El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, GDIAM, es el nuevo representante de la Mesa en el Comité Tripartito Nacional, CTN. Así lo informó el comité de escrutinio, que ratificó la elección de esta entidad para el periodo comprendido de julio de 2023 a julio 2025.

Con 17 votos a favor, de un total de 18 obtenidos en las elecciones llevadas a cabo entre el 19 y el 23 de julio del presente año, GDIAM  llega a reemplazar a la organización Crudo Transparente como representante de la Mesa ante el CTN, donde tendrá la misión de liderar y participar activamente en todo lo relacionado con el EITI Nacional y Subnacional y procurar porque las recomendaciones realizadas por la sociedad civil al estándar se incluyan en el Plan de Acción Nacional.

GDIAM, en calidad de representante, deberá informar a la Mesa sobre las discusiones y temas que se aborden durante las reuniones con la Secretaría Internacional del EITI, que busca promover la participación ciudadana como una forma para luchar por la transparencia en todos los eslabones de la cadena de valor del sector extractivo.

La Mesa cuenta con tres organizaciones representantes ante el CTN, que son Transparencia por Colombia, que inició su periodo en abril de 2022 y termina en abril de 2024; Foro Nacional por Colombia, que inició en febrero de 2023 y termina en febrero de 2025, y recientemente GDIAM.

GDIAM, una organización que trabaja por la minería incluyente

El Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia – GDIAM, es un espacio que reúne diversas visiones en torno al aprovechamiento de los recursos mineros del país, integrado por personas comprometidas con el desarrollo de una minería incluyente, resiliente y competitiva que, desde 2014 viene desarrollando una conversación informada y respetuosa entorno al sector.

Una de las premisas que fundamenta el diálogo y la metodología del GDIAM es la construcción de confianza entre las personas; y que esas experiencias puedan ser compartidas y, por lo tanto, la persona detrás de ellas, escuchada y legitimada, pues el resultado de este ejercicio de diálogo es un espacio incluyente con miras a construir de manera participativa argumentos plurales que dan cuenta de las diferentes opiniones y perspectivas frente a los temas abordados.

Esta organización cuenta con la metodología y experiencia para escuchar distintos puntos de vista y contribuir en la construcción de una visión conjunta que posteriormente pueda ser llevada al CTN, con la tranquilidad de que el mensaje que se transmita será el que se haya construido con los demás miembros de la Mesa.

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Con el objetivo de alcanzar una mayor visibilidad en temáticas relacionadas con la transparencia en las industrias extractivas en Colombia y llegar a un público más amplio, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias extractivas ahora cuenta con una página web con opción en inglés, que ya se encuentra en funcionamiento y será lanzada este 4 de agosto.

Pilar Federica Acosta, coordinadora de proyecto Transparencia en la Industria Extractiva de Transparencia por Colombia, señala que la opción en inglés de la página de la Mesa busca llegar a un público más amplio y  evidenciar el trabajo de la Mesa ante otras organizaciones sociales que trabajan alrededor del EITI a nivel internacional y otros temas relacionados con la industria extractiva en Colombia.

“La versión en inglés de la página concentra la misma información que está en la versión en español, a excepción de notas de prensa y documentos de investigación. Además, generará información sobre la incidencia de la Mesa en Colombia en temas relacionados con la gobernanza de los recursos naturales y en particular sobre los temas de participación ciudadana en el sector extractivo”, advierte Acosta.

Con esta nueva apuesta, la Mesa busca generar mayor incidencia en la sociedad civil y por consiguiente, mayor impacto con cada uno de los temas en que ha venido liderando recientemente como la elaboración y difusión de una serie de temas prioritarios de la validación de la sociedad civil y la formulación de recomendaciones para abordar vacíos identificados en el sector. Todos ellos, en el marco del proceso de validación de EITI Colombia durante el año 2022 y lo que va del 2023.

La versión en inglés de la página de la Mesa incluye una nota para visibilizar a nivel internacional el espacio cívico en Colombia, con recomendaciones para superar los retos de la participación ciudadana. En este informe, la Mesa trabajó, a través del apoyo de Publish What You Pay, red global de sociedad civil de la cual hace parte la Mesa, en la elaboración de un informe detallado de la situación del espacio cívico en Colombia, como también en el cumplimiento del protocolo de sociedad civil y el diligenciamiento de la plantilla para la recolección de datos EITI por parte de sociedad civil.

Cabe destacar que estos documentos aportan a la conversación de la industria por porque incluyen una serie de recomendaciones con el propósito de atender a las demandas, necesidades y oportunidades de mejora, las cuales se esperan ver reflejadas en el Plan de Acción Nacional (PAN) en la siguiente vigencia del proceso EITI Colombia.

También, dichos documentos evidencian la manera como las múltiples conflictividades alrededor de la industria y la perpetuación de la violencia en contra de liderazgos sociales genera temor y resistencia por parte de la ciudadanía para involucrarse en iniciativas de control ciudadano, así como en escenarios públicos en los que puedan dialogar y utilizar información resultante de los informes EITI para tomar decisiones informadas sobre la gobernanza de los recursos naturales en sus territorios.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas es un actor de gran importancia en el país y tiene representatividad dentro del Comité Tripartito Nacional (CTN), del EITI en Colombia y participa de manera activa en los espacios de Grupos de Apoyo Técnico (GAT), así mismo busca incidir en los procesos de EITI Subnacional a través de la inclusión de organizaciones sociales de base que hacen presencia en estos territorios.

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Durante este encuentro, el Consejo del EITI resolvió prorrogar el mandato de la presidenta Helen Clark para el mismo período, por lo que seguirá al frente de la iniciativa, del estándar mundial, el cual promueve la buena gobernanza, mejorando la transparencia, fortaleciendo la rendición de cuentas y facilitando el debate público sobre la gestión de los recursos naturales.

Luego de la prórroga de su mandado, Helen Clark señaló que el Consejo del EITI en cabeza suya ejercerá un papel clave en la definición de las prioridades estratégicas de la organización. “Estoy deseosa de trabajar con el Consejo para contribuir a implementar la versión renovada del Estándar EITI”, señaló.

Helen Clark fue Primera Ministra de Nueva Zelanda entre 1999 y 2008 y miembro del Parlamento de Nueva Zelanda de 1981 a 2009. Fue docente en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Desde abril de 2009 hasta abril de 2017 fue Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente trabaja en temas de desarrollo sostenible, desde la igualdad de género y el liderazgo de las mujeres hasta la acción climática, las políticas de salud y drogas, el gobierno abierto, la paz y la justicia.

Elecciones  latinoamericanas

Yessica Prieto Ramos es colombiana, politóloga especializada en resolución de conflictos y candidata a Maestría en gobernanza del riesgo y recursos naturales en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Tiene experiencia en análisis de conflictos medioambientales y desde 2015 está vinculada a la ONG colombiana Crudo Transparente como investigadora y actual directora nacional de Proyectos. Desde 2017 hasta junio de 2023 representó a esta organización en el Comité Tripartito Nacional de EITI Colombia, una de las tres organizaciones que promueven los intereses de la sociedad civil dentro de este grupo.

Dentro de las propuestas para su elección como parte del Consejo EITI, Yessica planteó promover la divulgación obligatoria de información ambiental y social que responda a los requerimientos de las comunidades, la desagregación de información sobre género tanto en la industria como en los territorios, así como la publicación de información sobre transición energética y los efectos climáticos de la producción de minerales e hidrocarburos, los compromisos de consulta previa y la provisión de información sobre garantías de derechos laborales de los trabajadores de la industria.

Vanessa Cueto es abogada y cuenta con amplia experiencia promoviendo la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y participación ciudadana en la política pública. En representación de la organización DAR, en Perú, ha participado en diversos espacios y redes de la sociedad civil peruana y latinoamericana, entre estos se destaca el Grupo de Trabajo Energía y Desarrollo Sustentable de la Clacso y el Grupo de trabajo de acceso a la información de certificaciones mineras y Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos (MinSus).

Aporte de las nuevas representantes

El Consejo del EITI es un grupo multipartícipe conformado por 20 representantes de países implementadores, países que apoyan al EITI, organizaciones de la sociedad civil, inversionistas institucionales y de la industria. Además, es el órgano principal de toma de decisiones, establece las prioridades para la organización y evalúa el avance de los países en el cumplimiento del Estándar.

Las y los representantes de los diversos países ante el Consejo del EITI aportan una especialización técnica muy variada que abarca la cadena de suministros, la investigación, la incidencia en políticas, la participación de partes interesadas y las habilidades para la negociación, además de importantes redes a nivel local, nacional, regional y mundial.

En ese sentido, los representantes constituyen un grupo bien preparado para abordar prioridades constantes y pioneras de la agenda EITI, como la protección de la sociedad civil y asuntos clave de las revisiones propuestas al Estándar como la transición energética, el género y la lucha contra la corrupción.

La toma de decisiones del Consejo EITI está basada en el consenso. Las decisiones se toman en las reuniones del Consejo, que se celebran de dos a cuatro veces por año, y vía circulares del Consejo.

Aunque existe una propuesta clara de acciones para trabajar durante este periodo 2023-2026 por parte de las representantes del Perú y Colombia, se invita a la sociedad civil a vigilar su labor y a brindarles su apoyo para sacar adelante esta labor de manera conjunta.

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Estos $31,1 billones, que ingresan al país como prestación económica a la explotación de los recursos naturales no renovables, se distribuirán según lo designado en el SGR, y de este valor, 10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, 3 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación; $3,4 billones financiarán proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. (ver distribución presupuesto).

Según Mapa Inversiones, en lo que va del 2023, se han aprobado 3.827 proyectos del SGR, con una inversión por $5 billones, de los cuales ya se han ejecutado $284 mil millones, en diferentes sectores como: agricultura, cultura, transporte, ciencia, tecnología e innovación, entre otros.

Para realizar un mejor seguimiento a estos proyectos, organizaciones como Transparencia por Colombia, han mapeado, promocionado y dispuesto diferentes herramientas donde se promueven mayores niveles de transparencia y acceso a la información en el sector extractivo. Entre estas herramientas está INFOBPIN, una plataforma tecnológica donde se puede rastrear el número de identificación de los proyectos de inversión de regalías (BPIN). (Aquí puede consultar más herramientas)

Además, el país ha podido avanzar en diferentes temas como inversión social o hasta la construcción de vías terciarias, con el uso de dineros de las regalías. Colombia ha conocido iniciativas que se destacan por el buen uso y gestión de estos recursos, como por ejemplo la interconexión de caminos ancestrales por parte de la Comunidad U’wa en Boyacá o en  la Universidad de Caldas, con un proyecto sobre biotecnológica para aprovechamiento de residuos.

En ese sentido, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad del Rosario, tienen una iniciativa que mide los mejores proyectos en el país y las mejores entidades, respectivamente, dentro de estos destacan seis categorías como: Cierre de brechas, Innovación y economía Naranja, Generación de ingresos Sostenibles, Sostenibilidad ambiental, Integración regional y Mitigación de la Emergencia Sanitaria. Todas con impacto positivo en las regiones.

Otra cara

A pesar del impacto positivo que tiene el Sistema General de Regalías en las regiones, la corrupción también ha permeado estos dineros que le pertenecen a los colombianos.

Por ejemplo,  la Contraloría General de la República encontró pérdidas en los recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento del Magdalena por $26.520 millones derivadas de la falta de planeación, así como del incumplimiento en las actividades de interventoría y por obras sin entregar, en una auditoría realizada en el 2021, según información publicada en la página de la entidad.

A esto se suma también que esta misma entidad encontró que entre el 2012 y el 2017, se reportaron cerca de $840.000 millones de incidencia fiscal en recursos de regalías, es decir, “obras en riesgo de generar pérdidas por esta cifra”.

Y estos escándalos también han llegado a los medios nacionales, como uno que se dio a conocer en junio del año pasado relacionado con los OCAD Paz. Donde Blu Radio, denunció graves irregularidades que habrían tenido relación con la asignación de estos recursos y donde se estima, según ese medio de comunicación, que se perdieron $500 mil millones en pago de coimas. Entre los involucrados estarían, paradójicamente, funcionarios de la Contraloría, además de funcionarios del DNP y diferentes contratistas y congresistas.

Camilo Vallejo, coordinador del Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales, asegura que es grave la pérdida de este dinero público, y mucho peor aún, que entidades como la Contraloría a veces se quedan cortas en su función. También, asegura que mientras no se ejecute una sanción sobre los corruptos, no se tendrá un avance significativo.

Además, alerta sobre cómo entidades que administran estos recursos, no cumplen con divulgar la información de calidad, o subirla completa a las diferentes plataformas para hacer control ciudadano. “Hemos encontrado proyectos de regalías que aparecían en blanco. El Gobierno tiene muchas estrategias, pero no las cumple, creen que la transparencia no es relevante”, comenta.

Aunque, como menciona Camilo, existen estrategias de divulgación de información sobre las inversiones con los recursos de regalías, para él, estas se quedan cortas y asegura que más allá de las estrategias, tiene que existir un compromiso de las entidades con la transparencia, y explica que la información pública debe ir más allá de contar a quién se le asignó el contrato, y contar a los ciudadanos la información pública de estos proyectos.

La deficiencia en la información, las limitaciones para el control ciudadano de los recursos destinados a algunos proyectos, dice Camilo, limita el papel de la ciudadanía, que, aunque está pendiente de estos recursos, se encuentran con barreras al querer acceder a la información y consultarla de forma transparente.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas trabaja en el seguimiento y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en el Sistema General de Regalías – SGR, buscando incidir para que se mantengan en el más alto nivel los objetivos de transparencia, fiscalización y acceso a la información pública, así como la participación efectiva de la ciudadanía en el proceso de aprobación y seguimiento de los proyectos financiados con recursos de regalías.

Para más información escriba al correo: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

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En el mapa de la minería en Colombia convergen diferentes tipos de minería, se puede hablar de aquella que se rige por un marco legal, como el caso de la minería formal o legal que cumple los diferentes requisitos exigidos por la ley colombiana para la explotación de recursos naturales y generalmente se da a gran escala; y la artesanal o ancestral, es decir, aquella actividad llevada a cabo tradicionalmente y utilizando poca tecnología y maquinaria, a pequeña escala.

Por otro lado, encontramos la minería que no es legal, también conocida como  informal o ilegal, la cual se lleva a cabo sin un título minero debidamente registrado, pero sin la incidencia de actores al margen de la ley de por medio; además, de aquella minería que tiene tras de sí actores armados al margen de la ley y que se relacionan con otros delitos como el narcotráfico o lavado de activos.  Aunque generalmente el Estado, las organizaciones y otros actores, no hacen diferenciación entre la minería informal y la aquella que es promovida por grupos criminales.

Según un informe de la Contraloría General de la República del 2022, la minería ilegal está acabando con los ríos en Colombia, y cerca del 85 por ciento del oro que exporta el país es producto de esa actividad.

Transparencia por Colombia explica en su sitio web: “La minería ilegal es una de las principales causas de deforestación y contaminación ambiental en Colombia. Para iniciar las operaciones mineras ilícitas es necesario arrasar amplias áreas de bosque, lo que deja sin hábitat a gran parte de la biodiversidad”.

Otras formas de minería afectadas por la criminalidad

El medioambiente no es el único afectado con esta actividad, que se concentra principalmente en la explotación de oro, aunque también se hace con otros metales como platino y plata.

Esteban Martínez, del Grupo de Diálogo de Minería en Colombia (GDIAM), asegura que, en medio de la lucha por acabar con este tipo de actividades, han quedado los mineros artesanales, los formales e informales, que son estigmatizados por la sociedad, la fuerza pública y medios de comunicación; además de ser extorsionados y violentados por los grupos y estructuras criminales que están detrás de la minería ilícita.

Legislación clara

Martínez resalta que para acabar la minería promovida por grupos criminales, primero se debe tener claridad legal: “El gran problema inicia porque en Colombia no se tiene una regulación diferenciada, hay que distinguir los actores y los diferentes tipos de minería, para no confundir los mineros legales, artesanales, informales, con los criminales”, menciona, y agrega que el primer paso para empezar a ganar esa lucha a la minería promovida por grupos ilegales, más allá de detonar maquinaria amarilla, es tener reglas claras y proteger a los otros tipos de mineros; además de una fuerte presencia de todos los actores del Estado, no solo ejército o policía, también oferta educativa, alternativas productivas, entre otras.

Además de esta propuesta, Isabel Blandón Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación Atabaque, cree que otro desafío para disminuir o contrarrestar este tipo de minería, es la correcta implementación de los Acuerdos de Paz, lo que también incluiría una alta presencia institucional del Estado, y donde se involucre la reincorporación económica en regiones donde las actividades mineras son la base económica, teniendo en cuenta que en la mayoría de estas zonas hay alta presencia de cultivos de uso ilícito, como la coca.

Departamentos como Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Amazonas, son los principales afectados por la minería financiada por grupos delictivos, específicamente con la explotación de oro, según el informe ‘Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2020’ presentando por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y que contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Ministerio de Minas y Energía. Este informe también menciona que el 69 % de la actividad minera detectada es ilícita.

Garantías y transparencia

*Humberto Salazar ha trabajado en la minería informal por más de 30 años, en departamentos como Antioquia y Risaralda, comenta que aprendió a convivir con grupos ilegales para trabajar, pero menciona las afectaciones que ha traído para su trabajo:

“Uno a veces tiene que arriesgar la vida al convivir con esos grupos, porque a ellos no les importa nada, llegan a un río o a una tierra y acaban con todo, sin importarles nada. De por medio hay  violaciones, extorsiones y asesinatos”, asegura.

Reclama garantías del Gobierno. Humberto aclara que él y otros mineros no se animan a denunciar porque “el Gobierno promete, pero no cumple” y hacer una denuncia en un territorio donde dominan grupos ilegales que se infiltran en la sociedad es “tener la muerte asegurada”, explica.

Presencia del Estado y trabajo conjunto

Organizaciones no gubernamentales como la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés), creen que una mayor y mejor presencia del Estado, que incluya oferta institucional de calidad en las zonas donde avanza la minería impulsada por grupos al margen de la ley, ayudaría a combatirla. Debe haber incentivos por parte del Estado para que los mineros se formalicen: “En algunos casos los mismos grupos armados son quienes limitan la participación de ciudadanos, mineros y mineras en los escenarios de diálogo donde pueden surgir iniciativas para combatir el fenómeno y en general, para buscar soluciones a los desafíos de su territorio”, explica Jose Luis Gil, responsable de gobernanza de la ARM.

También habla del papel que deben jugar las industrias extractivas en aportar en estas luchas. “En muchos territorios las industrias extractivas conviven con mineros artesanales e informales, en este caso, la voluntad de las compañías y el Estado es esencial, debido a que podrían ayudar a capacitarlos, apoyarlos en su proceso de formalización, esta es una manera de acercar a estas personas a la legalidad y controlar para que no caigan en la minería criminal”.

Isabel Blandón resalta la importancia de un trabajo articulado en los diferentes niveles, desde lo local, hasta lo nacional; además de un planeamiento minero que sea equitativo entre los diversos sectores sociales, económicos, políticos y ambientales. “El ordenamiento minero debe pensarse no solo desde el ciclo de los proyectos extractivos para dar línea a lo jurídico y normativo, sino desde las dinámicas sociales, culturales y ambientales de los territorios y regiones donde se dan las actividades extractivas en sus diversas escalas, de este modo, la presencia estatal debería pensarse desde un ordenamiento minero que apueste por una gobernanza minera enfocada en perspectiva de derechos humanos, biológicos, culturales y evidentemente un abordaje basado en los conflictos”, comenta.

Se pierde el rastro

Para los expertos, uno de los factores que favorece que actores armados patrocinen la extracción de oro, es que este metal precioso se puede comercializar y transportar fácilmente en todo el mundo y no hay trazabilidad, es decir, el rastro se pierde cuando se vende. De esta forma los grupos ilegales aprovechan para hacer lavado de dinero y financiar actividades criminales.

Uno de los problemas para seguirle el rastro al oro, explica Isabel Blandón, es que en Colombia este tema se ha dado principalmente en una trazabilidad documental, y no a una más amplia que implique procesos de análisis, monitoreo de riesgos de terreno, entre otros, para así reducir el margen de maniobra de actores que están detrás de la minería fomentada por bandas delincuenciales.

A pesar de los esfuerzos que hace el Estado, la minería ilícita avanza y a su vez devora el medioambiente, la Contraloría llama a este fenómeno: “masacre ambiental”.

Propuestas

Desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de  los mineros artesanales e informales, surgen iniciativas de participación para apoyar esa lucha y propuestas como dotar y capacitar a la población de métodos de monitoreo que brinden insumos técnicos para exigir la acción del Estado, cuantificar y tener un sistema de información seguro donde se haga monitoreo de la minería informal y la actividad extractiva financiada por la criminalidad, capacitar a la fuerza pública para que en sus intervenciones sepan diferenciar los diferentes tipos de mineros, tener una gran empresa minera en Colombia, como se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo, que sirva para formalizar al sector artesanal, tener rastro del oro que sale de Colombia hacia al mundo, entre otros beneficios.

La transparencia y la participación ciudadana, por los que trabaja la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas,  son factores clave para enfrentar desafíos sociales y ambientales como la minería auspiciada por la criminalidad y la minería ilegal. Cuando los diferentes actores involucrados – mineros, organizaciones de la sociedad civil y Gobierno – trabajan juntos pueden establecer una base sólida para la toma de decisiones responsables y sostenibles.

Para más información puede escribir a: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

*El nombre fue cambiado por solicitud de la fuente para proteger su identidad.

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Para Mariela Cardona, cocinar con leña y gasolina es tan solo un recuerdo en la finca donde vivió su juventud en una vereda de Aguadas, Caldas. La transición entre cocinar con leña a hacerlo con gas fue lenta, pero a finales de los años 90 ya se había logrado. Lo hizo porque escuchó a sus vecinos y a funcionarios de la alcaldía hablar de las ventajas que este cambio traería para la salud humana y el medio ambiente.

Como en el caso de Mariela, la transición energética pretende ir reduciendo el consumo de carbón, petróleo y gas como principal fuente de energía, para avanzar en la implementación de energías limpias y renovables, amigables con el medioambiente, tales como energía hidroeléctrica, eólica, solar, la biomasa, entre otras.  Este tránsito tiene el mismo objetivo que se perseguía en su momento al dejar de cocinar con leña o gasolina: cuidar la salud de las personas y mitigar los efectos adversos del cambio climático.

El mundo le apuesta al cambio

Países como Noruega, Islandia y Dinamarca, son algunos de los que están liderando este cambio en Europa, según el informe del Fostering Effective Energy Transition, edición 2021.

En Latinoamérica también se abre terreno la iniciativa con países como Uruguay, que entre 2017 y 2021 generó el 94% de la energía eléctrica a través de fuentes renovables, según información del Ministerio de Industria, Energía y Minería de ese país. En los últimos años, Colombia ha venido siguiendo estos pasos y trabaja en llevar a cabo acciones para el fortalecimiento de la transición energética a nivel regional. Por ejemplo, el actual gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, dio a conocer el texto del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, el cual tiene 5 grandes metas y una de esas es la Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática, donde se propone fomentar la transición energética a partir de la “diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos”.

Además, el país tiene como meta la reducción del 51% de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en el 2050, según la  Estrategia Colombia Carbono Neutral (ECCN) bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Primero la gente

Según Juliana Peña Niño, del Natural Resource Governance Institute^[1], para que la transición energética tenga éxito debe estar enfocada en los ciudadanos y ciudadanas. “Las transiciones son cambios que se planean y están de la mano con la participación de las comunidades y los principales implicados”, comenta.

Asegura, que estos diálogos deben tener un enfoque diferencial según las regiones, para así poder atender las necesidades económicas, políticas, sociales y ambientales de cada territorio “La legitimidad y el diálogo es diferente en una región como La Guajira, Cesar o la Amazonia colombiana. Es entender que existen cadenas productivas diferenciales”.

Juliana también es enfática en mencionar que los gobiernos y las empresas como parte de la transición energética deben generar mecanismos de intervención regionales, metodologías de participación, y la publicación de la información en diferentes formatos y lenguajes de fácil acceso y comprensión, para que los ciudadanos entiendan las consecuencias y necesidades de la transición: “Hay que ir más allá de solo hacer pública la información, es explicarla, asegurarse que sí se entendió, para así reducir asimetrías con la ciudadanía, para garantizar el éxito de la transición”.

Mayor participación ciudadana

Aunque la Constitución Política de Colombia y diferentes leyes como la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, la Ley 1712 de 2014 de Transparencia, ofrecen garantías jurídicas para la participación ciudadana y mecanismos de cooperación de organizaciones de la sociedad civil, para algunos expertos estas herramientas se quedan cortas y a veces, en la práctica, no hay garantías para su debido cumplimiento.

Óscar Iván Galvis Mora, de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono Adaptada y Resiliente, asegura que la información que existe no está en un lenguaje claro y sencillo para que un ciudadano de a pie la comprenda y pueda tomar acciones.

“Puedes encontrar documentos sobre transición energética, pero algunos siguen siendo muy técnicos, lo que crea una limitante para el acceso a la información”, además, explica la importancia de dialogar con las comunidades y poner la información al alcance de todos, incluyendo plataformas digitales, pero también metodologías para personas que no tienen acceso a estas. Incluso, propone ir más allá del idioma español, recordando que hay diferentes comunidades indígenas que no tienen a su alcance esta información en sus idiomas.

Ambos expertos resaltan la importancia de las articulación de diferentes instancias ciudadanas como ONG´s, fundaciones, comunidades de base y otras organizaciones de la sociedad civil para que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en la formulación de políticas públicas. Ejemplo de ello, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en la Industrias Extractivas que promueve el acceso a la información y la participación ciudadana en temas asociados a la transición energética a partir de los aportes de las más de 20 organizaciones que la conforman.

Ante las preguntas planteadas para este reportaje, Mariela Cardona, quien transitó de la leña al gas natural, abre Google, presiona buscar por voz y pregunta: “Transición energética en Colombia”, el buscador le arroja varios resultados que le dan luz, pero se pregunta ¿por qué la mayoría de información que aparece proviene de los medios de comunicación, el gobierno nacional y muy poco de las Industrias Extractivas? Evidenciando que el trabajo debe continuar en esta línea.

Para más información puede escribir a: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

[1] Organización miembro de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas.

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La Mesa recibió con beneplácito su selección por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como organización que contribuye al desarrollo de la región.

La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas agrupa a más de 26 organizaciones a nivel nacional, teniendo como visión generar un movimiento de sociedad civil consolidado, fuerte y con alto grado de incidencia en el sector público y privado relacionado con las Industrias Extractivas en Colombia. Con esto, buscas cumplir su misión de lograr mayores niveles de transparencia, participación ciudadana, procesos de rendición de cuentas y acceso a la información pública en el sector extractivo colombiano.

Por su trabajo, la Mesa ha sido incluida en la plataforma WiConnect, del BID, que busca dar acceso a información de becas, llamado a propuestas, información de frontera sobre el sector, así como apoyar visibilizando la organización para donantes, otros especialistas y organizaciones que trabajan en América Latina y el Caribe. Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando en pro de la transparencia y en fortalecer la participación de sociedad civil desde nuestras líneas estratégicas en temas asociados a EITI, regalías y acceso a información en temas ambientales.

Enlace en WiCoonect: https://bit.ly/3KDtdyU

Para más información puede escribir a: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

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La Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas presenta al público general el Informe de Espacio Cívico en Colombia (2019-2022) presentado en el marco del proceso de validación EITI 2022, el cual concluye que persisten dificultades, riesgos, restricciones y alarmas en la generación de un entorno habilitante para la efectiva participación de la ciudadanía en la gobernanza de sus recursos naturales, y muestra cómo los conflictos socioambientales y la violencia  existente en el contexto en el que operan las industrias extractivas generan temor y resistencia por parte de la sociedad civil para ejercer control, dialogar y utilizar información de los informes EITI en procesos de toma de decisiones públicas. También presenta el documento de valoraciones y recomendaciones a EITI Colombia sobre 6 temas prioritarios para sociedad civil, con el propósito de atender a las demandas, necesidades y oportunidades de mejora en la implementación del estándar en el país, para que estas se puedan ver reflejadas en el Plan de Acción Nacional (PAN) en la siguiente vigencia del proceso EITI Colombia.

La Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar mundial que promueve la gestión abierta y responsable de los recursos del petróleo, gas y minerales, y busca fortalecer la gobernanza de los recursos naturales en el sector extractivo colombiano. En nuestro país, por medio de una mesa de diálogo tripartito, EITI Colombia busca consolidar relaciones y generar información de calidad por medio de un trabajo articulado entre empresas privadas, gobierno y sociedad civil. Para este fin, se publican anualmente informes y algunos estudios temáticos sobre la gestión de los recursos emergentes en la cadena de valor de esta industria, a partir de 7 requisitos:

En el 2022, inició el segundo proceso de validación de EITI en Colombia. Este proceso se trata de un mecanismo en el que el país es evaluado en cuanto a su capacidad de cumplir con las disposiciones del Estándar EITI y el aseguramiento de la calidad de la información reportada. Siguiendo los lineamientos establecidos a nivel internacional por EITI para ese fin, la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias extractivas elaboró  dos insumos clave para sustentar sus posturas y la situación que históricamente hasta hoy ha afrontado la ciudadanía en cuanto al acceso a la información, la participación y la búsqueda de transparencia en la industria extractiva.

El primer documento surgió a partir del trabajo del subcomité EITI de la Mesa, en el cual se seleccionaron 6 temas prioritarios de acuerdo con experiencias de diferentes organizaciones de sociedad civil a nivel nacional. A partir de ellos se inició un trabajo de investigación para el diagnóstico y valoración de aspectos clave, sus avances y sus oportunidades de mejora. Así, en cada uno de estos ítems se formularon una serie de recomendaciones para abordar los vacíos identificados y fortalecer la implementación del EITI en Colombia. Varias de estas recomendaciones estuvieron relacionadas con temas como: desagregación de datos, articulación institucional, mejora de mecanismos de gobernanza del CTN, utilización de lenguaje claro, implementación de un enfoque diferencial, desarrollo de estrategias de formación e incidencia, adecuación a las demandas de información de la ciudadanía, importancia de un contexto socioambiental y, especialmente, la inclusión de temas prioritarios para la sociedad civil en la elaboración del siguiente PAN.

El segundo es un informe detallado de la situación del Espacio Cívico en Colombia, durante el período 2019-2022, el cual fue desarrollado con el apoyo y financiación de Publish What You Pay -red global de sociedad civil de la cual hace parte la Mesa. Este informe cobra gran importancia frente al proceso de validación, dado que evalúa cada componente del Protocolo EITI para la Sociedad Civil (expresión, operación, asociación, participación, acceso a la toma de decisiones públicas, documentación disponible) en Colombia. Este documento recoge intervenciones de organizaciones de la Mesa, organizaciones sociales externas, comunidades de base, academia y expertos. En él se expone la importancia de hacer un mayor énfasis en la comprensión del contexto que viven las comunidades y líderes sociales que habitan en zonas de influencia de operaciones extractivas, pues, en la práctica, se evidencian riesgos, miedos y alertas para su efectiva participación en escenarios de toma de decisiones, a pesar de que haya marcos legales que dispongan que deben existir garantías jurídicas en estos escenarios. Al no haber espacios de debate, no hay uso de la información EITI, por ende, se plantean, entre varias, recomendaciones como: incluir contexto socioambiental, asegurar la implementación del Protocolo para la Sociedad Civil, elaborar una estrategia de protección para líderes sociales, incentivar la participación de comunidades étnicas y organizaciones de sociedad civil que no son miembros de la Mesa.

La Mesa les extiende una invitación a leer y usar la información plasmada en estos documentos y así, reflexionar sobre el rol del EITI frente a la protección y promoción de la participación ciudadana, los retos de estrategias para el acceso y uso de la información, y la generación de espacios de diálogo y debate informado y su impacto en el país.

Sobre la Mesa

En la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en la Industrias Extractivas promovemos la participación ciudadana y el acceso a la información , con una plataforma de más de veinte organizaciones sociales e instituciones académicas de diferentes regiones del país, que conjuntamente realizan actividades de investigación, incidencia y control ciudadano en torno a la transparencia del sector extractivo.

• Análisis del espacio cívico en Colombia en el marco del proceso de Validación EITI 2022.
• Valoración y recomendaciones de los temas prioritarios para sociedad civil Validación EITI 2022.

Para más información puede escribir a: secretariatecnica@transparenciacolombia.org.co

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Diversificación productiva, cambio climático y gobernanza del sector extractivo: 75 propuestas para una agenda de transición en Colombia es el título de la publicación de Foro Región Central y Foro Nacional por Colombia, que contó con el apoyo de Brot für die Welt y Ford Foundation que presenta el resultado de más de diez años de análisis sistemático sobre el comportamiento de la minería y los hidricarburos en el país.  La Agenda plantea varios asuntos importantes para el debate actual sobre la construcción de un modelo de desarrollo en Colombia más justo, sostenible y equitativo, con participación de las comunidades en las decisiones que se toman sobre el territorio, la economía y la protección del medio ambiente.

La Agenda presenta un diagnóstico sobre los resultados de las políticas públicas impulsadas por los últimos gobiernos que han privilegiado la explotación y exportación de minerales e hidrocarburos. Además, muestra la inconveniencia del énfasis extractivista de nuestro modelo de desarrollo, puesto que ha generado una reprimarización de la economía – es decir, se ha basado la economía en actividades del sector primario o extractivo – sin generar el impacto positivo en el empleo formal que se espera y ha puesto al país en una situación muy vulnerable frete a las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas.

Así mismo, llama la atención sobre el sector, ya que a pesar de los impactos que generan las grandes explotaciones en los territorios y  su población – así como en los ecosistemas y la sostenibilidad de la fauna y la flora, los ríos y las fuentes de agua –  se excluye a gran parte de las comunidades y autoridades locales de las decisiones sobre la minería y los hidrocarburos. Este hecho se ha convertido en una de las principales fuentes de conflictos sociales en Colombia y está relacionado con las amenazas y muertes de líderes sociales que buscan defender su territorio de proyectos extractivos.

La Agenda señala una ruta para avanzar en la discusión de una modelo de desarrollo menos dependiente de los minerales e hidrocarburos. Son 75 propuestas en materia de diversificación productiva, transición energética y gobernanza. En cada una de ellas se identifican las medidas que puede adoptar el gobierno, los cambios institucionales que se requieren, los recursos fiscales que se deben disponer y el papel de los actores públicos, privados y sociales en este proceso.

En materia de diversificación productiva, el país debe disminuir considerablemente su alta dependencia de los ingresos que genera la exportación de minerales e hidrocarburos, porque la mayoría de los bloques económicos han propuesto medidas para disminuir el uso de estos combustibles y si el país no se alinea a estas medidas y no incentiva el crecimiento de otros sectores productivos, podría vivir una profunda crisis económica en el mediano plazo.

Un asunto de gran relevancia es la transición energética, sobre el cual Colombia debe dar una discusión seria para cambiar su matriz de consumo, incluyendo fuentes de energía renovable y, además, con el deber de reducir su aporte al inventario internacional de emisiones contaminantes por su exportación de petróleo y carbón. Esto en armonía con la agenda de cambio climático que exige medidas urgentes de todos los estados para frenar una catástrofe ambiental en las próximas décadas, la necesidad de proteger las fuentes de agua y la naturaleza y la importancia de conservar los medios de vida de las comunidades.

También, la Agenda en materia de gobernanza expone medidas para fomentar el diálogo entre la nación y los territorios, para llegar a acuerdos sobre un modelo de desarrollo más justo, y propone estrategias para incluir la participación ciudadana en las decisiones de política pública,  con acciones para garantizar reglas de juego transparentes para todos los actores interesados en aportar al desarrollo del país.

Finalmente, esta Agenda propone un enfoque de transición con un horizonte de tiempo de diez a quince años, entendiendo que no es posible cambiar de la noche a la mañana el enfoque económico extractivista. Por lo cual, se deben incluir medidas progresivas para que no se genere un impacto negativo en los ingresos del Estado y en los territorios que dependen de la minería y los hidrocarburos. Así mismo, hace un llamado a implementar cambios institucionales, normativos y de política que deben ser concretados, realizados y garantizar su continuidad.

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Este documento será presentado en un evento denominado Transición post extractivista justa y sostenible en Colombia: retos y propuestas, que es organizado por Foro Región Central, Foro Nacional por Colombia y la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

El evento se realizará el próximo jueves 29 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia: calle 12 # 1 – 17 Este de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. La inscripción está habilitada en el siguiente enlace: https://bit.ly/3U8LBlu (aforo limitado).

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Bogotá, 17 de mayo de 2022

La importancia de este acuerdo para Colombia radica en la cantidad considerable de conflictos ambientales y en la difícil situación de los lideres y lideresas ambientales, pues es el país más riesgoso para asumir este rol en América Latina y el Caribe. Su implementación puede mejorar sustancialmente el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones medioambientales, así como el acceso a la justicia en asuntos que involucran el uso de los recursos naturales.

Desde la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las Industrias Extractivas hacemos un llamado a los senadores de la República para que ratifiquen el Acuerdo de Escazú, en pro de mitigar las problemáticas socioambientales que aquejan a gran parte del territorio nacional y en miras a la Agenda 2030 y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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