responsabilidad y Proyección social de la sede Valledupar de
CSIR Cesar. Comité de Seguimiento a Regalías del Cesar. Miembro de la Mesa de la Sociedad
Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas.
3. Juan Pablo Remolina. Director Ejecutivo de ProSantander.
Y tres de ellos pertenecen a organizaciones nacionales:
4. Fabio Velásquez. Asesor de la Presidencia Ejecutiva de la Fundación Foro Nacional por
Colombia. Miembro de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias
Extractivas.
5. Daniel Castillo Camacho. Economista de Crudo Transparente. Organización miembro de la
Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas y representante
de la misma ante el Comité Tripartito Nacional de EITI.
6. Andrés Hernández. Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia. Secretaría Técnica de
la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas.
El objetivo de este conversatorio virtual fue propiciar un diálogo constructivo y público que permita
reconocer los principales retos del Sistema General de Regalías, en la actual coyuntura. Lo anterior con el
fin de realizar recomendaciones para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación
ciudadana en el Sistema. Este trío temático fue la clave para el desarrollo de este espacio.

Introducción
Andrés Hernández: En el año 2013 y junto con otras entidades interesadas en fortalecer la
transparencia dentro del SGR se impulsó la creación de la Mesa de la Sociedad Civil para la
Transparencia en las Industrias Extractivas. En el marco de la reforma al SGR, la Mesa ha revisado los
documentos relativos a la reforma al SGR incluyendo el Acto Legislativo 05 del 26 de diciembre de
2019 (acto que introduce la reforma) y los borradores del proyecto de ley que reglamenta dicha
reforma. La reforma es una oportunidad para fortalecer, ampliar y mejorar los niveles de
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Por lo tanto, se han abordado los
siguientes temas:

1. El trasfondo de los recursos de regalías: El adecuado uso de estos recursos puede favorecer
el desarrollo del país. Puede cerrar las brechas de desigualdad social que existen en el país.
Esto dará sentido tanto a la reforma como al manejo de los recursos de regalías.
2. Fortalecer los principios para la transparencia y el acceso a la información pública: Si bien
Colombia ha avanzado en unos mecanismos de acceso a la información derivados de la Ley
1712 de 2014, es necesario seguir trabajando para fortalecer el acceso de información
especialmente en temas de regalías. Mejorar el acceso a la información pública permitirá
ejercer un seguimiento y una vigilancia mucho más efectivos.
3. Presencia de instancias y garantías de participación en las etapas de aprobación de los
proyectos financiados con el recurso de regalías: es importante la presencia y la participación
efectiva de los beneficiarios del recurso de regalías en la formulación de los proyectos. Esto
para que los proyectos estén más articulados con las necesidades de la población y con la
necesidad de desarrollo local y regional.
4. Generación de condiciones favorables para el control ciudadano: Estas son necesarias para
generar diálogos más efectivos y solidos entre ciudadanía en general, beneficiarios,
autoridades locales y nacionales.
5. Fortalecer los Sistemas de información: Es necesario mejorar las herramientas de
trazabilidad en el uso de los recursos. Si bien Colombia cuenta con plataformas de
información como MapaRegalías y con iniciativas como la de EITI, es necesario una
trazabilidad más efectiva para poder saber cómo se están tomando las decisiones y cómo el
uso de dichos recursos beneficia a las comunidades.
6. Fortalecer los roles de aquellas instancias encargadas de la fiscalización Estatal de la
operación de quienes extraen los recursos no renovables: En este caso, la Agencia Nacional
de hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería son las que realizan dicha actividad. Si
bien, estas entidades han trabajado por ampliar esos procesos de fiscalización aun necesitan
consolidarse, ampliarse y fortalecerse.
7. Obras por regalías: Estas deben articularse con los ejercicios de planeación territorial.
El contexto actual motiva a reflexionar y prestar mayor atención a los recursos de regalías usados
para contener la pandemia. Un recurso que tendrá que recuperarse en un escenario incierto para el
sector extractivo pero que representa una relevancia para el financiamiento de proyectos de
desarrollo a nivel nacional.

Primera pregunta orientadora:
El desarrollo de este conversatorio virtual se articuló a través de tres (3) preguntas orientadoras y
preguntas de la audiencia. En consecuencia y luego de la intervención de Andrés Hernández, Claire
Launay lanza la siguiente pregunta para todos los invitados: ¿Cuáles son los retos en materia de
transparencia, rendición de cuentas y participación de la reforma del SGR?
Respecto a la transparencia, Marcela Vega señaló que las herramientas como MapaRegalías o SECOP
son de difícil manejo y alcance. Esto limita la toma de decisiones referidas a los proyectos. Por lo
tanto, el reto es la pedagogía y la divulgación de las herramientas para que las comunidades tengan mayor acceso. También, es importante que las páginas web de las alcaldías y las gobernaciones estén
actualizadas. Estas páginas deben ser el primer lugar donde el ciudadano se dirige, accede y
encuentra la información.

Sobre la rendición de cuentas, el reto es lograr que sus mecanismos se vuelvan más incluyentes y
que permitan la participación de todos los grupos poblacionales. Es necesario que toda la
información surgida en las rendiciones de cuentas esté publicada en las páginas web de las entidades
territoriales y municipales.

Fabio Velázquez indica que en temas de participación, las regalías tienen tres grandes retos:

1. Incorporar un enfoque de gobernanza democrática en el manejo de las regalías y en general
en el sector extractivo: Este sector tiene un esquema de gestión jerárquico. Los gobiernos
territoriales, locales y la ciudadanía están bastante relegados y marginados en la posibilidad
de participar en la toma de decisiones.

El reto es lograr que en esta reforma se incorporen elementos de gobernanza democrática
en el sentido de propiciar dispositivos y procedimientos de participación efectiva1 a lo largo
del ciclo de las regalías.

2. Crear condiciones para una participación efectiva: Para ello se debe crear unas condiciones
de tipo institucional. Estas hacen referencia a la creación de instrumentos, dispositivos y
procedimientos para el ejercicio de la participación. Es necesario que la oferta de información
sea suficiente, pertinente, valida, confiable y accesible a ciudadanos y ciudadanas que
quieran hacer uso del derecho de participación. Para lograr una participación efectiva es
necesario que financien la participación. Y que haya iniciativas estatales para la promoción
de la participación.

También, se deben crear unas condiciones de tipo social. Estas hacen referencia a la
habilitación de actores sociales y de garantías. Por un lado, estas garantías deben ser de
protección y de seguridad para quienes hacen seguimiento al recurso de las regalías y/o para
quienes participan en la toma de decisiones que tienen que ver con el uso de los recursos de
las regalías. Por otro, deben ser garantías para ampliar el espacio cívico. Es decir, para
garantizar un entorno y un clima que facilite la participación ciudadana.

3. Lograr una participación efectiva y transformar el modelo de gobernanza del sector
extractivo y del manejo de las regalías: Este reto es más de mediano y largo plazo, pero no
menos urgente. Consiste en transformar las maneras como el Estado establece una
interacción con la ciudadanía. Esto porque aún se piensa que la participación es un requisito
que hay que cumplir para que no estorbe en el desarrollo de los procesos. Hay que cambiar
esta idea.

Además, es necesario transformar las estructuras Estatales mediante la incorporación de
prácticas que renueven la acción de las entidades públicas. Iniciativas como EITI, Gobierno
Abierto, Presupuesto Abierto son algunos ejemplos de programas que ayudarían a modificar
las maneras como el Estado enfrenta los temas de participación ciudadana.

1 Para Fabio Velázquez, la participación efectiva es una participación que incluye e incorpora a todos los
actores que deban y quieran participar. Es una participación informada, por eso es importante el acceso a la
información. Es importante que sea incidente, que logre un efecto sobre las decisiones públicas y que tenga
resultados, no solo desde la transformación del Estado sino desde los propios actores para ir construyendo
acuerdos en torno al uso de las regalías.

A la pregunta ¿este proyecto de reforma mira en dirección de esos tres retos? Fabio Velázquez
responde no. La explicación a esta respuesta será desarrollada más adelante junto con algunas
observaciones y propuestas a la reforma.
Astrid Navarro indica que la Reforma al SGR tiene muchos vacíos en temas de participación
ciudadana. Estos vacíos se potencializan cuando se llevan a los territorios. Los territorios no tienen
acceso a la información, a la tecnología de las telecomunicaciones como lo tienen los veedores en
las ciudades. La reforma se queda corta y más para los veedores territoriales.
Lo importante es que se fortalezca la participación municipal, corregimental incluso veredal. Con la
reforma se espera establecer mecanismos reales de participación para estos territorios. Las
veedurías no reciben ninguna clase de recurso para ejercer sus actividades. Por lo tanto, es un tema
que se debe considerar.
También, es importante entender que la participación y la transparencia no son temas que surge n
cuando el proyecto se ejecuta. La propuesta es garantizar la trazabilidad de la participación desde la
formulación del proyecto, la contratación, la ejecución y las evaluaciones antes y después de
finalizado el proyecto. En este sentido la formación de los veedores es muy importante. Sin embargo,
la reforma del SGR no contempla ninguno de estos elementos que favorecen la participación.
Juan Pablo Remolina menciona dos grandes retos:
1. Regalías en temas de participación, rendición de cuentas y transparencia: Hablar de las regalías
implica hablar de la extracción de las regalías y el gasto de las regalías. En la extracción se evidencia
una falta de información sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el Estado. No basta
con saber si están pagando lo que deben pagar. Es saber si están cumpliendo con los estándares
ambientales, sociales, industriales, relacionamiento con la comunidad, técnicos, entre otros. Esta
información es importante. Se debe medir y sobre todo mostrar a la comunidad.
En temas del gasto de las regalías se desprenden dos ámbitos. El primero: El cálculo de la distribución
de las regalías y los recursos de fiscalización. En ambos debe haber transparencia. El segundo ámbito
se enfoca en la inversión. Hay muchas inquietudes sobre el proceso de aprobación de los proyectos
financiados con el recurso de regalías. Mapa Inversiones es una plataforma muy valiosa. Ella compila
los recursos de los proyectos de Mapa Regalías pero, es necesario una plataforma dinámica, viva, un
tipo Facebook de la inversión pública. No se hace nada cuando se trabaja con plataformas estáticas,
con información cerrada y de poco uso.
2. Retos de la reforma: En esta parte hay tres temas relacionados con el gasto de los recursos de
regalías.
La eliminación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión ─OCAD: La función
de los OCAD es buscar la gobernanza multinivel, reducir los riesgos de corrupción y aumentar
la calidad del gasto. Aun hoy, es difícil garantizar que los proyectos cumplan los criterios o
requisitos necesarios. Sin los OCAD se corre el riesgo de retroceder en materia de
cumplimiento de requisitos para velar por la calidad del gasto.
La eliminación de los Comités Consultivos: No es posible que en este momento se pretenda
disminuir la transparencia y la participación institucional para la aprobación de los proyectos.
No se puede reducir esos espacios de participación. Se deben fortalecer y dar las
herramientas necesarias para que ello ocurra. La participación ciudadana no puede darse
solo en la parte estratégica. También, es importante que la participación ocurra en la revisión de los criterios técnicos, la ubicación de los proyectos, en la aprobación y ejecución de los
proyectos financiados con recursos de regalías. Ahí es donde debe haber participación
ciudadana.
El sistema de Monitoreo, Seguimiento y Control: El Índice de Gestión de Proyectos de
Regalías indica que la transparencia en las regalías ha aumentado significativamente en el
tiempo. Esto porque hay suspensión de giros. A quien no reporta se le suspenden los giros.
Ahora, lo que sucederá es que no habrá suspensión de giros. Esto puede significar un
retroceso en términos de transparencia a las regalías.
Daniel Castillo Camacho Es muy complejo pensar en eliminar los OCAD y no tener una figura que los
reemplace. Estos órganos buscan dar mayor participación a la ciudadanía. Son la forma en que se
puede tener un control y rendir cuentas de manera transparente.
Cualquier mecanismo o ley que se cree no estará exenta a la aparición de hechos de corrupción. Por
lo tanto, el punto principal es lograr una transferencia de conocimientos y de capacidades. Esto
permitirá que la ciudadanía entienda cuál es la importancia de los recursos de regalías y cómo estos
recursos podrán expresarse en proyectos que satisfacen las necesidades reales del territorio. Una
vez se logre esta transferencia de conocimientos y de capacidades cualquier mecanismo de
participación ciudadana, de transparencia o de acceso a información será efectivo. De manera
paralela, es necesario impulsar, ampliar y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.

Preguntas de la audiencia:
1. Para Crudo Transparente: ¿Crudo Transparente Cómo puede verificar que las regalías son
utilizadas para el desarrollo local?

Daniel Castillo Camacho responde que Crudo Transparente hace un seguimiento mensual a esas
inversiones. Los informes dan un panorama de cómo se invierten los recursos de regalías. Muestran
la cantidad de recursos y en qué sectores se han hecho las inversiones. El año pasado (2019), Crudo
Transparente publicó el índice de Calidad de los Proyectos de Regalías que muestra la incidencia de
dichas inversiones en la calidad de vida de la población. En este índice se relaciona la inversión
realizada en cada departamento con el progreso económico y social en cada territorio. De esta forma,
tanto el reporte mensual como el índice son herramientas usadas por Crudo Transparente para
verificar el uso de las regalías tanto en la calidad como en la cantidad. Todos los informes mensuales
hasta mayo de 2020 y el índice publicado en octubre de 2019, están disponibles en la página web de
Crudo Transparente.

2. Pregunta para todos los invitados ¿Qué opinan de incluir en la medición del Índice de Gestión
factores de corrupción e impacto social?

Daniel Castillo Camacho El Índice de Gestión es elaborado por el Departamento Nacional de
Planeación─ DNP. Va dirigido a la ejecución y gestión administrativa del Sistema. Ese índice sí incluye
una variable de transparencia. Por lo tanto, se podría decir que esta variable tiene en cuenta la
corrupción.

Por la experiencia adquirida al construir el Índice de Calidad de los Proyectos de Regalías, medir la
influencia de los proyectos no es fácil. La naturaleza de ese Índice de Gestión, por ser algo netamente administrativo tal vez no dé para incluir esa variable. Por eso, el índice de Crudo Transparente busca
medir el impacto social no como una variable sino como un todo.
Astrid Navarro CSIR ha analizado el Índice de Crudo Transparente y todos los Índices de Medición y
Desempeño del SGR y del DNP. Esto permitió identificar que ambos índices miden variables
netamente cuantitativas. Es decir, no tienen en cuenta los impactos sociales tanto positivos como
negativos generados en los territorios. Por tal razón, CSIR está trabajando en una propuesta que
implica hacer un piloto en el departamento del Cesar.

Este piloto incluirá variables cualitativas que serán recogidas a través de grupos focales. Esta
propuesta será realizada desde el inicio de los proyectos financiados con recursos de regalías. Por
ello debe tener una línea base de una comunidad, luego mirar como es el proceso de formulación,
ejecución y luego medir el impacto social de ese proyecto. Este tipo de análisis hace falta y es uno
de los retos que CSIR se ha propuesto realizar junto con las organizaciones de la sociedad civil que
se quieran sumarse a esta iniciativa.

Juan Pablo Remolina Todo índice debe pensarse para ser aplicado a todas las unidades de
observación. Es decir, el Índice de Gestión de Proyectos debe medir más de 15.000 (quince mil)
proyectos de inversión. Entonces, es muy complejo determinar la corrupción en todos esos
proyectos. A no ser que se tengan las herramientas necesarias para hacerlo.
3. Última pregunta ¿Por qué la reforma plantea eliminar los OCAD y cuál podría ser la alternativa
para reemplazarlos?
Juan Pablo Remolina Existen varias hipótesis por las que se piensa su eliminación:
1. La existencia de saldos no ejecutados.
2. Los OCAD generan gastos innecesarios del gobierno Nacional.
Es necesario prestar atención a la evidencia que permita corregir la situación o el problema generado
por los OCAD. Las evidencias indican que existen entidades con altas tasas de aprobación. Si el
problema es el gasto generado se podrían contemplar otras alternativas. Pero, es necesario que el
objetivo de la reforma sea crear una instancia que permita el gobierno multinivel, reducir los riesgos
de corrupción, que permita que las decisiones se tomen de manera conjunta y que realmente vele
por la calidad de la inversión. Los OCAD han contribuido en esos elementos. Eliminarlos implica
volver al sistema anterior donde quien aprueba y ejecuta será una misma institución.

Segunda pregunta orientadora:
¿Cuál es la influencia de la actual pandemia en el sector y en el uso de las regalías?
Astrid Navarro El departamento del Cesar tiene grandes cantidades de recursos de regalías pero al
cruzarlo con la pertinencia de la inversión se devela la existencia de municipios con altas necesidades
básicas insatisfechas, un sistema de salud débil para afrontar la pandemia y altos índices de
desempleo (como en Valledupar). Este es el momento en el que los gobernantes, las mismas
entidades y todos los actores pueden ejercer la presión necesaria para que se cambie la forma de
priorizar la inversión y de ejecutar los recursos de regalías.

La declaratoria de emergencia permitió que la contratación directa aumentará y por supuesto los
hechos de corrupción. Esta afirmación surge teniendo en cuenta las investigaciones que abrieron la
Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía alrededor de cómo se están invirtiendo los recursos en medio
de la pandemia. Esto nos marca una ruta para ser más propositivos y lograr que la inversión
realmente llegue a los sectores donde se necesita: salud, educación, entre otros.
Andrés Hernández Hay varios elementos para responder la pregunta. El primero: Los recursos para
atender la pandemia vienen del Fondo de Ahorro y Estabilización. Este fondo ha acumulado recursos
durante varios años. La reforma logra asignar mayor presupuesto a los territorios pero, en
detrimento del Fondo de Ahorro. Los recursos de este fondo son importantes para momentos de
crisis imprevisibles, como el causado por el Covid-19. La reforma está llevando a un nivel muy bajo
la posibilidad de volver a tener un ahorro para enfrentar contingencias futuras. Por lo tanto, es
necesario repensar la forma como se está afectando ese ahorro.

El segundo elemento tiene que ver con la reducción de los ingresos surgidos por los recursos
naturales no renovables. Colombia tiene un ingreso significativo de estos recursos. No tener estos
ingresos en el mediano plazo o tener una eventual reducción en los mismos implica que tengamos
que abordar un escenario fiscal más complejo, de mucha necesidad y con una gran limitación de
recursos.

El tercer elemento es lo referido a los instrumentos de concentración de poder. La eventual
concentración de la toma de decisiones tiene mucho que ver con las regalías y con el SGR. El gobierno
nacional indica que eliminar los OCAD dará mayor autonomía a los territorios pero ¿cómo tener el
control a esa toma de decisiones? ¿Cómo mantener ese control a través de trazabilidad de la
información? ¿Cómo acceder a datos que sean útiles? y ¿cómo nos inventamos unos mecanismos de
participación efectivos en medio de la imposibilidad de una interacción presencial?

En el marco de esta reforma hay un elemento muy interesante y es la entrega al Ministerio de Minas
la formulación de una Política de Transparencia en el sector. Si la reforma lo pasa, esta Política de
Transparencia tendrá que establecer unas condiciones nuevas para lograr que esa participación sea
efectiva. Y establecer condiciones para lograr que la transparencia no sea solamente visibilidad.
Colombia ha avanzado mucho en la visibilidad. Pero, se necesita avanzar en la participación efectiva,
en datos útiles y en la incidencia en la toma de decisiones.

Marcela Vega Saavedra El impacto de la pandemia en el sector hidrocarburos ha sido muy fuerte. La
volatilidad y la baja del precio del petróleo han implicado que se cierren pozos petroleros. En ese
sentido hay un impacto en pérdidas de empleo. También, esto se reflejará en la pérdida de recursos
de regalías. En Casanare se han usado los recursos de regalías para subsidiar el pago de servicios
públicos. Pero, por la contingencia sale a relucir las debilidades en la formulación de los proyectos.
También, la pandemia ha evidenciado la brecha tecnológica. La gente puede tener interés de
participar y hacer seguimiento a los proyectos de regalías pero esta brecha tecnológica limita mucho
este interés. Por lo tanto, esta crisis evidenció esa necesidad de virtualidad. Atender esta necesidad
permitirá a las comunidades de los territorios adquirir herramientas y conocimiento para usar
plataformas como MapaRegalías.

Juan Pablo Remolina La participación ciudadana afronta unos grandes retos. Por ejemplo: en
Santander el 40% de los hogares no tiene acceso a internet. En el nivel rural más del 75% no tiene
acceso a internet. Tenemos unos grandes desafíos en materia de controles y de participación ciudadana que puede hacer que esos recursos que son limitados no se destinen en objetivos
productivos requeridos.

Los proyectos que antes no eran viables hoy pueden necesitarse. Sin embargo, puede que por la
premura y dadas las necesidades del territorio no pasen por los controles adecuados, no se tomen
las decisiones más balanceadas, que no tengan los estudios técnicos adecuados para determinar que
la explotación de esos proyectos es lo mejor para el territorio o que la explotación no va en
detrimento de los asuntos ambientales y sociales correspondientes.
También, existe el riesgo de generar una mayor dependencia al recurso de regalías o que el tejido
económico y social fortalezca esa dependencia en esa fuente de recursos. Esto dificulta el hecho de
pensar en estrategias de diversificación y sofisticación de la economía local.
Daniel Castillo Camacho La respuesta a la pregunta se dividirá en dos. Por un lado los efectos de esta
coyuntura en el corto plazo. La situación actual ha ayudado a identificar la necesidad del Fondo de
Ahorros de Estabilización. Ese fondo va a ser necesario si pensamos en un escenario de pérdida de
autosuficiencia energética, donde la volatilidad de los precios continúe y la demanda siga
disminuyendo. Los recursos de ese fondo precisamente son para eso. Pero, si el fondo recibe menos
recursos va a ser difícil afrontar una situación con los escenarios mencionados.
En el mes de abril, el Gobierno expidió el Decreto 513 de 2020. El objetivo del decreto era financiar
los proyectos que buscaban atender la situación de emergencia utilizando regalías, específicamente
asignaciones directas y las regalías que están en los Fondos de Compensación Regional. Este decreto
ha impulsado el funcionamiento del SGR. En el marco de los reportes mensuales que hace Crudo
Transparente, en el primer trimestre del año se identificaron 84 proyectos en diferentes sectores y
diferentes regiones. En los meses de abril y mayo se han identificado 265 proyectos. El 70% de estos
proyectos han sido para atender la emergencia.

Estos 180 proyectos tienen objetivos muy específicos para necesidades muy claras como la entrega
de mercados, subsidios a tarifas de servicios públicos y mejoramiento de la infraestructura
hospitalaria. En el mes de junio, el trabajo es identificar cual es el avance de esos proyectos. Si han
funcionado y si han sido ejecutados en su totalidad. Al ser proyectos específicos y de corto plazo para
atender la emergencia tienen que avanzar. Así como se aprueban rápidamente, tienen que avanzar
rápidamente.

Por otro lado, lo que ocurrirá a mediano plazo. La contingencia ha afectado el presupuesto de regalías
porque este depende del precio y la venta del petróleo. Por lo tanto, se debe prestar atención a la
inversión del poco recurso que se va a tener el bienio 2021- 2022. Entonces, la inversión futura debe
ser mejor enfocada, con mayor trascendencia y no terminar en proyectos de infraestructura de
transporte. Este es uno de los principales tipos de proyectos financiados por regalías y muchas veces
no aportan un mayor beneficio a las comunidades.

Tercera pregunta orientadora:
¿Cuáles son las recomendaciones a los tomadores de decisiones de la reforma al SGR?
Fabio Velásquez. La reforma no contempla los retos de la gobernanza. Esto se puede explicar desde
tres temas:

1. El enfoque y los objetivos de la ley: en el artículo segundo de la propuesta de Ley no hay un
objetivo dedicado a la participación, salvo el numeral 7. Este se refiere a los grupos étnicos.
Entonces, ahí hay un vacío porque los beneficiarios de la reforma somos todos los
colombianos. Por lo tanto, es un objetivo bastante delimitado.
2. Las instancias de toma de decisiones: el proyecto crea una Comisión Rectora compuesta solo
por entidades gubernamentales. También, los OCAD regionales tienen la participación de las
comunidades étnicas, exclusivamente. Aunque está muy bien que este grupo sea incorporado
en los OCAD, en las regiones no solamente viven comunidades étnicas.
El OCAD Paz, creado por el Acto Legislativo N° 4 del 2017, no tiene ninguna participación
ciudadana. Los miembros del OCAD Paz son todos miembros gubernamentales. Desde el
punto de vista de las estructuras de toma de decisiones, este OCAD es una estructura cerrada
que reitera la dinámica del gobierno en la toma de decisiones en el sector y en particular con
el tema de las regalías. El gobierno argumenta que este es un tema muy técnico. Pero, en
estos órganos de toma de decisiones y de diseño de política con respecto a la gestión de
regalías debería haber participación ciudadana.
3. Relacionados con procedimientos y dispositivos: El artículo 28 del proyecto de Ley habla de
los espacios de planeación. El artículo 64 que es el único artículo que tiene el título de
participación ciudadana y control social. “Las entidades territoriales deberán o promoverán
la participación ciudadana para el control social en la formulación, priorización, ejecución y
evaluación de los proyectos financiados con los recursos de regalías”. Esto es lo único que
uno encuentra respecto a la participación pero, son artículos muy genéricos, facultativos y
discrecionales. No implican ninguna obligatoriedad para las autoridades públicas y menos
una sanción a quienes no lo cumplan.

Teniendo en cuenta lo anterior, surge una serie de propuestas. La primera es que el proyecto de Ley
debería tener un capítulo sobre participación. En este capítulo debe explicarse que uno de los
objetivos de la Ley es la promoción de la participación. Este objetivo permitirá a todos los ciudadanos
y ciudadanas participar en todo el ciclo de la gestión de las regalías a través de mecanismos y
dispositivos que sean eficaces.

Desde el punto de vista de las estructuras de decisión, ese capítulo debería tener artículos que
incorporen un dispositivo de participación en la que se incluya la presencia de representantes de
sectores sociales tanto en la Comisión Rectora como en los OCAD regionales. Por ejemplo, los OCAD
departamentales, los Consejos departamentales de Planeación, los Comités departamentales de
Política Social que son entes que trabajan los asuntos de las regalías y en la Comisión Rectora debería
estar como mínimo un representante del Concejo Nacional de Planeación, un representante del
Concejo Nacional de Participación. Ambas instancias ya están creadas y tienen que aportar a las
políticas públicas.

Desde el punto de vista de los procedimientos hay que trabajar mucho más. Para este tema de las
regalías la propuesta es recuperar la metodología de las auditorias ciudadanas. Este es un
procedimiento que ya fue probado. Transparencia por Colombia hizo un piloto en 30 municipios y
dio resultados muy positivos. Es una metodología que ya está diseñada y actúa a lo lar go de todo el
ciclo de regalías. Además, son abiertos a la participación de muy diferentes sectores.
También, es importante introducir un mecanismo de financiación de la participación en el proyecto
de Ley. Así como hay un 2% (dos por ciento) de las regalías para la administración del sistema, se
podría pensar en un 1% (uno por ciento) para la promoción de la participación ciudadana en elmanejo de las regalías. Debería haber todo un programa de generación de condiciones para el
ejercicio de la participación ciudadana. Por ejemplo, se podría formar a los actores sociales e incluso
habilitar actores institucionales para el ejercicio de la participación. Además, ese capítulo debería
contemplar un tema de garantías y de incentivos para la participación ciudadana. Algunas de estas
cosas ya están contempladas en la Ley 1715 de 2014. Pero, en temas de garantías de protección y
seguridad no existe nada.

Sería muy importante que surja la idea de elaborar unos protocolos de participación. El protocolo de
participación ciudadana en la gestión de las regalías puede hacer mediante un decreto
reglamentario. En este se puede incluir los incentivos de participación. La participación puede ser
una de las variables que esté en el Índice de Gestión. El puntaje del Índice de gestión será mayor
para quienes introduzcan e incorporen prácticas participativas. De esta forma, podrán acceder a
mejores prerrogativas.

Se pueden hacer muchas otras propuestas porque tal como está el proyecto de Ley no apunta hacia
una transformación de las relaciones entre el Estado y sociedad en el manejo de las regalías. Hace
más de lo mismo y crea unos planteamientos muy generales que pueden ser interpretados de muchas
maneras. Por lo tanto, es necesario priorizar muy bien cuáles serían los dispositivos y el
procedimiento para que la ciudadanía pueda intervenir a lo largo del ciclo de regalías. No hacerlo
conducirá a la conflictividad social. Hoy tenemos una ciudadanía más empoderada, más conocedora
y más fiscalizadora de la acción pública. De no existir formas de intervención ciudadana en el manejo
de los recursos de regalías seguramente la conflictividad social aumentará en torno a esos temas.

Cierre:
Se da la palabra a los invitados para que expresen sus conclusiones:
Juan Pablo Remolina Se propone un índice público que mida el comportamiento de las empresas. Si
se habla de minería bien hecha o de extracción petrolera bien hecha es necesario que toda la
ciudadanía sepa cuáles son las empresas que tienen puntuaciones altas y cuáles son las que tienen
puntuaciones bajas.

Es importante determinar cuál será la instancia colectiva para aprobar y medir la calidad de los
proyectos. No puede ser que no haya instancias o espacios institucionales de participación ciudadana
en la aprobación de los proyectos. Lo que hay que hacer es fortalecer esos espacios. Hay que
convertir los sistemas de información en sistemas vivos. Hacer dinámicas las herramientas de
información. También, las empresas deben vincularse al desarrollo regional e invertir en las
capacidades institucionales para poder mejorar la inversión de los recursos. Finalmente, se debe
hacer una contrareforma a la reforma actual para recuperar el ahorro. Es decir, designar más
recursos para los productores sin que ello sea en detrimento del ahorro.
Marcela Vega Saavedra. El sistema de participación es una de las preocupaciones más grandes que
hay frente a la reforma. Fortalecer los conocimientos y las capacidades de las comunidades para
intervenir. En los territorios esto permitirá que los proyectos sean más coherentes, que el desarrollo
sea más auténtico de las comunidades y que no dependa solamente de las administraciones, de los
entes territoriales o de quienes formulan esos proyectos. El tema de fortalecerlos en el manejo de
herramientas es fundamental para esto.

Astrid Navarro Los problemas de los proyectos se dan desde la formulación hasta la sostenibilidad.
Para los proyectos de regalías es importante la participación ciudadana, las veedurías y, también, las
interventorías. Muchas veces contratan interventores que desconocen el proyecto o el territorio
dónde van a hacer las intervenciones. Por lo tanto, es importante tener unas buenas orientaciones
hacia el tema de la interventoría, mejorar la capacidad de las entidades territoriales en la formación
de funcionarios en temas de formulación, de contratación, en temas de supervisión de los proyectos
y todo lo todo lo que tiene que ver con los procesos legales.

Daniel Castillo Camacho. Una propuesta es que los OCAD tienen que permanecer. Los OCAD son
necesarios. Si desaparecen debe existir un mecanismo o una instancia que los reemplace. La mayoría
de los proyectos, en el marco de la emergencia, han sido aprobados por estos OCAD. Eso demuestra
que cuando son bien utilizados funcionan. La solución no es eliminar los OCAD sino mejorarlos,
reformarlos y fortalecerlos.

Otra propuesta es articular la reforma y el mecanismo de obras por regalías. Esto ayudará en
términos de transparencia. Esta articulación es necesaria porque no es posible dejar a la deriva este
tipo de recursos teniendo en cuenta que afecta regalías directas es decir, la de los territorios
productores. Es necesario que se entienda que aunque las empresas pueden tener una buena
ejecución de proyectos los territorios no pueden depender de ellas para su crecimiento. Más allá de
la ejecución de proyectos, debe haber una transferencia de capacidades. No se puede perder la
autonomía de los territorios o que el Estado o las empresas creen una dependencia hacia el recurso
de regalías.

La contrareforma es necesaria para el Fondo de Ahorros y para cambiar el porcentaje destinado a las
actividades diferentes al sector extractivo. Tal como quedó, el porcentaje asignado a este tipo de
inversiones dependerá del precio del petróleo. La propuesta es que el desde SGR se invierta en
actividades diferentes al sector extractivo. Lograr una asistencia técnica para que los proyectos en
las regiones queden mejor enfocados y tengan mejor suceso. En cuanto al OCAD Paz se debe buscar
la manera para que este OCAD finalmente se utilice para lo que se debería utilizar y no para pasar
fácilmente proyectos que no tienen que ver con la implementación del acuerdo.
Claire Launay agradece a cada invitado por su participación. En este webinar se plantearon varias y
muy interesantes propuestas. La Mesa de la Sociedad Civil por la Transparencia en las Industrias
Extractivas y Transparencia por Colombia recogerán los aportes y resultados de este espacio. Se
agradece a la audiencia por su participación. Así finaliza el evento.

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Recién termina el XIII Foro Latinoamericano de la Red LIE que ofreció la oportunidad para reconocer los avances y dificultades de la incidencia de la sociedad civil, frente a los esfuerzos de transparencia y acceso a la información en torno a la contribución de la industria extractiva al desarrollo de los países en los diferentes eslabones de la cadena de valor.

Se discutieron tres dimensiones que la agenda de la sociedad civil debe impulsar en esta fase del fin del super-ciclo de las materias primas: la dimensión política, que permite entender mejor el llamado “consenso de las commodities” y los procesos de debilitamiento de la institucionalidad estatal, especialmente en materia de descentralización, participación ciudadana y gestión del medio ambiente; la dimensión socio-económica, que muestra los impactos negativos de la actividad extractiva en materia de crecimiento económico y bienestar social, y la dimensión ambiental y de cambio climático, probablemente la que muestra mayores riesgos para el bienestar de las comunidades.

De ahí se destaca la importancia de avanzar en la materialización de temas críticos como la publicación de contratos, beneficiarios reales, el refuerzo de los escenarios y mecanismos de participación ciudadana e incidencia, inclusión de aspectos socio-ambientales detallados y el aterrizaje de las iniciativas EITI a nivel subnacional, entre otros.

Colombia no es ajena a estos retos latinoamericanos y aunque fue sede de las sesiones del Board internacional de EITI y se realizó el lanzamiento del segundo informe para Colombia (con información del sector de los años 2014-2015), aun faltan algunos esfuerzos para hacer, del ejercicio colombiano, algo más aterrizado y coherente con las necesidades de las comunidades locales que demandan mayor transparencia en el sector.

Se reconocen los importantes avances en la elaboración de los dos informes país y de la labor realizada para tener este importante aporte de transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, y frente a los resultados obtenidos hasta el momento, la sociedad civil considera que la inclusión de los temas ambientales, el abordaje de los beneficiarios reales de las empresas, la inclusión de información desagrada por proyecto, el avance hacia apuestas más decididas hacia la inclusión de información sobre el sector de pequeña minería, y el acercamiento a la escala subnacional (entendida como desglose de información pertinente y con la oportunidad de replicar las instancias de concertación al nivel departamental y municipal) son asuntos que deben marcar el norte a seguir; no solo, para reforzar la transparencia de esta industria en Colombia en el marco de Eiti, sino para adelantar una agenda autónoma al respecto.

Finalmente, respaldamos y coincidimos plenamente con nuestros colegas participantes de la Red LIE, en “que la inclusión de esta información en los reportes nacionales EITI, será un aporte que contribuirá con la disminución de los conflictos sociales, una mejor gobernanza de los recursos naturales y la promoción de los derechos humanos”.

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